Contra los Tratados de Libre Comercio (VII)

Continuando con los intereses puestos en juego en el sector sanitario, tema ya iniciado en el artículo anterior de esta serie (estamos tomando como referencia este artículo de Nueva Tribuna), el TTIP pretende proteger las inversiones financieras y los contratos con el sector público europeo (y norteamericano, que cuando entrara en vigor el TTIP podrían darse ambos), tales como financiación y gestión de hospitales, externalización de servicios de apoyo como almacenamiento y gestión informática de los historiales clínicos de los pacientes, gestión de la receta electrónica, del control de llamadas y desviaciones entre centros sanitarios, centrales de citas previas, laboratorios de propósito general, investigaciones clínicas, docencia, etc., parcelas que ya se han ido paulatinamente privatizando a corporaciones multinacionales de la informática, la tecnología sanitaria, la industria farmacéutica, las grandes consultoras, controladas a su vez por bancos privados y fondos de inversión ubicados en paraísos fiscales.

Quizá las amenazas más importantes para la sanidad pública contenidas en el TTIP puedan ser el Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), y la falta de garantías procesales. El primero supone en la práctica la privatización de la justicia, ya que las diferencias entre los Gobiernos y las empresas multinacionales no se resolverán en los Tribunales de Justicia de los respectivos Estados, sino en Comisiones de Arbitraje, en las que estarán representantes del sector privado. Los Gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque éstos sean un desastre y sus gastos exhorbitantes, como ocurre con los hospitales de colaboración público-privada de Valencia, Madrid o Galicia. Gracias a este mecanismo del ISDS, las empresas y corporaciones podrán demandar a los Gobiernos que adopten decisiones que perjudiquen sus ganancias, al margen de los Tribunales de Justicia ordinarios. Las indemnizaciones para compensar las inversiones de las multinacionales en sanidad pública, impuestas por las Comisiones de Arbitraje privadas, típicamente bastante elevadas, limitarán la capacidad y soberanía de los Gobiernos para adoptar decisiones encaminadas a proteger los intereses generales de la ciudadanía. El panorama se avecina, como vemos, bastante peligroso.

Por otra parte, tenemos el peligro de la incorporación de los laboratorios farmacéuticos (que ya han dado sobradas muestras de por dónde van sus intereses) y de la industria sanitaria a los Organismos públicos que planifican, regulan y fijan las políticas de compra y de precios de medicamentos y recursos. Las políticas de centralización de compras, las negociaciones con las farmacéuticas, las patentes de medicamentos, etc., se verán gravemente afectados por el TTIP. Gracias a todo ello, las empresas multinacionales del sector controlarán la capacidad de los respectivos Gobiernos para decidir con autonomía en temas clave para la sostenibilidad del sistema, como por ejemplo medidas para reducir el gasto farmacéutico (que en España supone el 30% del gasto sanitario), el control sobre la publicidad y promoción de nuevos medicamentos, el apoyo público a los medicamentos genéricos de menor precio por tener agotadas las patentes y que garantizan el acceso a los mismos para una gran parte de los pacientes, los instrumentos para el control y la evaluación de la compra de nuevas tecnologías sanitarias por el sistema público de salud, o la adopción de normas de protección de la salud pública, tales como el control del tabaquismo, la seguridad y calidad de los alimentos, o la protección del medio ambiente. Todas ellas son políticas que quedarán obstaculizadas de cara a su control público, ya que quedarán bajo los auspicios y las políticas implementadas por las empresas del sector sanitario.

Porque, como en el resto de temas ya apuntados en anteriores artículos de esta serie, la regulación de la Unión Europea en materia sanitaria está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, porque ellos, lisa y llanamente, no están acostumbrados a un sistema público integral de salud, como el nuestro, razón por la cual, y volvemos a repetir, una armonización a la baja sería especialmente lesiva para el conjunto de los ciudadanos/as europeos/as. Digámoslo sin rodeos: la salud pública estará en riesgo con la implantación del TTIP, por mucho que las fuerzas políticas que lo apoyan sostengan que "habrá que ver en qué temas se incide, y decidir entonces". Este planteamiento ambiguo no trata más que de esconder las auténticas intenciones de apoyar claramente el Tratado, en su momento (de hecho, ya lo están haciendo con su silencio y su complicidad con las negociaciones secretas). La UE utiliza actualmente un principio de precaución que impide que determinados productos puedan comercializarse a pesar de que no haya (todavía) suficiente investigación científica que revele su peligrosidad. Como estamos (afortunadamente) en un sistema preventivo 100%, se pretende que los avances técnico-científicos no sean aplicados hasta no tener absoluta certeza de su éxito. No obstante, aquí también deberíamos romper una lanza en contra del elevado porcentaje de experimentación con animales, que les provoca un sufrimiento innecesario. Y aprovechamos para afirmar que, también en este despropósito, los Estados Unidos son líderes en el mundo. De nuevo, más razones para no alinearnos con sus prácticas y sus políticas.

Hasta ahora, el sistema funciona porque son las empresas las que tienen que demostrar que sus productos no representan ningún problema para la salud de la ciudadanía. Normalmente es un proceso largo que requiere gran cantidad de garantías procesales, y esto es justo lo que los empresarios estadounidenses consideran que es un alto coste que hay que evitar, acortando los procesos, exigiendo menos garantías, suavizando las pruebas y los requisitos, y estableciendo unos procesos bastante menos exigentes que los que actualmente están vigentes en la Unión Europea. Al final, llegamos como siempre a la misma conclusión: en aras a potenciar la maximización del negocio y de los beneficios, la apertura de los mercados conducirá a un replanteamiento de las garantías, de las estructuras, de los servicios y de los procesos que los sistemas públicos de salud tienen establecidos, repercutiendo en perjuicios para el conjunto de la ciudadanía. Porque como tantas veces hemos insistido en diferentes artículos de este Blog, la iniciativa privada, simplemente, no puede entrar a cubrir los servicios y derechos públicos fundamentales, ya que en ellos no cabe la filosofía del negocio. No pueden regirse por criterios empresariales, ni por la lógica del beneficio, si pretendemos construir una sociedad justa, libre, avanzada y cohesionada. Continuaremos en siguientes entregas.