Canal Nou: un problema de 72 millones de euros

Hemos conocido estos días dos noticias consecutivas que nos llamaron mucho la atención. Por la mañana se producía la noticia positiva: el Tribunal Superior de Justicia de Valencia declaraba nulo de pleno derecho el ERE de más de 1.100 trabajadores que había ejecutado la Dirección de Canal Nou (Canal 9), el canal de televisión autonómico de la Comunidad Valenciana (TVV). Los trabajadores lo festejaban, pues la Justicia les había dado la razón en su lucha contra la déspota dirección del ente televisivo. Pero la alegría no duró mucho, pues en esa misma tarde, en reunión de urgencia con el Gobierno de la Comunidad, se decretaba el cierre del canal autonómico, dejando en la calle no sólo a aquéllos a quienes el ERE inicial había afectado, sino a las aproximadamente 600 personas que aún quedaban en plantilla. Al día siguiente, el Presidente Fabra declaraba que el cierre era "innegociable". 

En resumidas cuentas, otro cierre empresarial más, que se suma a los de FAGOR, FLEX, ROCA, PANRICO, y muchas otras empresas que vienen cerrando sus puertas y su actividad en las últimas semanas/meses. Pero este caso del Canal 9 es especialmente sangrante: en el Comunicado que emitió el Gobierno de la Comunidad, y en sucesivas entrevistas con sus dirigentes, se dio lo que para ellos es un argumento fundamental: la continuidad del Canal Nou es inasumible, ya que mantener a una plantilla de 1.700 personas costaría al año unos 72 millones de euros...¡¡72 millones de euros!! ¡Y éste es el gran problema! No me explico cómo pueden dar estos argumentos, y después dormir tranquilos, salir a la calle con la cabeza alta, y continuar presidiendo un Gobierno. O sea, que la Comunidad Valenciana no se puede permitir el lujo (según ellos) de sostener a una plantilla de 1.700 trabajadores, que realizan un servicio público, todos ellos profesionales, con sus respectivas familias, con sus respectivas terceras empresas que viven de dicho medio de comunicación, por un problema de 72 millones de euros.

Es decir, que Valencia no tiene 72 millones de euros para dedicarlos a su televisión, y por ello pone a sus trabajadores de patitas en la calle. No hay tanto dinero para tanta televisión autonómica. No se lo pueden permitir. Sencillamente cruel e indignante. Y sería igualmente indignante si se tratara de Castilla-León, La Rioja o Canarias, pero es que en Valencia resulta especialmente indignante. Porque si alguna Comunidad Autónoma puede declararse como el paradigma de la corrupción, los despropósitos, la mala gestión, las obras faraónicas y el despilfarro, ésa es sin duda ninguna la Comunidad Valenciana. Y es que el cúmulo de barbaridades llevadas a cabo por la Generalitat Valenciana y algunos de sus Ayuntamientos y sus dirigentes resulta especialmente brutal e impresionante, y han sido los auténticos causantes de llevar a la completa ruina a toda la Comunidad, y a sus ciudadanos al conjunto más exigente de recortes, para poder hacer frente a los desmanes de sus gobernantes. Comenzando por el Aeródromo de Castellón, construido por el mafioso Carlos Fabra, procesado actualmente, y continuando con el deficitario Parque de Atracciones Terra Mítica de Benidorm, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuyo coste el Tribunal de Cuentas regional cifró en 1.300 millones de euros, y el "Hollywood" alicantino de Ciudad de la Luz. Todas ellas consideradas infraestructuras a día de hoy infrautilizadas y con elevados costes de mantenimiento. Pero no disponen de 72 millones de euros para hacer frente a Canal 9. Es inasumible.

Constituyen la Comunidad Autónoma con mayor número de imputados por corrupción por metro cuadrado de Parlamento regional, ya que durante todos estos años, la gestión de lo público por parte de la Generalitat ha sido temeraria, indecente y lamentable. Y no sólo ellos, sino que hay un montón de políticos de la región inculpados por presuntos delitos fiscales, tráfico de influencias, cohecho, etc., ilustrando una cultura y un modo de entender la política que durante la última década alimentó tremendos excesos y millones de folios en investigaciones por supuestas ilegalidades. Pero claro, no hay 72 millones de euros para pagar a los profesionales que mantienen el canal autonómico de televisión. Es insostenible mantener una plantilla de dicho tamaño, nos dicen.

Estamos hablando de la misma región que en otro tiempo presumía de ser un referente de modernidad y prosperidad, a costa de firmar proyectos con el Instituto Nòos del yernísimo real, que albergó orgullosa la exclusiva Copa América de Vela o que es vista en todo el mundo por el costoso circuito urbano de Fórmula Uno, pero que a su vez obliga a pasar frío a los alumnos en colegios públicos, mantiene aulas públicas sin calefacción por falta de pago, acumula retrasos multimillonarios en el pago a proveedores, y ahora tiene la indecencia de aplicar las más duras recetas de austeridad y recortes a la ciudadanía, y se ve obligada a dejar obras inacabadas. De hecho, son pioneros en toda España en lo que se refiere a procesos de privatización de la sanidad pública, como el Modelo Alzira, o en el rescate de entidades financieras quebradas, como la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) o el Banco de Valencia. En fin, la barbarie neoliberal no tiene límites: cierre de servicios públicos, trabajadores en el paro o en la más absoluta precariedad, y todo para el gran capital. Suma y sigue, aún no hemos terminado.