Por una Reforma Educativa para todos (III)

En el artículo anterior nos quedamos intentando mostrar hasta qué punto existe una visión distorsionada en nuestro sistema educativo en torno a la elección de centro por parte de los padres, así como a la concepción de adoctrinamiento. Quizá el mejor ejemplo que podamos poner en este sentido es la reciente propuesta educativa de los partidos de la derecha parlamentaria, llamada PIN Parental, y que se podría enunciar de esta forma (siguiendo de nuevo el artículo de David Arribas para el medio digital El Salto Diario): "Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones". Como se ve, la medida no tiene desperdicio. Vamos a analizarla con un poco más de calma. En primer lugar tenemos la frase "Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos", que es una clara falacia, pues ese derecho no existe. Lo debatiremos con más profundidad próximamente, pero los derechos que se recogen constitucionalmente son los de escolarización obligatoria, así como el derecho general a la educación. La escuela pública no está para "evitar injerencias", como se dice en la medida, sino para diseñar e implementar un completo plan educativo para nuestros menores, que se base en el escrupuloso respeto a los derechos humanos, y dada la aconfesionalidad del Estado, impartir enseñanzas no vinculadas a ninguna religión ni ideario concreto. Los padres, en este sentido, no tendrían derecho a "excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones", porque para eso ya tenemos la escuela privada. La escuela pública ha de diseñar un recorrido formativo y un currículum general, para el conjunto del alumnado, al cual los padres no podrían negarse, salvo cuando se tratara de actividades voluntarias. La escuela pública no puede ni debe ofrecer una educación "a la carta". 

Siguiendo esta medida, por ejemplo, sería posible que si se organizaran en la escuela unos seminarios sobre feminismo, los padres se negaran a que sus hijos asistieran a los mismos. Los padres no pueden tener ese derecho a veto en la educación de sus hijos. Un padre o madre que lleve a sus hijos a la escuela pública podrá inculcarles machismo en su entorno privado, pero no podrá negarse a que sus hijos sean instruidos en ciclos escolares donde se formen en educación sexual, por ejemplo. Precisamente es la forma de evitar que las siguientes generaciones continúen con mentalidades machistas. Y lamentablemente, como decíamos, los recientes pactos políticos entre los tres partidos de la derecha española han venido a reafirmar esta tendencia regresiva en materia educativa, concretamente en educación sexual. En el caso madrileño, por ejemplo, el pacto incluye de forma genérica la introducción de "mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos", sin entrar a definir dichos mecanismos. Más restrictivo aún es el caso de la Comunidad de Murcia, que habla abiertamente de garantizar "la obligatoriedad de consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas, charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales", lo cual, como hemos advertido más arriba, constituye todo un poder de veto a la escuela pública por parte de los padres. Desmontemos las tres falacias que giran en torno a este asunto:

1.- Los padres NO tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos. El derecho a que tu hijo reciba en la escuela una educación católica o machista no existe. La homofobia, por ejemplo, no es una opción legítima para un método de enseñanza. Quienes sostienen argumentos como éste suelen clamar por ejemplo contra la educación sexual y de género con la proclama de que lo que se busca es la uniformidad haciendo obligatoria la ideología de quienes apoyan estas medidas. Es positivo que en la escuela pública se enseñen diversos enfoques sobre un mismo tema, pero no por ello habría que renunciar a que la educación sirva para asentar consensos sociales que puedan asumir todos (conocimientos, imaginarios, comportamientos, actitudes, etc.). El respeto es ese consenso y no puede ser nunca una opción. Que los niños y niñas aprendan el valor de respetarse entre ellos mismos, con independencia de su sexualidad o género no es una opción si se aspira a vivir en una sociedad que avance de forma progresiva para enterrar las discriminaciones. No se pueden enseñar barbaridades como que "los niños tienen pene y las niñas tienen vulva", como proclamaba una de las pancartas de la organización ultraderechista HazteOir.

