Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
Nos quedamos en el artículo anterior de esta serie exponiendo las líneas maestras de la nueva Constitución que debería redactarse durante el nuevo Proceso Constituyente, tales como la planificación democrática de la economía, basada sobre todo en la nacionalización de todas las grandes empresas, símbolo de los diferentes sectores de nuestra economía productiva. Efectivamente, el propósito de una economía planificada y nacionalizada democráticamente, es garantizar el trabajo decente y las condiciones de vida dignas para todos los trabajadores. Hemos de renunciar al mensaje fatalista del "se acabó..." que nos quieren inculcar desde las clases dominantes, en el sentido de que nunca volveremos a las condiciones que hemos disfrutado en el pasado (trabajo estable, pensiones dignas, desempleo suficiente, sanidad y educación universales, etc.), hemos de darle la vuelta a ese mensaje, y pasarles a ellos el "se acabó...", para que se vayan despidiendo de su hegemonía empresarial, de su poderío sobre la clase trabajadora, de sus escandalosos sueldos, de sus regalos y exenciones fiscales, de sus pensiones millonarias, de su influencia en los grandes sectores económicos del país. Todo esto es lo que ha de acabarse.
El sacrosanto "libre mercado", pilar fundamental de su ideología neoliberal, es decir, la irresponsabilidad de las grandes empresas frente al conjunto de la clase obrera y de las capas pobres de la pequeña burguesía urbana, tiene que ser derrocado con el fin de defender a los millones de trabajadores que están siendo empujados diariamente por el capitalismo a los límites de la pobreza extrema. De este modo, por ejemplo, los bancos privados serían nacionalizados e integrados en un polo o sistema de Banca Pública, representando una fuente de financiación para el desarrollo económico productivo, que no especulativo. Igualmente, las grandes industrias de todos los sectores serían expropiadas y transformadas en propiedad social. Y también deberían serlo las grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, conforme a un plan social basado en satisfacer las necesidades de alimentos de la población.
Y lo mismo con todos los demás sectores: el transporte, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la energía, el agua, las riquezas minerales, etc., deberían ser todas ellas nacionalizadas. Asímismo, el comercio exterior debería convertirse en monopolio del Estado, y utilizarse en armonía con las necesidades sociales, basando las importaciones y exportaciones en las necesidades reales de la población, y estando al servicio del desarrollo de la capacidad productiva de la economía. Esto es poner la economía al servicio de la gente, realizando una política que mire a las personas, como tantas veces hemos proclamado. Y acabar con los enfoques de interés privado, es decir, de obtención rápida y masiva de beneficio, de primar la rentabilidad empresarial, en vez de atender al interés general y a las motivaciones sociales. Este es el chip principal que debemos cambiar, incluso en la mentalidad de los propios trabajadores.
De esta forma, una economía planificada y nacionalizada pondría en práctica lo que es ahora socialmente necesario y vital, pero no implementado hasta ahora porque carece de rentabilidad para los capitalistas que controlan la economía. Ello incluiría a todos los trabajadores desempleados, con lo cual podría reducirse la semana laboral para todo el mundo, se podría además repartir el trabajo existente (que cada vez sería mayor, por lo cual sería muy fácil migrar hacia el pleno empleo), generándose los puestos de trabajo que fueran necesarios para robustecer nuestro Estado del Bienestar, e incluso hacer entrar en él a sectores que nunca han pertenecido al mismo. Se conseguiría también aumentar las capacidades de los servicios públicos básicos (Sanidad, Educación, etc), rompiendo sus fronteras para atender gratuitamente a toda la población, y extendiendo sus carteras de servicios para cubrir todas las posibles necesidades. Está demostrado que se puede hacer. Es la migración hacia una sociedad formada, educada, culta, libre, avanzada, protegida socialmente, estable, con paz social. Es lo que queremos, y es lo que necesitamos.
Se utilizará más y mejor el potencial creativo y productivo de cientos de miles de trabajadores condenados permanentemente a la inactividad por el capitalismo, y se daría lugar a un crecimiento sin precedentes de nuestra economía en muy poco tiempo. Todo ello además teniendo en cuenta la importantísima vertiente ecológica del socialismo y el comunismo del siglo XXI, vertiente que no debemos ni podemos ignorar. No sólo debería ser posible configurar un plan coordinado para resolver los graves problemas ambientales creados por la obsesión de lucro despiadada del capitalismo, sino también establecer las pautas para un desarrollo económico sostenible, y que sea respetuoso con el medio ambiente. Los temas ecológicos, medioambientales y de respeto a la naturaleza, en nuestra opinión, también deben reflejarse en la nueva Carta Magna, expresando nuestra visión de armonía de la actividad humana dentro del contexto natural donde ésta se desarrolla.
Bien, pero seamos realistas. La camarilla de Instituciones y representantes que dirige la UE conforme a los intereses de los grandes bancos y empresas transnacionales europeas no puede permitirse el lujo de incluir en su seno un auténtico Gobierno de izquierdas. Tan sólo la sugerencia de establecer un sistema económico democráticamente planificado (controlado por los trabajadores) y nacionalizado (bajo capital público) sería suficiente para que a más de uno le sobreviniera un infarto político. ¿Por qué? Porque simplemente, un programa de esas características entra en claro conflicto con la propia estructura de base de la UE, con sus parámetros de construcción, que están pensados de acuerdo a los intereses del capitalismo europeo. Está en marcado contraste con el espíritu y la letra de los socios fundadores, de lo expresado y recogido en sus Tratados, normas y acuerdos formales de las Instituciones europeas, defensoras a ultranza de los planteamientos y dogmas capitalistas y del libre mercado. Luego por tanto, debemos enfrentarnos a la idea, más que probable, de nuestra expulsión futura del Euro, la moneda única, y de la propia UE, y es algo tan inevitable como el intento, que ya contamos en el artículo anterior, del capital internacional por castigar al nuevo Proceso Constituyente. Esto no debe desanimarnos. Continuaremos en siguientes entregas.