El optimismo del gran sector empresarial

Hace varios días conocimos los estupendos augurios del gran sector empresarial de este país, para el año próximo, viniéndonos a decir que para 2013 iniciaremos la recuperación de nuestra economía, bajará el paro, y comenzaremos la senda del crecimiento. No sé con qué datos contarán los grandes empresarios, pero de entrada, son justo los contrarios que sostienen la OCDE, el FMI, el BCE y algunos otros Organismos Internacionales, que siguen previendo para España la continuidad de la situación de recesión económica. Pero no hay que ser ningún economista experto para darse cuenta de que las medidas que se están tomando van justo en la dirección contraria a una recuperación.

En efecto, con el despliegue al que nos tienen acostumbrados estos grandes Foros Económicos, esta vez fueron las empresas adscritas al Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), las encargadas de darnos las "buenas noticias", de insuflarnos una buena dosis de ánimo, y de confianza en que vamos a salir pronto de esta crisis. Me parece tremendamente patético. Presentaron sus conclusiones los Economistas Jefes de Banco de Santander y de BBVA, y las declaraciones de César Alierta, Presidente de Teléfonica, vinieron a decir (y repetidamente, pues algunos días antes ya lo había dicho en otro Foro, parece que se las estudia y se las aprende de memoria para luego soltarlas como un papagayo): "España es un país solvente, yo diría que muy solvente, sector público y sector privado...Las reformas impulsadas por el Gobierno están poniendo las bases para la recuperación de la economía española...", y otras por el estilo.

Lo primero que yo le diría personalmente al señor Alierta es que su empresa, pionera en el sector de las Telecomunicaciones en España, debería estar nacionalizada, pues los servicios que presta (telefonía básica, fija, móvil e Internet, sobre todo) deben ser considerados hoy día como un servicio público a la ciudadanía. Con su nacionalización incidiríamos en un escenario de mayor socialización de las ganancias y de los beneficios empresariales, y eso sí que nos vendría muy bien para salir de la crisis. Después, habría que preguntarle al señor Alierta qué entiende él por la recuperación de la economía, porque seguramente se refiere a la recuperación del gran beneficio de las empresas, porque la clase trabajadora, con las reformas que se están haciendo, cada vez estará peor.

Al gran sector empresarial de este país más le valdría estar bien callado (ya sabemos que contentos sí que lo están, después de la entrada en vigor de la Reforma Laboral del PP), pues si nos centramos en el sector bancario, y comenzamos a dar nombres y cifras, nos indignamos todavía más de lo que estamos: Manuel Escribano (ex Director General de Caja Segovia, prejubilado con una pensión pactada de 6 millones de euros), José Luis Méndez (ex Director General de Caixa Galicia, con una pensión de entre 15 y 20 millones de euros), Lucas Hernández (ex Director General de Caja Duero, indemnizado con 1,3 millones de euros), Francisco Fernández (ex Vicepresidente de Caja España, 500.000 euros como trabajador en excedencia), Roberto López Abad (ex Director de la CAM, que se aseguró junto a otros cuatro altos ejecutivos de la entidad una prejubilación de 12,8 millones de euros), o Josep María Loza (ex Director General de Caja España-Duero, que cobró 10 millones de euros, entre indemnización y plan de pensiones).

Y todavía hay más: María Dolores Amorós (ex Directora General de la CAM, que pactó una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales), Ricard Pagés (ex Presidente de Caixa Penedés, que contaba con un plan de pensiones de 11 millones de euros), Domingo Parra (ex Director de Banco de Valencia-Bancaja, que pactó una indemnización por su salida de 7,5 millones de euros), José Luis Pego (ex Director General de NovaCaixaGalicia, que pactó el pago de 10,8 millones de euros, entre indemnización y pensión), Juan Salido (ex Director General de CajaSol-Banca Cívica, que se prejubiló con una pensión de 950.000 euros), Manuel Troyano (ex Director General de Caixa Penedés, que pactó junto a otros tres directivos una pensión por un volumen agregado de 20 millones de euros), o Javier Eraso (ex Director General de Caja Cantabria, que a causa de la rescisión de su contrato va a cobrar una indemnización de 1,2 millones de euros). Son sólo algunos datos para que seamos más conscientes de la gran estafa que estos señores han hecho al país, con la connivencia de los Gobiernos PPSOE.

Pero no hace falta irse sólo al sector bancario. Así, el ejecutivo español mejor pagado de 2011 fue Pablo Isla (Inditex), con 20,3 millones de euros, que es 1.000 veces superior al salario promedio de su empresa, una situación que no es atípica entre los directivos miembros de este Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), un grupo de empresarios que, entre otras muchas cosas, han estado presionando al Gobierno para que facilite el abaratamiento del despido. Entre ellos, por cierto, están los ejecutivos de Repsol, que recibieron salarios entre 10 y 15 millones de euros, que representa casi 200 veces el salario promedio de sus empleados.

Son justo las empresas que vienen preconizando desde siempre un modelo de empleo precario, de mayor explotación de sus empleados, de salarios de miseria que sirvan sólo para que sus grandes empresas puedan ser más competitivas en el exterior. Así que, señores del CEC, ni tienen ustedes datos, ni legitimidad, y mucho menos, despiertan la confianza para que creamos en ustedes. Debiera darles vergüenza. Ahórrense sus mensajes de optimismo, porque no nos los creemos.