Por una Reforma Educativa para todos (XII)

En la última entrega nos quedamos analizando un artículo de Pedro López (Profesor de la UCM) para el medio Publico, en torno al asunto de si la religión ofrece en la escuela un referente moral. Continuaremos desde ahí. El asunto es que gran parte de los dogmas morales que asumen las religiones pueden ser asumidos sin necesidad de ser adicto a ellas. En efecto, si descartamos el aspecto litúrgico de las religiones, gran parte de sus principios morales son principios básicos que puede suscribir cualquier persona de bien, o simplemente civilizada. Dejando de lado la moralina que se deriva de entender como pecaminosa toda conducta que no quepa en las estrechas mentes de las jerarquías religiosas, obsesionadas patológicamente por el sexo, no hace falta ser creyente para entender que no hay que matar, mentir o robar, o que debemos tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Tampoco hace falta ser religioso para pensar profundamente en el sentido de la propia vida, en las relaciones con los demás, o en la justicia en un mundo profundamente desigual. Por tanto, arrogarse una cierta superioridad moral sobre laicos, agnósticos o ateos, es una ilusión que seguramente ni se creen los jerarcas religiosos, pero que les proporciona buenos réditos ante sus masas de fieles. Dejémoslo claro, entonces: la visión religiosa de la sociedad y del mundo no aporta ninguna superioridad moral a las personas, que pueden ser tan buenas y virtuosas tanto siendo ateas como siendo creyentes. Hace falta mucha desfachatez, por tanto, para que una institución como la Iglesia Católica se arrogue el derecho a imponer sus enseñanzas en el sistema educativo. Un hecho de tal calibre es el resultado de siglos de colonización mental. Pero además de todo ello, ¿puede ser un referente moral una institución cuyos representantes han apoyado a dictaduras de tomo y lomo a lo largo de todo el mundo y de todas las épocas, o bien que inundan la Iglesia de casos de pederastia, o que han organizado tramas para el robo de bebés, o que abusan descaradamente del proceso de las inmatriculaciones para apropiarse de todo lo que no es suyo (pues pertenece al pueblo)?

Pues bien, estas críticas (y otras muchas que podrían hacerse), son compartidas por gran parte de las bases católicas, pero eso no impide que la Iglesia como institución se presente como víctima de una feroz persecución religiosa cuando se cuestionan lo que no son más que privilegios, y no derechos. Se argumenta que la población española es mayoritariamente católica, pero...¿lo sería igualmente si la Iglesia no hubiera tenido tanta influencia política y social, y no hubiera disfrutado de sus enormes privilegios? Pues precisamente uno de esos privilegios (quizá el más preciado de todos ellos) que la Iglesia no quiere soltar es el supuesto "derecho" a transmitir sus dogmas en el sistema educativo, obviando que éste está para transmitir conocimientos contrastados y enseñar a los estudiantes a reflexionar para que puedan conformar autónomamente su propia conciencia moral. Precisamente la protección de la libertad de conciencia para que todo individuo forme la suya de forma autónoma es el objetivo del laicismo, y es lo que debería imperar en la escuela pública. Desgraciadamente, no es así. Pedro López concluye: "Por tanto, ni el código moral católico o de cualquier otra religión es superior a los códigos morales que pueden inspirar la conducta de los no creyentes y/o laicos, ni está justificada la pretensión abusiva de imponer en el sistema educativo dogmas y códigos morales particulares. Sin una sociedad y un sistema educativo laicos dudosamente se puede alcanzar una democracia de calidad". Como nos explica José Ramírez Labrador, miembro de la Plataforma Laicista de Jerez y de Cádiz Laica en este artículo para el medio La Andalucía, el laicismo se basa en los tres puntos siguientes: 1) La libertad de conciencia (cada persona es libre de adherirse a cualquier opción espiritual, no adherirse a ninguna o cambiar de opción cuando quiera); 2) La separación entre el Estado y las confesiones religiosas (en particular la igualdad de trato a todos los ciudadanos; no es de recibo que se privilegien o discriminen dogmas particulares); 3) La búsqueda del bien común (el Estado debe financiar los servicios que son de interés general, como la educación o la sanidad, y no determinados cultos particulares). El Laicismo es un valor exigible a todas nuestras instituciones públicas, y si la escuela, el instituto y la Universidad lo son, también a ellos.

