Arquitectura de la Desigualdad (71)

Estamos intentando trazar la arquitectura fiscal desplegada mediante los paraísos fiscales, y hasta qué punto es responsable de la tremenda desigualdad social que padecemos. Como es evidente, las empresas que reducen su carga fiscal (tanto a través de elusión legal como de evasión ilegal) generan una ventaja desleal frente al resto de competidores nacionales, y demás pequeñas y medianas empresas (PYMES). Asímismo, el entramado de paraísos fiscales y esta competencia fiscal desleal acarrean a los Gobiernos un coste de miles de millones de dólares anuales, como ya señalábamos en nuestra entrega anterior. Aunque las cantidades exactas continúan siendo un misterio (aunque los diferentes organismos y ONG divulgan ya datos y estimaciones muy precisas), es evidente que esta pérdida de ingresos supone un grave problema, pues despliega, como decimos, una arquitectura social que acentúa la desigualdad. Oxfam Intermón (de cuyos informes nos hacemos eco en todos estos asuntos) ha analizado la información pública disponible sobre más de 200 empresas nacionales y multinacionales, entre ellas las 100 más grandes del mundo, y las socias estratégicas del Foro Económico Mundial, y ya encontrado pruebas de que 9 de cada 10 tienen presencia en al menos algún paraíso fiscal. Ello nos da una idea clara de la extensión del problema, y de la envergadura del mismo. Sus posibles soluciones se nos antojan complicadas, al menos mientras continúe inexistente la voluntad política para erradicar estas prácticas. Intrincadas redes de intereses cruzados mantienen esta presencia activa, y protegen de uno u otro modo la existencia de esta anomalía fiscal.

Por su parte, los datos del FMI revelan que la inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado casi por cuatro entre los años 2000 y 2014. La utilización de paraísos fiscales y de otras prácticas de evasión y elusión fiscal afectan a países de cualquier nivel de renta, también a los más pobres, donde además la arquitectura de la desigualdad está más extendida. Se estima que los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas. Y dado que la recaudación tributaria generada por las multinacionales y las grandes fortunas está muy por debajo de su potencial, los Gobiernos suelen optar por dos soluciones: o bien recortan la inversión pública destinada a políticas sociales necesarias para la reducción de la desigualdad y la pobreza, o bien compensan la reducción de ingresos subiendo los impuestos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y a las empresas nacionales de menor tamaño. En ambos casos, los mayores perjudicados por estas medidas son los más pobres, con lo cual la brecha de la desigualdad aumenta. Por otro lado, el entramado de paraísos fiscales y la opacidad que ofrecen, permiten blanquear los fondos que provienen de los negocios más ilícitos y execrables, tales como la corrupción política, el tráfico ilegal de armas o el comercio mundial de drogas, contribuyendo a que se extienda la delincuencia mundial y facilitando el saqueo de los fondos públicos por parte de las élites corruptas. Como en otros casos que ya hemos citado, la gran banca privada es el actor más típico a la hora de desarrollar y contribuir a estas aberrantes prácticas. 

El Colegio de Abogados Internacional (International Bar Association, IBA) no se equivoca al calificar la elusión fiscal como una vulneración de los derechos humanos, y tampoco lo hace el Presidente del Banco Mundial, que la considera "un tipo de corrupción que perjudica a los pobres". La arquitectura política y social de la desigualdad no acabará, entre otras muchas cosas, hasta que no se ponga fin a los paraísos fiscales, y al conjunto de secretos, voluntades y complicidades que permiten su existencia. De hecho, hace ya mucho tiempo que debería haberse alcanzado un gran acuerdo mundial para acabar con estas prácticas fiscales indecentes. Hace unos 15 años, el informe de la OCDE (el club de los países occidentales más ricos) titulado "Competencia fiscal perjudicial" proponía que los países "deberían plantearse rescindir sus convenios fiscales con los territorios considerados paraísos fiscales". Por desgracia, los Estados miembros de la OCDE que en la práctica funcionan como paraísos fiscales, junto a otros poderosos miembros de la organización que son sede de las empresas más grandes del mundo, bloquearon el acuerdo e impidieron que se avanzara más en aquél momento. Hoy día, lamentablemente, continuamos pagando el enorme precio de esta falta de voluntad política. El intento más reciente, el proyecto OCDE/G20 contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), validado por los líderes del G20 en noviembre de 2015, tampoco ha contribuido a frenar las prácticas fiscales dañinas, mientras que los intentos por endurecer las normas han quedado diluidos. Este proceso ofrecía una oportunidad histórica para revertir todos los escándalos y las prácticas abusivas que han encabezado los titulares en todo el mundo, pero lamentablemente se ha desaprovechado la ocasión. 

Es evidente que sólo la presión popular de organizaciones sociales, colectivos, ONG's y partidos políticos que estén por la labor, será capaz a nivel internacional de enfrentarse con los designios y el poder del gran capital, para ir poco a poco revirtiendo los perversos efectos de la existencia de estos paraísos fiscales. Otro autor que también ha explicado la dinámica de los paraísos fiscales es Alejandro Teitelbaum, quien en su obra "Capitalismo por dentro" sostiene: "En cuanto al control de los paraísos financieros, la famosa "lista negra" (ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE hace diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la "lista negra" o "gris" es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el Profesor Michael Krätke (Paraísos fiscales, publicado por Sin Permiso el 2 de marzo de 2008) se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año. Es una buena parte del dinero que falta para reactivar la economía, aumentar el poder de compra de los más pobres y en general para mejorar la situación de las 3000 millones de personas que viven en el mundo con menos de 2,5 dólares por día".

Pero aún existen más datos, que nos dan idea de la inmensidad del problema: según la ONG Oxfam Intermón, hoy día los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales, una cantidad superior al PIB de Reino Unido y Alemania juntos. Y recientemente, el medio La Marea publicaba la noticia de que la inversión española en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro entre los años 2015 y 2016, y a nivel internacional, el dinero acumulado aumentó un 45% entre 2008 y 2016, basándose de nuevo en datos de informes de Oxfam. Esta ONG advierte que la evasión fiscal en España ya acumula una pérdida de 23.000 millones de euros para las arcas públicas de nuestro país desde el año 2007, casi el doble del dinero que haría falta para pagar una renta mínima a todas las familias sin ingresos en España (estimada en unos 12.000 millones de euros). En 2016 las empresas del IBEX-35 tenían 891 filiales en territorios offshore, mientras que la impunidad de los delitos financieros contribuye a que bancos como el UBS, salpicados por grandes escándalos fiscales, estén pensando trasladar su sede a España. Básicamente, a grandes rasgos y entre otras medidas, necesitamos crear una ley integral de evasión fiscal, adoptar una definición clara y vinculante sobre paraísos fiscales, descartar de los concursos públicos a las empresas con actividad en territorios offshore, y equiparar los impuestos que pagan las grandes compañías, que actualmente disfrutan de una presión fiscal muy por debajo de que la que afrontan las pequeñas y medianas empresas. Un rosario de medidas al alcande de todo buen Gobierno que sitúe el beneficio de las arcas públicas y el interés general por delante de cualquier concesión al gran capital...¿Pero es tan difícil conseguir un Gobierno que realmente obedezca a estos objetivos? Continuaremos en siguientes entregas.