¿Qué podemos hacer con los bancos? (IV)

IV. FIN DEL SECRETO BANCARIO.

La existencia del denominado "secreto bancario" ha supuesto importantes restricciones y limitaciones a la hora de poder investigar y/o rastrear las actividades de los bancos, de sus empresas y de sus clientes, suponiendo un serio inconveniente que hay que abolir. Exigimos la consideración de delito penal de las actividades en el marco de los mercados de común acuerdo, en particular los Mercados "Over The Counter" (OTC), y todas las actividades de la banca en la sombra, exigiendo que su operativa esté bajo el alcance de su regulación. Todas las transacciones en los mercados financieros deben ser registradas, ser rastreables, reglamentadas y controladas. Hasta ahora, los principales mercados financieros son los de común acuerdo, es decir, que no están sometidos a ningún control: se trata de los mercados de cambios, en el que se mueven 5,3 billones de dólares al día, del mercado de derivados, del mercado de materias primas y de productos agrícolas, etc. 

Hemos de alcanzar el fin del secreto bancario. En este sentido, los bancos han de tener la obligación de comunicar todas las informaciones sobre sus responsables, sus diferentes entidades, sus clientes, las actividades que ejercen y las transacciones que realizan por cuenta propia (del banco) y por cuenta de sus clientes. Asímismo, las cuentas bancarias deben ser legibles y comprensibles. El levantamiento del secreto bancario debe convertirse en un imperativo democrático mínimo, para todos los países. Concretamente, eso significa que los bancos deben tener en todo momento y lugar a disposición de la Administración fiscal correspondiente la siguiente información: una lista nominativa de los beneficiarios de intereses, dividendos, plusvalías y otras remuneraciones financieras; las informaciones sobre apertura, modificaciones y cierres de cuentas bancarias con el fin de tener una lista nacional de todas las cuentas bancarias; todas las informaciones sobre las entradas y salidas de capitales, y en especial con la identificación del ordenante. Asímismo, han de prohibirse todas las transacciones bancarias con los paraísos fiscales, siendo absolutamente necesario prohibir a los bancos efectuar cualquier transacción con un territorio considerado como tal. Si no se respeta esta prohibición, se deben imponer serias y graves sanciones (pudiendo llegar hasta la retirada de la licencia bancaria) y el pago de elevadas multas. 

V. FINANCIAR DE OTRA MANERA EL GASTO PÚBLICO. 

Se debe imponer a los bancos privados la posesión de una cuota de títulos de la deuda pública. Asímismo, debemos dar otra misión a los Bancos Centrales (BCE, mientras continuemos dentro de la UE): la de otorgar préstamos a los Gobiernos a cero por ciento (0%) de interés. O sea, a la inversa de lo que hace el BCE, de acuerdo con los tratados europeos. El Banco Central sería capaz de permitir la financiación a tipo de interés 0 de un Estado y del conjunto de estructuras públicas (colectividades, hospitales, organismos para la vivienda social, etc.) con el fin de llevar a cabo políticas socialmente justas en el marco de la transición ecológica. No obstante, somos conscientes de la dificultad de esta medida, ya que se necesitaría modificar el texto de los tratados europeos en vigor, lo cual requeriría mayor fuerza en la UE de los países gobernados por fuerzas progresistas.

VI. REFORZAR LA BANCA PÚBLICA.

El Sistema Bancario Público debe constituirse en el primer actor del sistema financiero, en el actor protagonista por excelencia, siempre y cuando opere con criterios de interés general, transparencia y control democrático (en caso contrario no podríamos estar hablando de Banca Pública), y promueva el uso del crédito disponible en términos y condiciones financiera y ecológicamente sostenibles, así como productivamente útiles. La Banca Pública no sólo debe implicar que el sector se democratiza y pasa a control ciudadano, sino que también pasa a operar bajo otra filosofía, otra ética y otros objetivos distintos. La concesión de créditos o préstamos ha de seguir el criterio de estudio de viabilidad (no de máximo beneficio, imperante en la banca privada) a medio y largo plazo, concesión informada, y regulación general de tipos en función de la actividad. 

En el caso español, tras un proceso de concentración sin parangón en la historia de la Península, privatización casi completa de la banca pública, desaparición de las antiguas Cajas de Ahorros (mediante procesos de absorción, compra/venta y fusiones) y marginación de la banca ética, pensamos que la arquitectura del sistema bancario (tremendamente corrupta y antidemocrática) ha de invertirse. Un Polo Bancario Público debe vertebrar y garantizar la función social del crédito a la inversión, para lo cual ha de constituirse a partir de los activos limpios de Bankia y Mare Nostrum (principales entidades financieras nacionalizadas después de su rescate), así como por los recursos procedentes de los propios rescates bancarios, y principalmente, de los activos fruto de la socialización de recursos de aquéllos bancos (privados) que no se ajusten a la nueva regulación bancaria o que sean procedentemente sancionados. El Sistema Bancario Público tendrá un trato preferente con la Banca Ética, y admitirá banca de depósitos y de inversión privada, en los términos ya referidos en apartados anteriores. Continuaremos en siguientes entregas.