Arquitectura de la Desigualdad (142)

Como hemos venido comentando en anteriores artículos, un elemento de cohesión absolutamente fundamental para evitar la continuación de la pobreza infantil hasta la pobreza adulta es el sistema educativo. En este sentido, avanzar hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años (pública, gratuita y universal), extendiendo la red pública de centros de Educación Infantil y favoreciendo la escolarización temprana de los hijos e hijas de familias con ambos progenitores desempleados, se establece como una medida obligatoria en nuestro horizonte. Hemos de favorecer, como sociedad, las posibilidades de empleo de las personas con hijos menores a su cargo, mediante planes especiales de inserción rápida y conciliación de la vida laboral y familiar, con especial atención, de nuevo, a familias con ambos progenitores desempleados. Hay que incrementar, además, el énfasis en la protección social de los colectivos más vulnerables en la infancia: niños migrantes, niños gitanos, niños tutelados por instituciones, niños con discapacidad, niños en familias numerosas, y niños en familias monomarentales con bajos niveles de renta y empleo. Estos colectivos necesitan de una especial protección, dada su alta probabilidad de sufrir pobreza severa y exclusión social. En referencia a la vivienda, hay que reformar las actuales leyes obsoletas e injustas, que no respetan en materia de desahucios los tratados internacionales suscritos por nuestro país ni la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDU), con objeto de proteger, sobre todo, a los niños en situación de especial vulnerabilidad, dentro de un proceso de desahucio. Si estamos abogando por que ningún desahucio pueda ejecutarse sin alternativa habitacional digna, esta regla debe respetarse aún más si cabe ante la presencia de menores. Con respecto a los MENA, habría que evitar al máximo la institucionalización de los menores en desamparo, promoviendo siempre que se pueda su adopción o acogimiento familiar, aumentando todo lo posible la red de familias de acogida, y agilizando los trámites vigentes. 

Por otra parte, los centros de tutelaje de menores de la Administración carecen de los recursos humanos y materiales deseables, así que deberíamos incrementarlos, hasta alcanzar una dotación suficiente. Y para que cuando finalicen su período de tutela no se vean de nuevo desamparados, hemos de incluir el colectivo de menores ex-tutelados para que tengan acceso preferente a vivienda, empleo, formación y prestaciones sociales. Si no lo hacemos, cuando estos chicos y chicas alcancen la mayoría de edad, volverán a ser canditatos/as a la pobreza, al no poder disfrutar de alternativas y posibilidades de integración social. Se trata, como estamos pudiendo comprobar, de tejer una red social de apoyo en todos los campos y facetas, para que en ningún momento los niños y niñas puedan volver a caer en la pobreza. Existen actualmente muchos escalones en estos niveles de integración, y cada uno de ellos representa un escollo que aumenta la desigualdad. Hay que romperlos todos. Bien, otro asunto de inmenso calado e importancia es el que se refiere al trabajo infantil, que esclaviza a los niños y niñas, les roba su infancia, y contribuye a un desarrollo deficiente de sus capacidades. Hoy día, nuestro cruel mundo no condena la explotación capitalista ni siquiera aplicada a la infancia. El concepto de trabajo infantil de la OIT dice que "se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, afecta a su escolaridad y le impide jugar. Se les niega la oportunidad de ser niños". Pero la realidad es que el trabajo infantil se da en numerosas zonas del mundo, contribuyendo también a su desigualdad. Tomo a continuación datos e informaciones publicadas por el economista Gastón Remy para el medio La Izquierda Diario, donde analiza magníficamente el trabajo infantil y su relación con el capitalismo. Una mirada al trabajo infantil por continentes o regiones encuentra a África con los mayores niveles (19,6%), luego aparece Asia-Pacífico (7,4%), América (5,3%), Europa y Asia Central (4,1%) y por último, los Estados Árabes con el 2,9%. 

Según EANNA (Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes, un organismo argentino, pero cuyos datos pueden extrapolarse al resto de países), el 3,8% de las niñas y niños de 5 a 15 años trabajan para el mercado, el 3% en actividades de autoconsumo y el 4,8% en tareas domésticas intensivas. Para el caso de los adolescentes de 16 a 17 años, el 29,9% realiza alguna actividad productiva. El 17,2% lo hace para el mercado, mientras que las labores dentro de la unidad familiar también cobran un peso mayor respecto de los niños y niñas. Concretamente, el 5,3% realiza actividades de autoconsumo, y el 12,8% realiza tareas domésticas intensivas. Las consecuencias del trabajo para los niños son absolutamente desastrosas. Ya Marx hablaba de una "devastación intelectual, producida artificialmente al trasformar a personas que no han alcanzado la madurez en simples máquinas de fabricar plusvalor". Aún en muchos lugares del mundo, se continúan practicando todo tipo de engaños y trucos para evadir las tibias reglamentaciones legales que rigen el trabajo infantil. Hay que entender de forma universal que lo único que un niño debe hacer a esas edades es desarrollar todas sus capacidades, y eso se hace mediante la formación, el juego, y las diferentes actividades que los complementen. Ningún niño o niña debería poder ser utilizado por los mercados capitalistas como elemento de producción. El trabajo infantil es una forma de injusticia, de discriminación y de desigualdad, que aplicada a este tramo de la formación de la personalidad y de las capacidades, puede resultar traumática. Sin embargo, el trabajo infantil ha sido una constante del capitalismo que encuentra en infantes y adolescentes un nuevo ejército de fuerza de trabajo dócil y de bajo coste. Como ya sabemos, la perversión del capital no posee límites. Según la OIT, en todo el planeta en 2017 había 218 millones de niños y niñas que trabajaban, y 73 millones lo hacían en trabajos peligrosos que abarcan múltiples actividades, desde el tabaco, el algodón o la minería, hasta la trata de personas, el narcotráfico o la prostitución. Una triste realidad que refleja el modelo de sociedades que estamos permitiendo. Concretamente, las explotaciones capitalistas agrícolas conforman el sector que concentra el 70% del trabajo infantil en el mundo en la actualidad. 