El Laicismo es neutralidad institucional. Desde ese punto de vista, no es antirreligioso, pues como decimos, defiende la libertad de conciencia y de manifestación, y tampoco está a favor del ateísmo ni del agnosticismo. Igualmente está en contra de la teocracia (la religión como fuente del Derecho) y en contra del clericalismo, entendiendo éste como una religión que intenta imponer sus dogmas morales a toda la sociedad (por ejemplo, cuando sus fieles intentan modificar las leyes para negar el derecho a los anticonceptivos, al divorcio, al matrimonio homosexual, al aborto..., a toda la ciudadanía, sean o no creyentes de dicha religión). El laicismo lucha por la libertad de conciencia, por eso nos oponemos, en nuestra reforma educativa, a que se subvencione la religión, especialmente en el ámbito escolar. El que quiera enseñar o estudiar la doctrina religiosa no debe hacerlo en base a recursos públicos. Hay que desterrar del ámbito educativo cualquier imposición de creencias, convicciones o símbolos particulares. Y menos aún, por supuesto, la condición de credo no debe otorgar ninguna ventaja académica con la cual redimir cursos, o engordar nota media. Es un absurdo anacronismo que un sistema educativo tolere alumnos "salvados" por su creencia. Josep Emili Arias, en este artículo para el diario Levante, explica: "Adoctrinar no es impartir conocimientos, es influir en la conciencia y en la moralidad del alumnado. La fe religiosa es una actitud de compromiso hacia una determinada doctrina e inmersa en una parte muy subjetiva de la persona --la espiritualidad--, un estado muy ajeno a la objetividad del conocimiento y la razón. Toda creencia religiosa está sujeta a la conciencia y la convicción personal, por ello, todo credo confesional ha de quedar excluido del currículo académico evaluable. La fe pertenece al plano personal, privativo, familiar y eclesial. Exponer en el aula el "Misterio de la Santísima Trinidad" jamás puede ser conocimiento académico evaluable por ser unas suposiciones idealizadas desde la fe y amparadas por el dogma. ¿Por qué la subjetividad de "creer" ha de ostentar el mismo mérito académico que la objetividad de las matemáticas, la química o la termodinámica? Puestos a ensalzar las creencias, impartamos astrología en las aulas". Pero entiéndase bien, pues no queremos difundir malos entendidos: no estamos en contra del estudio de la espiritualidad humana (fundamental en muchas culturas), ni de estudiar la historia del pensamiento humano a lo largo de las civilizaciones, ni siquiera de reflexionar en torno a las posturas de los creyentes y de los no creyentes. 

Desde el comienzo de esta serie de artículos hemos expuesto que nuestra visión del sistema educativo es fundamentalmente reflexiva, pensamos que los docentes deben instalar la semilla de la duda, de la pregunta, de la cuestión, de la reflexión, del pensamiento libre, en los alumnos y alumnas. Como bien razona Josep Emili Arias, a ningún alumno se le obliga a que comulgue con las tesis de Marx, de Nietzche o con los postulados ateístas de Stephen Hawking, pero tales tesis resultan tangibles y contrastables, son razonamientos exentos de adoctrinamiento que se mueven únicamente en el campo de lo observacional, de lo empírico, de lo experimental, y son fruto de nuestro pensamiento evolutivo. Nos gusten o no, son pensamientos y postulados teórico-filosóficos a impartir y evaluar en las aulas. Pero cosa muy distinta son los credos y las teologías que conllevan un adoctrinamiento, cuyas nociones son intangibles, incontrastables y que no admiten experimentación. El conocimiento científico avanza precisamente por estar abierto y expuesto a la crítica, a la confrontación de tesis e ideas, a la demostración empírica de lo expuesto. Las creencias religiosas, sus teologías y sus revelaciones solo pueden ser asimiladas desde la fe, por tanto están momificadas, no avanzan, no se perfeccionan, simplemente se acatan. Los credos no entran al laboratorio, no se someten a crítica ni a experimentación, ni a la observación, sus dogmas rehúyen el debate y las preguntas incómodas. Por tanto, pretender homologar la creencia como conocimiento académico evaluable, no es más que un radical fundamentalismo. No estamos en contra de que exista gente con dichas creencias, pero dichas creencias nunca deberán ser estudiadas ni difundidas desde el púlpito que representa la escuela pública. Las injerencias del lobby católico presionando al legislador para que legisle en favor de una determinada doctrina en el sistema educativo solo responde al fanatismo por mantener su poder de influencia y sus privilegios. Y que conste que precisamente un gran número de los que defienden que la religión debe salir fuera de la escuela pública no son precisamente ateos, sino católicos practicantes y cristianos convencidos. 

Defendemos por tanto una educación pública, inclusiva y laica, porque consideramos que la laicidad de las instituciones públicas es la mejor garantía para una convivencia sana y plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones, tanto las católicas como las musulmanas, ateas, agnósticas, protestantes, etc. En este sentido, el laicismo busca separar esferas (el saber de la fe, la política de la religión, el Estado de las iglesias) para garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen los mismos credos. Pero esta separación Iglesia-Estado, como bien explica Enrique Díez en este artículo para El Diario de la Educación, no se resolvió adecuadamente durante la Transición. El paso de la escuela nacional-católica de la dictadura franquista a una escuela laica o aconfesional, como la que propone la Constitución, se impidió manteniendo unos Acuerdos con el Vaticano, heredados de las postrimerías de esa dictadura franquista, que obligan a que se oferte la asignatura de religión en todos los colegios y facultades de formación del profesorado de todo el Estado. Dichos acuerdos deben ser derogados, para liberarnos de tal dogal educativo. La decisión de derogar dichos Acuerdos con la Santa Sede es, de hecho, una de las noticias más importantes a nivel educativo que nos podrían suceder. Porque precisamente a partir de ese momento, el Estado se liberaría de la dependencia de la Iglesia Católica en cuanto a su financiación, en cuanto a la presencia y existencia de simbología religiosa en multitud de actividades y escenarios, tanto civiles como militares, y sobre todo, en cuanto a la presencia de la asignatura de religión en el currículo escolar. Y todo ello, por ende, ayudaría a desmontar los conciertos educativos que aún funcionan actualmente (en varias Comunidades Autónomas suponen un volumen mayor al de la escuela pública), y a transitar por la senda indicada de integrar a los colegios concertados en la única red pública que pretendemos que exista. En definitiva, apostemos por la escuela pública como un lugar para educar en conocimientos científicos universales, en valores cívicos, en el arte y en el pensamiento humanos, pero no para el proselitismo y el adoctrinamiento. La presencia de cualquier religión en la escuela pública, de su enseñanza y de sus símbolos, constituye un obstáculo para construir solidaridad en la diversidad, en el mestizaje y en la multiculturalidad. Continuaremos en siguientes entregas.