35 Medidas para un suicidio político (II)

Continuamos con las medidas, ya comenzadas a desgranar en el primer artículo:

11.- Incapacidad Laboral para Empleados Públicos. Otro retroceso en las garantías laborales de los empleados públicos, al producirse la equiparación a la parte menos favorable con la legislación de los trabajadores del Régimen General.

12.- Movilidad geográfica de los funcionarios. A discreción de su Jefatura correspondiente, se desregula la movilidad geográfica (antes ya lo habían hecho para la movilidad funcional), que queda en manos exclusivas de los gestores, si lo estiman conveniente. Se facilita el traslado sin negociación con la representación sindical. Ya lo estamos viendo, pero lo repetimos una y otra vez: se trata de un desmontaje de todas las garantías laborales de los empleados públicos, para conseguir que la función pública alcance los grados de precariedad que se dan en los trabajadores de la empresa privada. Por eso el eslógan de los sindicatos es de lo más apropiado: QUIEREN ACABAR CON TODO.

13.- Reducción de empresas públicas. En el ámbito local, el Gobierno del PP también ha anunciado la drástica reducción e incluso eliminación de empresas públicas. Se va a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas (a ellos les van más las fundaciones privadas, como FAES), para lo que el Gobierno pondrá en marcha la segunda fase del Plan de Reestructuración del Sector Público empresarial y fundacional. Para una mayor discusión sobre este aspecto, remito a mis lectores al artículo titulado "Sobre la reestructuración del sector público" publicado en este mismo Blog.

14.- Nuevos ajustes en diversos Ministerios. Otros 600 millones menos. Se reducen o eliminan subvenciones, gastos corrientes y transferencias. Sin embargo, costes de enorme importancia, como las misiones militares en el extranjero en 2010, que supusieron un coste de 787.9 millones de euros, y en 2011 de 861.39 millones de euros, ésas sí se mantienen. Y luego dicen que no hay alternativas, y que son medidas imprescindibles, así como que no hay ideología detrás de todas ellas.

15.- Recortes del 20% a organizaciones políticas, sindicales y empresariales. La partida presupuestaria consignada a los partidos, sindicatos y empresarios se reduce en un 20%. Se trata con ello de contentar al electorado más antidemocrático y demagógico, con la implementación de medidas que suponen un coste mínimo, y aprovechar también para alentar en contra de lo sindical y lo político. Medida por tanto muy reaccionaria, que debilita la democracia usando como coartada las "salidas técnicas".

16.- Racionalización de la Dependencia. Una vez más, se ataca a los colectivos más vulnerables. Se elimina la cotización por el trabajador o trabajadora que atiende al dependiente, y se reduce el montante global de su partida presupuestaria. Como sabemos, ellos nunca han creído en este cuarto pilar del Estado del Bienestar, así que es normal que sea otro de los objetivos a derribar.

17.- Supresión de bonificaciones a la contratación. Se suprime un gran número de bonificaciones a la contratación, haciéndola por tanto más difícil para el empresariado. Aunque desde la izquierda nunca hemos creído en la efectividad de estas medidas, es un ataque directo contra la empleabilidad. Sólo se mantienen las que tienen que ver con personas discapacitadas, o las ayudas a los emprendedores.

18.- Reducción de las prestaciones por desempleo. Se recortan a partir del sexto mes, que pasan del 60% al 50% de la base reguladora, lo que sumado al intento de reducción a 18 meses como período máximo de duración de la prestación por desempleo, y existiendo en España una muy alta tasa de paro de larga duración, supondrá la caída de miles de familias en la exclusión social y en la pobreza, al aumentar exponencialmente el número de unidades familiares sin ningún tipo de ingresos. Es un nuevo ataque a los más desprotegidos, para satisfacción de los sectores más reaccionarios que aplaudían exultantes en el Congreso.

19.- Condicionalidad para la Renta Activa de Inserción. Sólo para los que hayan trabajado antes, pues hasta ahora no era requisito previo el haber trabajado previamente a la solicitud de este subsidio. Por tanto y a partir de ahora, los que soliciten la ayuda de 426 euros para mayores de 45 años, tienen que haber estado empleados con anterioridad. Más de lo mismo, siempre golpes bajos en el mismo lado.

20.- Revisión de la jubilación anticipada. En este sentido (otra de las exigencias de Bruselas), el Gobierno ha adelantado la intención de trasladar al Pacto de Toledo un Proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad, y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada, tomando como referencia de cotización toda la vida laboral. Esta situación, lejos de pretender un mecanismo que garantice las futuras pensiones sólo tiene por objeto eliminarlas paulatinamente, dado que el actual mercado de trabajo hace casi imposible a los ciudadanos poder acceder a una pensión pública, invitándoles por tanto a que suscriban planes privados de pensiones. El mensaje como siempre es el de la insostenibilidad del sistema, lo cual es rotundamente falso. El sistema es perfectamente sostenible, aunque no sea deseable para los mercados y los sectores más ultraliberales y conservadores de nuestra sociedad. Lo dejamos aquí de momento. En el próximo artículo de esta serie, finalizaremos con la exposición de las medidas, y entraremos en un análisis y comentarios finales sobre la visión de conjunto a donde nos conducen.