Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
En el siglo XXI una frontera no es sólo una línea en un mapa, es un sistema que permite filtrar a la población y que se extiende desde los bordes de un territorio hasta su corazón, afectando a aquellos que ya están en el país. Los solicitantes de asilo se convierten en los sujetos de un filtrado especialmente complejo y a menudo violento
Así las cosas, se han producido algunas reuniones últimamente en el contexto europeo, donde los líderes y gobernantes no salen de su A, B, C particular. No tienen más soluciones al problema que se les plantea, porque como venimos contando, son ellos mismos y sus políticas los que han generado esta situación. Visto lo visto, la única "estrategia" que se les ocurre es continuar contactando con países africanos y de Oriente Próximo (parece ser que el foco está puesto actualmente sobre Egipto) para formalizar con ellos nuevos acuerdos al estilo de los que ya funcionan con Turquía y Libia, es decir, para que sean ellos los que, a cambio de dinero, retengan en sus fronteras a los migrantes que intenten llegar a las fronteras europeas. Y mientras, el discurso fascista e intolerante sigue mezclando churras con merinas, y generando controversias y disputas entre los propios líderes. Saltó a la palestra informativa hace pocos días la supuesta riña entre Mateo Salvini y su homólogo luxemburgués, a propósito de los criterios políticos a aplicar a los inmigrantes. Salvini se enrocó en el engañoso discurso de que no querían hijos de extranjeros, sino potenciar que las italianas pudieran tener más hijos nacionales, lo que irritó profundamente a su colega, que incluso llegó a retirar violentamente su pinganillo. Y mientras se discute con esta demagogia, van creándose mafias en estos lugares, que controlan el flujo de migrantes en condiciones infrahumanas. Como nos cuenta Guadi Calvo en este artículo para el digital Rebelion.org, desde hace dos años la extensa costa que va desde la cuidad de Trípoli (la capital de Libia) a la frontera tunecina, cerca de unos 300 km., se ha convertido en la base de operaciones de las mafias locales que se dedican al tráfico de personas.
El caso de Libia es especialmente delicado. Denunciado como el principal país del norte de África cuna de los traficantes de seres humanos, desde la caída de Gadaffi en 2011, Libia ha estado dividida en múltiples tribus, sumida en un absoluto caos, desgobierno y bandidaje. Ha sufrido también el acoso de ciertos sectores ligados a islamistas radicales que querían apropiarse del territorio y de sus poderosas fuentes de petróleo. Actualmente, Libia cuenta en realidad con dos gobiernos, el de Fayez El Serraj en Trípoli (reconocido por la ONU), y el del General Khalifa Haftar sito en la ciudad de Tobruk. Pero la situación se ha recrudecido desde finales del pasado mes de agosto, con el enfrentamiento de diversos sectores militares del país, hasta tal punto que el Presidente El Serraj ha declarado el estado de emergencia. Una situación, como decimos, que representa un estupendo caldo de cultivo para que proliferen las mafias que trafican con personas. Guadi Calvo nos cuenta literalmente la perversidad de estas mafias: "Miles de subsaharianos, provenientes de Costa de Marfil, Guinea, Gambia, Camerún, Liberia, Mali, Nigeria, Níger y Sierra Leona, además de los padecimientos del viaje por infinitos desiertos en medio de altas temperaturas y con escasez de agua y provisiones, desde hace más de un año se deben enfrentar a los "cazadores" de migrantes, que los secuestran para extorsionar a sus familias en procura de rescate. En muchos casos estos secuestrados son vendidos a organizaciones todavía más complejas que obviamente no sólo aumentan el costo para la familia, sino que con muchos menos escrúpulos los torturan y si no se produce el pago en un determinado lapso, los dejan morir de hambre. Otros son subastados en un verdadero mercado de esclavos ubicado en Sabha, en el sudoeste libio. Hace unas semanas se ha denunciado que el gobierno argelino desde octubre de 2017 ha obligado a unos 13 mil migrantes a dirigirse al desierto rumbo a la aldea fronteriza de Assamakka, en Níger. Mujeres embarazadas y niños han sido abandonados sin comida ni agua, y con temperaturas de hasta 48ºC, muchos de ellos han desaparecido en el desierto sin que se conozca cabalmente cual fue su suerte".
