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7 agosto 2013 3 07 /08 /agosto /2013 23:00

Sabemos que la Justicia es un servicio público fundamental, quizá uno de los que más contribuye a un escenario de auténtica cohesión social. Mediante la Justicia, una sociedad permite que cualquier ciudadano/a, sin ningún tipo de discriminación ni restricción, y de forma universal y gratuita, pueda acceder a plantear en los Tribunales cualquier litigio que considere oportuno, y a obtener no sólo una respuesta adecuada en tiempo y forma por parte de los mismos, sino también y en su caso, a disfrutar de un juicio justo, así como a un sistema penitenciario resocializador, justo e igualitario. Pues bien, si la Justicia se pervierte, se prostituye y deja de cumplir sus funciones, se resentirán los propios fundamentos del Estado de Derecho.

 

La Constitución Española de 1978 consagra el principio de igualdad ante la Ley, pero a la vista de los acontecimientos ocurridos de un tiempo acá, parece ser que este principio se pone en entredicho. No sólo parece que la Ley esté pensada para salvaguardar los intereses de los más poderosos, sino que incluso cuando éstos son procesados y condenados, siguen existiendo recursos y resquicios legales que se ponen en marcha para evitar que estas personas puedan cumplir su condena, pagando a la sociedad por sus fechorías. Ésta es la sensación que se tiene desde la inmensa mayoría de la sociedad, y como vamos a ver, no se trata de una impresión descabellada. En el artículo 117 de la CE se proclama: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

 

Desde ese punto de vista, la despolitización de la Justicia se nos revela como un objetivo fundamental, pero a la hora de la verdad, comprobamos que este principio, lejos de cumplirse, avanza cada vez más en sentido contrario. El ideal que se proclama es la separación de los tres poderes del Estado, esto es, el Poder Ejecutivo (Gobierno), el Poder Legislativo (las Cortes), y el Poder Judicial (Jueces y Tribunales). Pero desde la Transición, uno de los objetivos del bipartidismo ha consistido en politizar (partidarizar, si se quiere) todos los ámbitos de la Justicia. El hecho es que partíamos ya desde entonces de una situación desequilibrada, porque los miembros pertenecientes a estos estamentos se han acercado siempre a un perfil muy conservador. Y aunque muchas de las antiguas Leyes del franquismo se han ido renovando o eliminando, lo cierto es que todavía sufrimos los efectos de muchas de ellas, y algunos estamentos judiciales de aquella etapa (la Audiencia Nacional, por ejemplo) son reminiscencias del pasado, que ya no tienen ningún sentido.

 

Pero aparte de que la Justicia necesite toda esta renovación, así como una modernización y más medios humanos y tecnológicos, lo cual ya hemos denunciado en otros muchos artículos, el problema fundamental es que las bases de nuestro sistema judicial siguen desprotegiendo a los más débiles, o si se quiere, protegiendo más a los poderosos. Y ya no nos referimos sólo a la implantación de las tasas judiciales por parte del Ministro Gallardón, que están impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva, principio consagrado también en nuestra anacrónica Constitución. De nuevo y una vez más, la lucha de clases, que se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad. De esta forma, los jueces se constituyen en los más fieles aliados de las clases sociales más altas, de los empresarios, de los aristócratas, de las grandes fortunas, de la Casa Real. El nepotismo, el tráfico de influencias, el amiguismo y la corrupción se inmiscuyen entre las más altas esferas de la sociedad, cual tela de araña protectora de los intereses de toda esta ralea. Valgan unos cuantos ejemplos para demostrar estas afirmaciones. Mientras a los dirigentes del SAT se les condena por expropiar algunos carros de comida de un supermercado, o a una madre se le condena por comprar comida para sus hijos con una tarjeta de crédito que no era suya, vamos a ver lo que les ocurre a los poderosos.

 

En el Caso Urdangarín, a pesar de la valiente imputación de la Infanta Cristina llevada a cabo por el Juez, esto debió suponer un paso políticamente incorrecto para las altas instancias del régimen, y dicha decisión fue rápidamente desmontada y anulada. El caso del exMinistro del PSOE José Blanco ha sido asímismo archivado, un caso de supuesta prevaricación con empresarios gallegos. Se ha rebajado ¡de 6 años a 9 meses! sorprendentemente la condena al exPresidente de Baleares y exMinistro de Aznar, Jaume Matas (con lo que se evita su ingreso en prisión, aunque le quedan otras muchas causas pendientes), y también se han archivado las diligencias contra la Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro injustificado de dietas en Caja Navarra. Sólo se ha considerado que había una conducta moralmente reprochable, pero ningún delito. Están en pleno proceso de investigación e instrucción judicial los casos Bárcenas y Gürtel (para el PP) y ERE fraudulentos en Andalucía (para el PSOE), además del caso Urdangarín, algunos casos de CIU en Cataluña, y los múltiples coletazos del caso Palma Arena en Baleares.

 

Otro caso estrella de estas últimas semanas ha sido el Caso Blesa o Caso Caja Madrid, donde igualmente la Fiscalía ha atacado sin piedad al Juez Elpidio José Silva, que había decretado el ingreso en prisión de Miguel Blesa en dos ocasiones. Iba a ser el primer banquero que pisara la cárcel de entre todos los que deberían hacerlo, pero al final, todo se esfumó. Al igual que se hizo en el  caso del Juez Garzón, se ha acabado no sólo por apartarlo del caso, sino también por inhabilitar al Juez Silva, que por lo visto representaba un grave problema para las altas esferas. A la luz de todos estos ejemplos, y con la fuerza que sabemos que despliega el bipartidismo desde hace más de 30 años, la impresión que nos da es la que existen una serie de mecanismos que se ponen en marcha en estos casos comprometidos, para proteger los intereses de la Casa Real, y de los dos grandes partidos mayoritarios, cada vez que se acorrala judicialmente a cualquiera de estos tres estamentos, que son por otra parte, los más genuinos representantes del sistema político instaurado en España desde la Transición.   

 

Y respecto al Caso Bárcenas, aún con las evidentísimas pruebas que "Luis" ha aportado al Juez Ruz, todavía no tenemos la garantía de que se vaya por fin a descubrir toda la trama de financiación ilegal, evasión fiscal y cobro de sobresueldos, porque no descartamos que los servicios jurídicos del PP estén tramando nuevas estrategias a poner en marcha llegado el momento. Muy seguro vemos a Rajoy, proclamando que el caso "va a quedar en nada". Subterfugios legales, defectos de forma, llegada del Juez Titular del juzgado de Ruz, y otros vericuetos, pueden al fin proclamar la nulidad de todas las diligencias, provocando que toda esta gentuza pueda volver a irse de rositas, como ha ocurrido en el pasado para otros casos similares, aunque no quizá de tanta envergadura. Lo veremos, pero en cualquier caso, es evidente que no disfrutaremos de una Democracia completa ni de un verdadero Estado de Derecho, hasta que la Justicia no consiga su total y absoluta independencia del resto de poderes.

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Published by Rafael Silva - en Política
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