Por un Proceso Constituyente (29)

Este régimen consagra la desigualdad, porque al mismo tiempo que la precariedad vital alcanza a todas las facetas de la vida y al conjunto de la población, vemos a una ínfima mayoría enriquecerse cada vez más. Los avances y derechos democráticos se debilitan, involucionan, y entramos en una peligrosa espiral de la cual es difícil salir si no llevamos a cabo una ruptura democrática. El poder abstracto e impersonal del mercado lo domina todo, contribuyendo a mercantilizar todos los derechos fundamentales. La sociedad se vuelve cada vez más insolidaria, más egoísta, más individualista, más competitiva, más salvaje, más despiadada. La naturaleza, los recursos naturales y los animales sirven únicamente como objeto de saqueo y de explotación. Y las últimas causas de todo ello es que este régimen se ha dejado llevar por el capitalismo. No es una consecuencia natural, ni una plaga divina, ni los efectos del avance de la civilización. La causa es que este régimen ha abrazado un perverso sistema donde todo se produce como mercancía para ser vendida y comprada, y donde la fuerza impulsora es la obtención de beneficio máximo en el menor tiempo posible, y a costa de lo que sea. Se legitiman de esta forma las guerras, la pérdida de derechos, la precariedad. Se legitima la miseria y la barbarie. El "progreso" social se entiende únicamente en función de que esas minorías puedan enriquecerse a gran escala, mientras esquilman a las personas y al planeta. Es un irracional despropósito. El capitalismo va de crisis en crisis, y en cada una de ellas se cargan más las tintas contra las clases populares, contra los más vulnerables, contra los más indefensos. 

Y así, este régimen del 78, esta "democracia" para ricos, "representativa" de su poder e influencia, y "parlamentaria" aunque monárquica y vasalla, declara una guerra abierta y cruel contra las clases trabajadoras y populares. El régimen nos condena a convertirnos con suerte en trabajadores/as pobres, en jóvenes exiliados o precarios, en jubilados con pensiones míseras, en parados sin prestación, en estudiantes expulsados o hipotecados, en desahuciados sin alternativa habitacional, en dependientes sin ayudas, etc. Los servicios públicos han comenzado desde hace años a "externalizarse" (privatizarse) total o parcialmente, con lo cual van perdiendo su carácter gratuito y universal. Y mientras todo ello ocurre, se han llevado a cabo rescates millonarios a la gran banca privada y a las grandes empresas, que han consagrado las desigualdades, y que se han sufragado mediante procesos de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. El régimen político construido durante la Transición, vendido durante las últimas tres décadas como "modélico", se encuentra hoy inmerso en una crisis de legitimidad brutal, que se manifiesta en diversas vertientes. Desde la misma Corona como cima y basamento del régimen, pasando por las principales fuerzas políticas que han sustentado el sistema, todos los elementos del mismo se han evidenciado como auténticos brazos armados para imponer los más criminales preceptos, las más indecentes leyes, y la más sangrante desigualdad. De toda esta peligrosa involución social surge la necesidad del Proceso Constituyente. El cuestionamiento de la propia Monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que forman el Estado Español (coherente con una visión plurinacional y federal de España), o la extinción de las puertas giratorias son destacados aspectos a considerar. 

Pero existen muchos más. Y sólo el Proceso Constituyente debe definir los límites al mismo. Aspectos como la profundización democrática, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el blindaje de los derechos sociales, o la garantía de renta básica son también elementos fundamentales del mismo. Porque sólo un Proceso Constituyente realmente inclusivo y popular, radicalmente democrático, podrá consagrar un modelo de sociedad basada en la equidad, en la justicia social y en la garantía de los derechos humanos. Sólo un Proceso Constituyente podrá erradicar todas las lacras sociales que arrastramos desde el franquismo, y conducirnos por la senda de un nuevo proyecto de país. En este sentido, si el Proceso Constituyente que estamos proponiendo desde esta serie de artículos no se lleva a término (o bien es sustituido por cualquier otro sucedáneo), estamos seguros de que dicha situación perseguirá legitimar la actual restauración borbónica por más tiempo, lógicamente sin remover los actuales esquemas y estructuras del poder. Los actuales gobernantes y sus partidos aspiran únicamente a pequeños cambios cosméticos para contentar a las clases más vulnerables, dejando de nuevo en el tintero (como ya ocurriera durante la Transición) las grandes aspiraciones democráticas y sociales que se vienen reclamando en las calles de nuestras ciudades. Pensionistas, jóvenes, precarios, parados, sectores obreros afectados por ERE, personal de la sanidad pública, de la educación pública, afectados por las mafiosas prácticas bancarias, afectados por los desahucios, y una larga lista de damnificados por estas políticas agresivas del gran capital sólo verán satisfechas sus demandas si se canalizan a través de un Proceso Constituyente, democrático y popular. 