Como se deduce de este espeluznante relato, la perversidad hacia los migrantes no es sólo ejecutada por los gobiernos europeos, sino que también existe cuota de responsabilidad en sus países de origen. En el fondo de la cuestión, como muy bien señala Guadi Calvo, pueden estar las presiones que estos países realizan a la Unión Europea, para que les sean transferidos parte de los fondos que ésta destina a la crisis migratoria, que también sufren estos países de tránsito. Las muertes en el mar y en las fronteras van en aumento, al convertirse en muy peligrosas las travesías que los migrantes han de recorrer. Se tiene constancia de 1600 personas muertas sólo en lo que va de 2018, tanto en los viajes por mar como por tierra. Y en esta cifra no están incluidos, como indicó ACNUR en este informe que estamos siguiendo, recogido entre otros por el medio argentino Pagina 12, los que pueden haber muerto durante los trayectos desde sus propios países de origen, por ejemplo atravesando el desierto del Sáhara, o en Libia. Se calcula que solo en el Mediterráneo central (la ruta que conduce a Italia, considerada la más peligrosa), durante los primeros seis meses del presente año, murieron 1100 personas. Pero los muertos también aumentaron entre los migrantes que usan las vías terrestres para llegar a Europa, los Balcanes entre ellas. Este año se verificaron 74 muertes cuando en el mismo período del año anterior fueron 42, tal vez debido a que para llegar a nuestro continente deben sortear muchos más obstáculos, y cruzar caminos mucho más difíciles, porque los ya conocidos han sido cerrados por varios gobiernos europeos que controlan sus fronteras de un modo férreo, como Hungría o Austria. Precisamente, la reivindicación de una ruta segura es una de las principales que abanderan las ONG's, que señalan precisamente este inconveniente como el principal para que las personas que huyen de sus respectivos países puedan alcanzar su destino con éxito.
Según el referido informe también han cambiado este año los países de origen de los migrantes y refugiados. En los primeros siete meses de 2017, se trató sobre todo de personas procedentes de Nigeria, Guinea y Costa de Marfil, que llegaron a Europa a través de Italia. Pero este año las personas llegadas a Grecia, Italia y España son principalmente de Siria, Irak, Túnez, Guinea, Eritrea, Marruecos y Afganistán, entre otros. Huyen de conflictos armados, de violencias sexuales, de persecuciones religiosas, étnicas, políticas o debidas a la orientación sexual. Pero también del hambre provocada por todas esas situaciones, y por el cambio climático (sequías, inundaciones...). Para la elaboración del informe de referencia, ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) realizó entrevistas a un total de 900 personas. Pues bien, el 64% de ellas reconoció haber sufrido abusos físicos, violencias o torturas. El 30% aseguró haber sido víctima de explotación laboral, y el 21% fueron víctimas de extorsiones o corrupción. Sólo el 3% reconoció haber sido objeto de abuso sexual, sin embargo ACNUR considera que los abusos sexuales podrían ser mucho más numerosos, porque los abusadores no siempre son denunciados. Otro problema lo representan los menores no acompañados, cuya presencia ha aumentado también significativamente, desbordando en el caso español las dependencias designadas para su acogimiento. Además, ellos y ellas también suponen un peligro añadido, pues son más vulnerables ante las desalmadas mafias que los utilizan para explotación laboral infantil, y para la prostitución. Las familias en origen suelen enviar a estos jóvenes para que al menos se salven ellos y ellas, y pensando que tal vez puedan enviarles dinero una vez se hayan establecido en un lugar tranquilo y seguro, y puedan dedicarse a algún trabajo, tras una formación previa. Durante lo que va de 2018 ya han llegado unos 3500, mucho menos de los 13300 que llegaron durante el mismo período del año pasado. La inmensa mayoría (el 94%) son varones muy jóvenes, y el 7% tiene menos de 14 años. En cuanto a sus países de origen, la mayoría provienen de Pakistán, Afganistán y Siria.
Los procesos de aseguramiento de rutas, de apertura de fronteras, de acogida con garantías, y del escrupuloso respeto a los derechos humanos (expresados para esta materia en multitud de foros, tratados y convenios internacionales) deben inspirar la acción de los gobiernos europeos, en vez de enzarzarse en estúpidas discusiones bizantinas, que sólo legitiman el racismo a flor de piel que muchos de nuestros gobernantes rezuman. Pero si rascamos un poquito más, si vamos al fondo del asunto, concluiremos que el racismo y la xenofobia son armas que el capital utiliza de forma reiterada para enfrentar a la clase trabajadora de todas partes del mundo, e impedir que veamos con claridad quién es el enemigo, que no es otro que el enemigo común de clase. Ya sabemos el discurso que este racismo migratorio emite: "Vienen sin papeles, en condiciones irregulares, nos invaden, nos quitan nuestros trabajos, vienen a chupar de la seguridad social, al final disfrutan de más derechos que nosotros, cuestan dinero al Estado, abusan del uso de la sanidad, la educación y la vivienda...", y un largo etcétera que hemos de escuchar en una letanía sin fin absolutamente injusta, desproporcionada e injustificada. ¿Es que acaso durante la dictadura fascista de Franco no había emigrantes obreros irregulares, porque muchos también iban sin papeles a los países europeos ricos? Concretamente, como señala Miguel Ángel Montes en este exhaustivo artículo, durante las décadas de los 50-60 del pasado siglo, casi el 70% de la emigración española a la CEE iba en condiciones irregulares, al margen de los convenios regulares de emigración, y formaban parte de la economía sumergida de los países de acogida. Y lejos de abusar de nuestros servicios públicos, los inmigrantes hacen un uso inferior al que por su peso demográfico les correspondería. Por ejemplo, los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles, y un 16,5% menos al especialista, según datos de la Encuesta Nacional de Salud. No parece, por tanto, que dicha "invasión" impida ejercer nuestros derechos fundamentales a la población autóctona, o reste posibilidades a nuestros nativos. Continuaremos en siguientes entregas.