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9 abril 2013 2 09 /04 /abril /2013 23:00

La señora De Cospedal no tiene bastante con representar la vertiente más rancia, conservadora y reaccionaria del Partido Popular. No tiene suficiente con insuflar proclamas a la juventud sobre la liberación femenina (¡a saber dónde estaba y qué hacía la señora De Cospedal cuando comenzaban en España los movimientos feministas!). No tiene bastante con mentir de forma burda, torpe y descarada sobre el caso Bárcenas, en las ruedas de prensa después de las reuniones de la plana mayor del PP (por cierto, que hace varias semanas que no dan ruedas de prensa, se les abrán acabado los embusteros argumentos). Esta señora no tiene suficiente con haber protagonizado (y seguir haciéndolo) en su Comunidad Autónoma (¡qué pena de Castilla-La Mancha!) el ataque más ferviente contra los colectivos más desfavorecidos, tales como los dependientes (a los que está retirando las ayudas y volviendo a valorar a la baja en sus grados de dependencia) o las personas mayores (a los que retira los Centros de Urgencia nocturnos en sus respectivos pueblos).

 

montes_publicos0.jpgBien, con todo este Currículum, a la señora De Cospedal parece ser que no le basta, porque ha sido también la protagonista de la ofensiva en su Comunidad hacia la dignidad de los parlamentarios autonómicos, a los cuales ha retirado el sueldo (lo cual también ha sido recurrido), sino que además, junto a la Comunidad Valenciana, la otra gran avanzadilla de las políticas del PP (junto con Madrid), está preparando lo que hemos llamado la última ola privatizadora. Agárranse al asiento: LOS MONTES PÚBLICOS. En efecto: en línea con la estrategia que han implementado en la última Ley de Costas, permitiendo la privatización de espacios protegidos, así está pensado también actuar sobre nuestros montes, uno de los pocos reductos completamente públicos que nos quedaban. El caciquismo en estado puro, que ni siquiera en tiempos del franquismo era tan descarado (la Ley de Montes franquista de 1957 ya se refería a la "defensa de la propiedad forestal pública"), va a volver a estas Comunidades, permitiendo que unos cuantos dueños y terratenientes puedan comprar los montes de todos.

 

Pues esta es la noticia, que aparecía hace pocas semanas en Diario de Levante y otros medios locales, y que se confirmó con las mismas estrategias en la Generalitat Valenciana, representando el último (de momento) gran expolio de lo público que va a abordar esta gentuza. Grupos ecologistas y funcionarios de la Junta castellano-manchega ya han denunciado las intenciones de privatizar terrenos de monte público, para actividades de explotación forestal y de caza. El Diario Público informaba recientemente que el Director General de Montes y Espacios Naturales de la Junta de Castilla-La Mancha confirmaba la noticia. Según Ecologistas en Acción, la Junta estaría planeando privatizar entre un 20 y un 30% de los 228 montes públicos de los que es titular, de acuerdo con una lista que la Consejería de Hacienda encargó a la de Agricultura para estudiar las condiciones de las fincas más ventajosas para su venta. "Entre los potenciales compradores ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas. Se piensa que los montes pueden interesar a empresarios con alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos y también a latifundistas colindantes con esos montes y que quieran ampliar sus posesiones. A estos postores se les ofrecería la posibilidad de precios muy ventajosos dada la situación actual del mercado inmobiliario", denunciaba la ONG.

 

montes_publicos1.jpgDichas prácticas resultarían del todo ilegales según la actual Ley Estatal de Montes de 2003, que declara "inalienables, imprescriptibles e inembargables" a los montes de dominio público. Pero parece ser que nada detiene las ansias privatizadoras del PP. A sus crímenes contra la población tendremos que sumarles, si no lo impedimos, sus crímenes contra la naturaleza, en una oleada privatizadora sin fin, cuyo único objetivo es asegurar mayor grado de posesiones, poder y riqueza a los oligarcas que los jalean. El Periódico Diagonal también publicaba la noticia, asegurando que tanto Cospedal como el Ministro Arias Cañete habían realizado prácticas previas en dicha línea, como por ejemplo cerrar una reserva natural para convertirla en coto de caza, u organizar monterías privadas en fincas públicas, como la toledana de Quintos de Mora. El proyecto, de momento, es enajenar el 30% de los montes de utilidad pública con los que cuenta la Junta, lo que equivale a 51.000 hectáreas. Los primeros montes cuya puesta en venta ya se ha confirmado son tres: el Dehesón del Encinar, en Oropesa (Ciudad Real), Navas de Don Diego, en Navalucillos, y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en los Yébenes (Toledo).

 

montes_publicos2.jpgHasta el año pasado, estos montes eran además refugios de fauna, protegidos contra la actividad cinegética. Cospedal los desprotegió para permitir a las grandes empresas organizar monterías que ya se están llevando a cabo. Ecologistas en Acción tiene recurrida esta medida ante el Tribunal Superior de Justicia de la región porque “los refugios de fauna descatalogados forman parte de espacios de la Red Natura 2000, de zonas críticas de especies catalogadas y son bancos de prueba de un modelo de gestión sostenible”, señala la organización, que además cuenta con datos sobre la recuperación del lince en estos montes descatalogados desde el 30 de octubre del año pasado. Y de nuevo, los grandes nombres de empresarios y banqueros salen a relucir, en lo que parece un nuevo "favor entre élites": se conoce que son propietarios de grandes fincas en La Mancha Emilio Botín, Alberto Alcocer, José María Aristraín (magnate del acero) o Alicia Koplowitz, entre otros, que podrían haber hecho ya ofertas para comprar montes públicos.

 

También denuncia Diagonal que los empresarios cinegéticos agrupados en la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conser­vación del Medio Ambiente (APROCA) también se muestran interesados en la adquisición de los montes manchegos. Con especial interés espera la medida, sobre todo, una empresa de caza con sede tanto en los Yébenes como en Madrid, y cuyos propietarios están relacionados con un alto cargo del PP. Y para redondear la jugada, el Gobierno de Cospedal prepara también la modificación de la Ley de Caza. Para ello “Agricul­tura ha mantenido ya dos reuniones con Aproca, la Fede­ración de caza de la región, Atica (Asociación de Titu­lares de Cotos) y el sindicato agrario conservador Asaja, sin convocar a organizaciones ambientales como marca la normativa”. Pero, además, Cospe­dal también proyecta cambiar la Ley del Suelo de la región, como hizo Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, para permitir construir en fincas rústicas de un mínimo de 12 hectáreas. Lo mismo se prevé para la Ley de Conservación y la Ley de Impacto Ambiental. En fin, un retroceso de más de dos siglos en lo que significa el patrimonio público, y en lo que representa el disfrute de todos, la redistribución de la riqueza y la conservación de los espacios naturales. Esta es la política del PP.

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