Ya estamos hartos de tanta "gestión amable" de la crisis, de tanto "Pacto de Estado" absurdo e inútil, de tanto "consenso necesario" para hacer avanzar ciertas cuestiones. La supuesta vía democrática ha sido cerrada para determinados proyectos, que nunca podrán llevarse a cabo mientras la Tríada PP+PSOE+C's acumule mayoría de representación parlamentaria. Sólo el Proceso Constituyente puede garantizar que las mayoritarias demandas populares son atendidas, y que se celebra de verdad un profundo debate sobre algunas cuestiones que hasta ahora han resultado ser un tabú para una sociedad que se autodeclaraba una "democracia madura y avanzada". Pero no es así. Los fundamentos franquistas de nuestra insuficiente, débil y tutelada democracia no se han marchado. Siguen aquí. Y pretenden seguir durante mucho tiempo. Ellos son los que tienen el poder. Ellos modulan la opinión pública, ellos dictan lo que es información relevante y lo que no lo es, ellos hacen las encuestas electorales, ellos son los que simulan los falsos debates, ellos poseen el poder económico, el poder judicial, el poder represivo, y el poder político. ¿Quiénes son "ellos"? Pues quizá fuese Podemos quien en sus orígenes mejor expresara dicha identidad: son la casta. Una indecente casta de políticos mentirosos y corruptos, puestos al servicio de una clase económica absolutamente parasitaria, nefasta y dictatorial, que no sólo controlan todos los resortes del poder, sino que también nos dictan a los demás lo que es España, lo que debe ser, y lo que va a seguir siendo. Sólo el Proceso Constituyente puede enfrentarse a ellos. Sólo un Proceso Constituyente organizado desde la base puede plantarles cara, y ofrecer a las clases populares verdaderas alternativas desde abajo. 

Sólo un Proceso Constituyente podrá cuestionar la propiedad privada de los que ostentan las riquezas y los medios de producción, y que son también los dueños de los grandes medios de comunicación, que nos intoxican diariamente con sus mentiras. Sólo un Proceso Constituyente podrá interpelar al orden establecido, impedir la involución y la deriva antidemocrática en las que estamos instalados, y poner en entredicho las terribles lógicas del sistema capitalista. El Proceso Constituyente deberá delimitar el programa de ruptura con el régimen actual, que abra el camino hacia una salida anticapitalista, y diseñe un nuevo modelo de sociedad, y un nuevo proyecto de país. Las demandas democráticas deberían basarse, entre otros muchos aspectos, en que ningún cargo público cobre más que el salario medio de un trabajador cualificado, la abolición de todas las dietas, pensiones y privilegios de la casta política, la revocabilidad de todos los cargos electos, la desaparición del Senado, la formación de una sola Cámara legislativa y ejecutiva elegida entre todos los mayores de 16 años con independencia de su sexo u origen en circunscripción única, el fin de la "casta" judicial, o el juicio a través de jurado popular. Un Proceso Constituyente que aborde las grandes carencias democráticas que aún poseemos, y que defienda todos los derechos democráticos que nos han sido mutilados durante estos gobiernos tardofranquistas, que acabe con la Ley Mordaza, que consagre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres, que reconozca en pie de absoluta igualdad a los colectivos LGTBI, que plantee la disolución de los tribunales y legislación de excepción (Audiencia Nacional, Pactos Antiterroristas, etc.), que libere a todos los presos políticos y de conciencia, que restaure el verdadero relato del terrorismo de Estado en nuestro país (y no sólo el de ETA), que restaure la memoria histórica y que ofrezca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de genocidios anteriores. Continuaremos en siguientes entregas.