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2 diciembre 2013 1 02 /12 /diciembre /2013 00:00

"España se encuentra en el camino a una dictadura. Cierto, no ha habido ningún golpe de Estado y el Parlamento todavía existe, pero éste ya no defiende los derechos de los ciudadanos"

(Reiner Wandler)

 

 

 

 

ley_antiprotesta.jpgCreo que esas palabras resumen muy bien la situación que estamos sufriendo. Después de barrabasadas múltiples contra la población por parte de todos los Ministerios, ahora le ha tocado el turno al del Interior, que bien pudiera llamarse "Ministerio de Represión". El panorama es bien sencillo y de todo punto lógico: la población ha llegado a tal grado de hartazgo, que el nivel de disturbios, movilizaciones, protestas, huelgas, etc., ha llegado a un nivel preocupante. ¿Y qué pasa si los trabajadores se organizan masivamente y pelean por sus derechos? Pues que, para este Gobierno, se convierten automáticamente en vándalos, violentos y terroristas en potencia, y de ahí la necesidad de diseñar una Ley (maquillada bajo el eufemismo de "Seguridad Ciudadana") para reprimir toda esta ola social de rebeldía ante sus injustas políticas. Y en efecto, la futura Ley se nos presenta como una actualización de las prácticas que antes constituían faltas, que pasan a ser delitos leves o graves, y que se multan con exageradas cantidades, con una estrategia parecida a la que el Ministro Gallardón ha implementado para la Justicia y sus tasas.

 

ley_antiprotesta2.jpgPues en esa misma línea, pero aún bastante más desproporcionado, el Ministro Fernández Díaz, ese que adapta su agenda a los horarios de misa, nos quiere llevar más derechos que una vela, en lo tocante a las protestas sociales. Porque en efecto, han ido recogiendo en una especie de catálogo todos los tipos "modernos" de manifestaciones y protestas, para intentar reprimirlas todas, y que cualquiera de ellas, pase de ser un legítimo ejercicio del derecho a la reunión, o manifestación, a ser un delito. Es un auténtico ataque frontal al libre ejercicio de los derechos de protesta social pacífica, que al igual que la Reforma Laboral para el ámbito del trabajo, ésta intenta liquidarlo y criminalizarlo. Se pretenden evitar además ciertas situaciones, como los escraches, el uso y distribución de imágenes de policías, o las escaladas a edificios públicos para colocar carteles (consideradas infracciones muy graves, y multadas entre 30.000 y 600.000 euros). El Estado quiere de esta forma garantizar la impunidad de los que, teniendo que velar por sus derechos, abusan de su posición de fuerza, e intimidan y maltratan a la ciudadanía que ose protestar contra las Instituciones o el Gobierno. Prácticas propias de un Estado cada vez más totalitario. Lo ha expresado muy bien Arturo Borra: "No les basta borrar las huellas del crimen perpetrado; también se proponen invertirlo, imputando a las víctimas y desplegando un aparato de control que incumple las normas jurídicas que aplica a los otros".

 

ley_antiprotesta3.jpgHay que romper también con un mito que nos han hecho circular desde hace un tiempo acá, consistente en proclamar que las manifestaciones han de ser previamente comunicadas y/o autorizadas. No es cierto. El derecho de manifestación es completamente libre, y no está sujeto a ninguna comunicación ni autorización previas por parte de las autoridades. La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Levantar barricadas también será considerada una infracción "grave". En el apartado de las infracciones graves (multadas con entre 1.000 y 30.000 euros) se encuentran también la prostitución callejera, el cultivo de estupefacientes, el botellón, los daños a mobiliario urbano, o la quema de neumáticos.

