Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
Una vez analizadas en el artículo anterior algunos puntos de vista y premisas de partida sobre los posibles sistemas de financiación que se pueden aplicar, basados en los ya existentes, vamos a intentar concretar en éste la propuesta que realizamos desde la izquierda. Ya hemos dicho, y volvemos a repetir, que toda propuesta de sistema de financiación que se precie debe estar basada en los principios de solidaridad, pluralidad y participación ciudadana que hemos venido defendiendo. Según esto, cada territorio deberá contribuir en función de la renta de sus habitantes, y recibirá ingresos del Estado Federal según las necesidades de gasto estimadas mediante una fórmula única para todos los territorios del Estado, pactada entre todos y revisada igualmente mediante acuerdo de todos.
Nosotros proponemos que el criterio básico sea el de la población de hecho (es decir, la población real), corregido por otros factores, tales como el envejecimiento, la dispersión, la insularidad, etc., limitados todos ellos a una ponderación global máxima del 10%. De esta forma, la renta por habitante constituirá la base de cálculo para determinar el esfuerzo fiscal de cada territorio de la Federación. Este esfuerzo se medirá en términos de porcentaje de recaudación efectiva sobre la renta media por habitante. Entendemos que cualquier reforma del sistema de financiación de los territorios debe conjugar los principios de suficiencia financiera, igualdad, solidaridad, y federalidad. De acuerdo con ellos, nuestra propuesta se articula en torno a los siguientes ejes:
1.- El efecto redistributivo del sistema fiscal debe recaer sobre el conjunto del Estado Federal, y no sobre cada territorio federado.
2.- Todo ciudadano/a tendrá derecho a las mismas prestaciones sociales en cantidad, calidad y nivel. Estas prestaciones deberán quedar recogidas en una Ley Federal creada a tal efecto, que garantizará dichas prestaciones, obligando de hecho a los poderes públicos a proporcionarlas a toda la ciudadanía. Las posibles diferencias en el interior de cada territorio federado deberán ser financiadas con un mayor nivel de presión fiscal. Por ejemplo, el Estado Federal asegurará las mismas oportunidades en becas y otras ayudas al estudio, así como en ayudas para la vivienda.
3.- Se mantendrá el principio de Caja Única de la Seguridad Social, y por tanto, la competencia exclusiva del Estado Federal en todo lo referente a la regulación, gestión y recaudación de las cotizaciones sociales. Con ello se asegura, además, la unidad del mercado laboral.
4.- Se mantendrá la competencia exclusiva del Estado Federal en la regulación marco del sistema fiscal y en la regulación del IVA, del IRPF y del Impuesto de Sociedades para asegurar la unidad de mercado. No obstante, los territorios federados tendrán plena capacidad normativa (dentro de la Ley Marco) en todos los impuestos y precios públicos, excepto el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, cuya regulación, como hemos indicado, corresponderá al Estado Federal. Pero los territorios tendrán capacidad para establecer sus propios impuestos, así como la plena capacidad de gestión y recaudación de todos ellos, incluidos IVA, IRPF y Sociedades. No obstante, el Estado Federal garantizará que todos los servicios públicos y derechos fundamentales recogidos en la Constitución Federal sean universales y gratuitos, sin que ningún territorio pueda imponer a sus ciudadanos/as ningún tipo de tasa añadida, co-pago o re-pago.
5.- Se establecerán Agencias Tributarias propias en cada territorio federado, que formarán un Consorcio entre ellas y la Agencia Federal Tributaria. Este Consorcio será independiente de los Gobiernos, dependerá del Senado Federal y responderá de su gestión ante este organismo. De esta forma quedan separadas la capacidad normativa, la gestión y la recaudación.
Por su parte, el nivel general del Estado, el nivel Federal, como estamos exponiendo, juega un papel importantísimo y determinante en la creación de un sistema de financiación justo, avanzado y solidario. Éste se debe fundamentar en un pacto federalizante, basado también en una fuerte identidad republicana, que dé soporte y sustente las políticas de solidaridad y cooperación interterritorial. Mientras no se produzca la reforma constitucional (nosotros abogamos por un nuevo Proceso Constituyente) que haga posible el Estado Federal Republicano, cualquier acuerdo debe tener como marco el Congreso y el Senado. No estamos de acuerdo con los pactos bilaterales, pues niegan los criterios de participación democrática del resto de los territorios.
Por tanto, el Estado Federal asegurará, mediante proyectos cofinanciados con los territorios, las políticas de inversión pública, como en Educación, infraestructuras, I+D, etc., como elementos esenciales para el incremento de la productividad con un criterio de convergencia territorial y social. En este sentido, proponemos la creación de un Fondo de Inversión y Cohesión Territorial, que entre otras cosas, deberá hacer frente a la previsible pérdida de los Fondos Comunitarios de la Unión Europea (bien porque España pase a ser país donante en vez de receptor, o bien contemplando incluso una posible salida del euro). Este Fondo cofinanciará junto con los territorios federados y los Ayuntamientos, programas de inversión pública, inversión productiva y ayudas territoriales de carácter general o específicas.
Este criterio de cofinanciación va unido también al de corresponsabilidad fiscal. De esta forma, cualquier decisión de inversión debe estar respaldada por la corresponsabilidad en la gestión de los ingresos fiscales correspondientes, tanto mediante el nivel de presión fiscal adecuado, como en la eficiencia de dicha gestión, y de la lucha contra el fraude fiscal. Rechazamos el criterio de balanza fiscal (como ya apuntamos en un artículo anterior) como mecanismo de ajuste de los flujos de financiación del Estado Federal y cada territorio, principalmente porque desconoce o no tiene en cuenta el principio de solidaridad (aparte de las posibles dificultades metodológicas para su cálculo). Bien, hasta aquí nuestra propuesta (sin contar los posibles cambios que se puedan proponer en el debate que propondrá IU Federal) de Modelo Federal, en los últimos artículos de la serie finalizaremos con el tema, a modo de epílogo de todo lo que hemos recogido.