Marxismo, Socialismo y Capitalismo en el Siglo XXI (70)

La cita de Esteban Castejón nos viene muy bien para extrapolarla a los economistas, en el sentido de entender que no existen buenos o malos economistas (que sería otra cuestión), sino economistas que se sitúan al servicio de unos u otros programas, de unos u otros objetivos, en última instancia, para la defensa de unos u otros intereses. Ahora que está tan de moda publicitar los fichajes de los economistas de "reconocido prestigio" que casi todos los partidos políticos incorporan a sus listas, se puede comprobar claramente cómo unos propugnan unas u otras medidas, y detallan claramente su posible financiación. Y esto nos viene muy bien para el tema de la Renta Básica (RB), que estamos exponiendo en estos artículos (junto con el TG), y a la que le vamos a dedicar un poco más de atención y profundidad. Nos vamos a basar en varias fuentes, cada una de las cuales presenta sus objeciones o variantes a la medida general de la RB. Partimos de la constatación de la clara insuficiencia de los actuales sistemas de rentas mínimas o ingresos de inserción, gestionados (con algunas diferencias significativas) por las distintas Comunidades Autónomas y/o Ayuntamientos. La regla general para todos ellos, como venimos contando, es la insuficiencia, la inestabilidad (se suelen conceder por períodos determinados de tiempo) y el catálogo de requisitos previsto para su concesión.

El panorama actual por tanto implica la existencia de un maremágnum de ayudas públicas, de mayor o menor cuantía, superpuestas o condicionadas unas por otras, que a pesar de costar mucho dinero a las arcas públicas, no solucionan de facto el problema de la asignación de unos recursos vitales mínimos para la subsistencia de personas y familias. Todo ello podría converger en una RB, cuya versión más progresista, como ya fue introducida en anteriores artículos, consiste en una prestación o renta pública pagada por el Estado, individual, universal (igual y para todos e independiente de otras rentas), e incondicional (sin contrapartidas ni vinculación al empleo). Además deben concederse sin techo, es decir, acumulando sobre ella (que supone el mínimo vital necesario para una vida digna) el resto de rentas privadas y/o públicas que posea el ciudadano/a en cuestión. De cara a su posible financiación, gran caballo de batalla que azuzan los detractores de la medida, hay que argumentar que una solución podría estar en hacer converger todas o la mayoría de las ayudas públicas existentes con esta prestación, con lo cual se aliviaría bastante el coste de la medida.

Veamos al respecto la opinión del sociológo Antonio Antón: "En una sociedad segmentada, con fuerte precariedad y con una distribución desigual del empleo, la propiedad y las rentas, se debe reafirmar el derecho universal a una vida digna, el derecho ciudadano a unos bienes y unas rentas suficientes para vivir; son necesarias unas rentas sociales o básicas para todas las personas sin recursos, para evitar la exclusión, la pobreza y la vulnerabilidad social; se debe garantizar el derecho a la integración social y cultural, respetando la voluntariedad y sin la obligatoriedad de contrapartidas, siendo incondicional con respecto al empleo y a la vinculación al mercado de trabajo, pero estimulando la reciprocidad y la cultura solidaria, la participación en la vida pública y reconociendo la actividad útil para la sociedad; hay que desarrollar el empleo estable y el reparto de todo el trabajo y fortalecer los vínculos colectivos; se trata de consolidar y ampliar los derechos sociales y la plena ciudadanía social con una perspectiva democrática e igualitaria". Pero a pesar de ello, este autor no comparte en su totalidad este enfoque de la RB, pues lo compara por ejemplo con el resto de derechos sociales.

En efecto, por ejemplo, tenemos derecho universal a la sanidad pública. Pero éste sólo se aplica en caso de necesidad (tratamiento o prevención de enfermedades), no se distribuye un "cheque sanitario", igual para todas las personas e independientemente de su salud. Igual podríamos aplicarlo al caso de la vivienda o del empleo. Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar esos derechos, y eso no se discute, pero sí la forma de hacerlo, mediante una dotación mínima, constante y universal. Antón distingue entre derecho y garantía universales frente a mecanismo distributivo. No está por tanto de acuerdo en considerar el derecho a la RB al margen de las condiciones y necesidades de cada cual. Partiendo de esta distribución universalista, hay propuestas de financiación que van desde pagar la RB con los beneficios del capital, expropiándolo, hasta propuestas que defienden que se pague con el gasto social existente, reestructurando el Estado del Bienestar. En este sentido, una reforma fiscal profunda, auténticamente progresiva, garantizaría también, junto a los demás criterios, los fondos necesarios para poder financiar la RB universalista. De todos modos, no hablamos de implantar esta medida de un día para otro, sino de forma paulatina, comenzando por una versión recortada, únicamente garantista de la asignación de unos recursos básicos para los más desfavorecidos.

En cualquier caso, ha de quedar claro que al hablar de la RB la estamos situando en la categoría de un derecho y un valor humano, por encima del valor económico o "contributivo" del individuo en la sociedad donde se inserta. El fin último de la medida es erradicar progresivamente la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad. Se sitúa en este sentido al lado de la gratuidad de los derechos sociales básicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) y la subvención pública de otros (vivienda, transporte, alimentación, etc.). En un primer estadío, todas las personas sin recursos suficientes tendrán derecho a una renta básica sin condiciones ni contrapartidas impuestas con respecto al mercado laboral, ni al resto de requisitos o condiciones familiares o sociales.

Pero a más largo plazo, no sólo se busca superar la pobreza y la exclusión, sino también erradicar la precariedad laboral, garantizar la subsistencia del conjunto de la ciudadanía, y dotar de más fortaleza y capacidad de independencia de su fuerza de trabajo a la clase trabajadora. Y quizá las mayores resistencias frente a esta medida vengan motivadas por estos otros efectos colaterales que consigue. Hay que tener en cuenta que si dotamos de esta herramienta a la clase trabajadora, y le garantizamos la independencia para desarrollar sus proyectos vitales, estaremos anulando su dependencia para tener que vender su fuerza de trabajo, anulando uno de los puntales fundamentales del capitalismo. En definitiva, se generarían mediante la RB unas mayores cotas de libertad real y de igualdad entre todos, contribuyendo a instalar una mentalidad y unos valores basados en la solidaridad y en la no competencia, enmarcados en la cultura universalista de los derechos humanos, y en el acceso a la plena condición de ciudadanía. Pero aún nos quedan otros puntos de vista que exponer. Continuaremos en siguientes entregas.