2.- Hay que proteger al menor. Sí, pero...¿de dónde viene el argumento de la supuesta "defensa del menor" contra la sexualidad, por continuar con el mismo ejemplo? David Arribas relata: "El filósofo Michael Foucault señala el inicio de este tipo de discurso en un intento de asegurar que la clase social dominante no se mezclara con las clases bajas ni estropeara la "pureza" de su sangre con prácticas como el incesto, que puede provocar taras genéticas en su descendencia, o la homosexualidad, al considerarlo peligro para la continuidad de linaje por la ausencia de descendencia. Se trata de un discurso casi racial que separa la especie de los que están hechos para gobernar y la especie de los que deben ser dominados". Es precisamente al contrario: es cierto que hay que proteger al menor, sí, pero de las influencias del adoctrinamiento religioso, y de las diversas pseudocreencias y prejuicios de la clase dominante. Es por eso que la escuela pública debe difundir idearios basados en el escrupuloso respeto a los derechos humanos, y a los fundamentos de la democracia. 

3.- No se debe adoctrinar a los niños y niñas. Rigurosamente cierto. Pero como advertíamos en el artículo anterior, precisamente los que argumentan esto son los primeros en adoctrinar y en difundir un proselitismo religioso católico de lo más absurdo. Pero aquí no hablamos de adoctrinamiento, sino de educación, y más concretamente, de educación pública. El Estado, en este sentido, no sólo ha de intervenir, sino que además tiene la obligación de hacerlo porque si pretende responder a los fundamentos de un Estado Laico o bien erradicar ciertas tendencias peligrosas (el machismo, por ejemplo), tiene que actuar desde la más temprana fase, compitiendo además con los demás agentes de socialización del alumnado (los padres, los demás compañeros y amigos, y los factores culturales de su época), lo que muchas veces implica que cuando los niños se plantan delante de un profesor por primera vez ya pueden traer comportamientos viciados, o ideas peligrosas fundamentadas en sus mentes. La escuela pública, como decimos, ha de intervenir formando adecuadamente, y erradicando de la mente del alumnado todas las posiciones acríticas o que no respondan a las directrices de la escuela pública que hemos mencionado.

Continuando con el ejemplo de los roles en la sexualidad, David Arribas concluye: "¿Por qué debe intervenir el Estado? Cuando alguien cumple la mayoría de edad ya tiene formada una idea clara de lo que es el sexo así como de lo que significa ser un hombre o una mujer. Un Estado que decide no utilizar la educación como herramienta de construcción de una sexualidad sana está dejando ese arma en la industria pornográfica y en otros agentes generadores de la moralidad dominante como las instituciones religiosas. Sexo y género se establecen como conceptos muy delimitados ligados a un sometimiento patriarcal del hombre sobre la mujer y la criminalización de aquel que se desmarca de esos límites. Un gobierno que omite su responsabilidad en el proceso de socialización sexual es cómplice de las conductas tóxicas que genera". Esto es básicamente lo que se hizo en el campo educativo durante la época de la Segunda República. Cándido Marquesán Millán, en este artículo para el medio Nueva Tribuna, nos lo resume en los siguientes términos: "Difícilmente se podía democratizar el país si buena parte de sus ciudadanos permanecían en la indigencia cultural. Por ello trataron los políticos del Primer Bienio (1931-1933) y del Frente Popular de elevar el nivel educativo de los españoles, para convertirlos en auténticos ciudadanos. Se construyeron más de 6.500 escuelas en tres años (frente a solo 500 entre 1909 y 1931), en el bienio 1931-1933 se crearon 13.580 plazas de maestros, en 1934-35 2.575, y en los meses del Frente Popular 5.300; además de subirles el sueldo en un 50% y proporcionarles una mejor formación. Las campañas para enseñar a leer y escribir a millones de personas no tenían precedente en nuestra historia. Todas estas medidas no hacían otra cosa, sino cumplir lo establecido en la Constitución de 1931, donde se reconocía la educación como una atribución del Estado, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, libertad de cátedra, y una política de becas para los más necesitados. Además de la creación de Bibliotecas escolares y populares: las Misiones Pedagógicas". Continuaremos en siguientes entregas.