 

ley_antiprotesta4.jpgVoy a retomar las palabras de Pedro L. Angosto: "Por el contrario, tal como estamos viendo con las leyes que se aprueban en nuestro país y en otros de nuestro entorno, se está produciendo ante nuestra mirada difusa, un drástico endurecimiento de las leyes que restringen nuestros derechos. Sin ir más lejos el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley que recuerda a las existentes antes de la Constitución de 1978, una ley que criminaliza los escraches -modo de protesta pacífica que sirvió en Argentina para acabar con la ley de punto final-, que llena de obstáculos el ejercicio libre de los irrenunciables derechos de manifestación, reunión y huelga, que castiga la pobreza y cercena la libertad de expresión, dando un paso de gigante hacia un Estado de Excepción con carácter no excepcional. Leyes contra el derecho de las mujeres a interrumpir libremente el embarazo no deseado, leyes que amparan las conductas antidemocráticas de las distintas policías, que permiten que seamos cacheados y ultrajados antes de tomar un avión, que auspician las detenciones ilegales, que permiten a los bancos lanzar a miles de personas de sus casas sin ofrecerles alternativa alguna, que legalizan la exclusión social y penalizan al excluido, leyes cuya única finalidad es proteger el nuevo orden establecido a costa de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Incapaces de crear, de inventar, de solventar, los gobiernos de toda Europa, pero especialmente el español, que por genética tiene mucha más experiencia en asuntos de represión, están dando los pasos legales necesarios para pasar de una democracia a un régimen autoritario, antesala de la dictadura con la que tanto sueñan. Es lo que sucede cuando se es tolerante con quienes por crianza y por convicciones son esencialmente intolerantes. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, pero parece que no aprendemos".

 

ley_antiprotesta5.jpgComo se ve, estamos ante una Ley de carácter represor y coactivo, que esconde claramente la ilegitimidad de un Gobierno que se desangra ante tanta injusticia social. Ante el desproporcionado sistema de multas propuesto, también dirán desde el Gobierno que se trata de un "mecanismo disuasorio", al igual que argumentan para las cuchillas de la valla de Melilla. Entramos de esta forma en un Estado de Excepción, que degrada la democracia hasta extremos inadmisibles, más propio de regímenes del pasado. Estos mismos señores que fomentan las amnistías y los indultos hacia los más grandes delincuentes, que amparan a torturadores franquistas, que recortan derechos y que vacían el Estado del Bienestar, nos quieren además callados, sumisos, soportando estoicamente todas sus fechorías. Conscientes de que sus medidas crean en la población un clima de rechazo social cada vez más intenso, buscan su represión y ocultación mediante tácticas de criminalización de los colectivos que se atrevan a denunciarlas públicamente. Y así, más que nunca, el Estado se convierte en una máquina de violencia, en el más firme protector de las élites dominantes. Estamos ante la institucionalización del Estado Policial, de un Estado recaudador, represor, violento, penal, criminal.

 

ley_antiprotesta6.jpgUn Estado que se convierte en fiel guardián de la economía política del sacrificio, donde a la vez que se amplía de forma permanente su radio de acción hacia los más desfavorecidos, se protege y blinda a sus artífices. Otra forma más de hacer patente la lucha de clases. Está claro, pues, que el objetivo de la próxima Ley no es la seguridad ciudadana, que seguramente no les importará mucho, sino restablecer y hacer prevalecer el mandato de la obediencia civil. No exagera José Manuel Rambla, cuando afirma: "El Presidente del Gobierno nos anuncia la luz al final del túnel. Pero Rajoy no nos aclare de qué túnel salimos. Visto lo visto, todo parece indicar que se trata del túnel del tiempo que nos retrotrae irremediablemente a la Ley de Vagos y Maleantes y, al paso que vamos, tal vez incluso hasta a la Ley de Fugas". Es tiempo de resistir, de ser más fuertes y más inteligentes que ellos. Nuestros antepasados conquistaron los derechos que ahora nos quieren desmantelar con su sangre, y no podemos defraudarles. Parece que ya el miedo comienza a cambiar de bando, aunque el poder lo sigan aún detentando los mismos de siempre. Ataquemos nosotros, siguiendo aquélla máxima del Zen que dice: "El que ataca debe vencer. El que se defiende debe apenas sobrevivir". Lucharemos y venceremos.

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Published by Rafael Silva - en Política
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