Aristocracia: vestigios del pasado

"Ni el Rey comería...si el labrador no labrase"

(Lope de Vega)

Cuando hablamos sobre la necesidad de refrescar nuestra democracia, de actualizarla, de completarla, de ponerla al día, y de tender hacia una democracia económica, alcanzando la nacionalización de todos los sectores productivos de nuestra economía, y propiciando su planificación y control democrático, esto es, por parte de sus trabajadores, solemos referirnos únicamente a los monopolios u oligopolios privados que representan a dichos sectores, pero le prestamos menos atención a un vestigio del pasado que llega hasta nuestros días, como es la aristocracia. Y cada vez que vemos películas, documentales o series donde se nos muestra el inmenso poder, riqueza e influencias que poseían estos nobles en la antigüedad, se nos olvida extrapolar ese escenario al presente, para darnos cuenta y denunciar que estos sectores de la sociedad continúan existiendo en nuestros días. No quizá con tanta fuerza como en el pasado, pero siguen representando una de esas lacras existentes en nuestra sociedad que habría que abolir. Ya no tienen ningún sentido estas ridículas figuras, supervivientes de aquél famoso Imperio Español donde nunca se ponía el sol.

Los títulos nobiliarios en España, algo que ya comenzó con Don Pelayo, tal vez antes, llegan a nuestros días de forma actualizada, con los nobles de hoy casi insertos en el pueblo llano, donde sus figuras representan seres más cercanos que en la Edad Media, pero rodeados de la misma aureola de poderes, favores y riquezas de que gozaban antaño. Así tenemos, por ejemplo, los "Grandes de España", creados por Carlos I en el siglo XVI, y que aún persisten en nuestros días, que aunque sin muchos privilegios legales, conservan el tratamiento de "Excelentísimos Señores", son unos 400, y representan lo más granado de la rancia España del pasado. Curiosamente, tienen un órgano rector, que es la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, cuyo funcionamiento está regido por una Orden publicada bajo la primera legislatura del PP de José María Aznar (1999). El resto del señorío proveniente de la época medieval, en torno a unos 2.000 personajes actualmente, tienen el tratamiento de "Ilustrísimos Señores", aunque tampoco conservan muchos privilegios legales. Barones, Condes, Duques y Marqueses, y sus correspondientes en femenino, más sus variantes "Archi" o "Viz", colean en la actual sociedad del siglo XXI como una extraña anacronía del pasado, representando, evidentemente, los restos de aquélla nobleza poderosa y consejera, que se codeaba con Papas y monarcas durante toda la época feudal y medieval.

Toda una corte de holgazanes advenedizos, auténticos parásitos de la sociedad, llevan sobreviviendo durante siglos de nuestra Historia, sin que hayamos sido aún capaces de levantar las alfombras de tanta podredumbre. Todos ellos han supuesto para el pueblo, en las diferentes épocas, señas de identidad de explotación, discriminación y maltrato. Sin ir más lejos, el cobro de diezmos y otros tributos medievales continuaron vigentes hasta bien entrado el siglo XIX. Según informes de los historiadores Cabrera y Del Rey y publicados por El Confidencial, todavía en 1931, el Duque de Medinaceli poseía 79.000 hectáreas de terreno. El Duque de Peñaranda, 51.000 hectáreas. El Duque de Vistahermosa, 47.000. El Duque de Alba, 34.400. La lista es interminable, y aún no existía en aquélla época un censo de la riqueza rústica. En total, más de 7.000 kilómetros cuadrados que se repartían unas docenas de familias. Antes de la llegada de la II República, apenas el 4% de los propietarios eran poseedores de, al menos, el 49,5% de la renta agraria. Y está documentado que entre 1874 y 1931, se concedieron títulos a 167 condes, 30 vizcondes y 28 barones. Y ya durante el siglo XX, con la llegada de la revolución comercial, la pérdida de las colonias y la repatriación de grandes fortunas, los nuevos industriales y banqueros comenzaron a codearse con la decadente aristocracia, lo que se tradujo en concesiones de capital y acciones para la nobleza en muchas empresas y compañías de la época.