Respecto a las condiciones de trabajo, el 21,3% de las niñas y niños de 5 a 15 años que trabajan no perciben remuneración alguna (ni monetaria, ni en especie) y lo hacen durante jornadas en promedio de 12 horas. Por su parte, los adolescentes de 16 y 17 años que trabajan más de 36 horas semanales (igual o más que un adulto) representan al 23,2% del total de jóvenes que trabajan. Las cifras son absolutamente alarmantes. Una mirada al trabajo infantil por sectores de actividad económica arroja que el 70,9% lo hace en la agricultura, el 17,2% en los servicios y el 11,9% en la industria. El peso superlativo del sector primario indica el carácter aberrante del capitalismo que en pleno siglo XXI se aprovecha de la fuerza de trabajo de los menores en las tareas más duras y en las peores condiciones. Hay casos muy paradigmáticos y vergonzantes, como el de Estados Unidos, el cuarto productor mundial de tabaco, donde es legal contratar a niños de 12 años para que trabajen en el campo. De hecho, el Convenio sobre los Derechos del Niño y contra la prostitución y la pornografía infantil no ha sido suscrito (como otros muchos) por USA. Por otra parte, grandes corporaciones tecnológicas multinacionales, como Apple, Samsung o Sony, entre otras, han sido denunciadas por obtener el mineral de cobalto para la fabricación de baterías para dispositivos móviles, del trabajo de miles de niños y niñas en el Congo. Igualmente ocurre con otros materiales necesarios para la fabricación de las pantallas de estos dispositivos, en cuyos procesos extractivos también participan miles de niños y niñas en diversos países africanos. Como concluye Gastón Remy: "Todo intento de erradicar el trabajo infantil dentro de los marcos de la sociedad capitalista está condenado al fracaso. Superar estas utopías reaccionarias nos pone del lado de construir una organización anticapitalista que le ponga fin a la explotación y a la opresión de la fuerza de trabajo de adultos y menores en todo el mundo". 

Bien, por último, y para finalizar este bloque temático dedicado a la pobreza y la desigualdad infantil, queremos volver a traer a colación el tema de la Renta Básica Universal (RBU), pero esta vez referida al mundo de los menores, de los niños y adolescentes. Como recordarán los lectores y lectoras, cuando expusimos a fondo el tema de la RBU desde todos sus puntos de vista, ya comentamos la posibilidad de entenderla no solo como una aportación económica para los adultos, sino también para los menores de edad. Y ello porque respondiendo a sus características de universalidad, individualidad e incondicionalidad, entendemos que también los niños y adolescentes deben percibirla. Tal como insistimos entonces, la RBU no se aplica a las llamadas "unidades familiares", sino a cada individuo en concreto de nuestra sociedad, sin más requisitos que ser miembro de ella. De ahí que, por tanto, nosotros defendemos la versión de RBU que asigna una prestación monetaria también a los niños (en realidad a cada invididuo desde que nace hasta que muere), aunque lógicamente con una cuantía inferior que la aplicada a los adultos. Defendemos esta propuesta, por supuesto no entendida en solitario, sino complementaria de todas las demás medidas aquí comentadas, como una manera de erradicar de un plumazo la pobreza infantil y la desigualdad que puedan sufrir estos miembros menores de las familias, que dependen de un injusto sistema de "prestaciones condicionadas para pobres", que además de ser insuficientes, obligan a cumplir una serie de absurdos requisitos. Pero como hemos sostenido, una sociedad que se precie de abanderar la libertad y la democracia, no puede basarse en estas premisas excluyentes e injustas. La RBU garantizará para cada niño o niña una prestación que le asegurará un mínimo vital que impedirá caer en la pobreza y la exclusión social a estos menores, lo cual, unido al reforzamiento de las medidas de complemento al Estado de Bienestar, blindará un sistema donde no podrán darse las actuales situaciones de pobreza infantil, con sus traslaciones al posterior mundo adulto. Finalizamos aquí este bloque temático, y a partir de la próxima entrega comenzaremos con el siguiente, dedicado a la pobreza energética.