Hoy día representan un vestigio antidemocrático que habría que eliminar, pues dichos títulos nobiliarios son heredados de generación en generación, formando dinastías de extensos árboles genealógicos y rancio abolengo, cuya actividad y función social es parasitar en torno a sus rentas y sus posesiones. Al haberse democratizado las responsabilidades y funciones políticas, los nobles hace ya mucho tiempo que no desempeñan (al menos de forma oficial) la labor de consejeros/as de Reyes, Reinas, Príncipes y Princesas, y por tanto, la aristocracia ha perdido gran parte del poder y del prestigio de que gozó en el pasado. Pero más que preocuparnos la existencia de la nobleza en sí misma, nos preocupa su legado fundamental, otra herencia del pasado, que se nos presenta como la existencia de un amplio latifundismo y de grandes terratenientes, principalmente en el sur de España. E igualmente nos encontramos ante propiedades que proceden de la época feudal. ¿Qué habría que hacer con esas propiedades? Porque claro, no estamos hablando de que a alguien le toque la Lotería y se haga rico (y que cuando muera dicha riqueza pase a sus herederos), estamos hablando de cientos de miles de hectáreas de terreno, repartidas por toda la geografía nacional. Estamos hablando de decenas de castillos, mansiones, palacios, fincas y casas señoriales, estratégicamente situadas, con cientos de miles de metros cuadrados. Y estamos hablando, sobre todo, de un conjunto de pinturas, esculturas, y piezas documentales de inmenso valor, que definen gran parte del patriminio histórico, artístico y cultural de un país. Todo ello, en manos privadas.

Desde la izquierda, como no puede ser de otra manera, defendemos la expropiación forzosa, al menos, de la mayor parte de las propiedades de dichos terratenientes y latifundistas, para el conjunto del pueblo español. Porque al igual que no es bueno, como decíamos al principio, que los sectores productivos fundamentales estén en manos de grandes compañías privadas, sujetos al principio de la obtención del máximo beneficio, en vez de sujetos al principio del beneficio social y de la satisfacción de las necesidades de la población, tampoco es bueno que esta exagerada posesión de terreno (que en algunos casos alcanza la extensión de pequeños países), de edificaciones, y sobre todo, de obras artísticas de incalculable valor para el patrimonio histórico-artístico de un país, estén sujetas al albedrío y al único control de una familia propietaria. Por ejemplo, entre las propiedades de la Casa de Alba se encuentran el Testamento del Rey Fernando El Católico, la primera edición impresa de "El Quijote", el primer mapa mundi que dibujara Cristóbal Colón, o una de las más impresionantes colecciones de Velázquez, Goya o Rubens...¿alguien puede pensar que dicho patrimonio, en vez de gestionarse desde el ámbito público, pueda pertenecer al dominio de una casa privada?

Y en cuanto a las extensiones de terreno, ya desde la Ley de Reforma Agraria de Andalucía, que data de 1984, queda contemplada la posibilidad de la expropiación de la tierra por interés social. Pero a día de hoy, los grandes latifundistas continúan gozando de sus extensas propiedades, amparados además por multimillonarias subvenciones del Fondo Social Europeo, mientras los agricultores y ganaderos, sobre todo andaluces, contemplan impotentes cómo cada vez más se ven sumidos en la pobreza. Pero no terminan aquí los privilegios de la nobleza, ya que nos hemos enterado, al hilo del reciente fallecimiento de la Duquesa de Alba, y según informes de GHESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, de que unos 2.000 millones de euros de la Casa de Alba están exentos del pago de impuestos, alrededor de un 90% de su patrimonio. Mediante la Fundación creada por el Ducado de Alba, destinada a preservar y proteger dicho patrimino, queda libre de tributación al fisco. En este caso, esto conlleva que de un patrimonio estimado en 3.200 millones de euros, sólo se paguen a Hacienda 6 millones, lo que supone un exiguo tipo efectivo del 0,2%. Por su parte, la Casa de Alba recibió, sólo en 2011, más de tres millones de euros en ayudas de la Unión Europea, gracias a las medidas aprobadas en la PAC (Política Agraria Común), que continúa beneficiando a los grandes propietarios, terratenientes y latifundistas, en detrimento de los pequeños agricultores y ganaderos. Y como siempre, todo ello revierte en mayor desgracia, paro, precariedad, pobreza y exclusión social para el pueblo. En consecuencia, es hora ya de expulsar definitivamente de nuestra historia a esta vieja y rancia aristocracia, expropiar sus posesiones y patrimonio para el bien común, y levantar las alcantarillas de tanta ponzoña proveniente de épocas pasadas.