¿Es la PAH realmente violenta?

En un nuevo ejercicio de manipulación ideológica y mediática, se está intentando dar una imagen violenta de la actividad de algunos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en relación a su campaña informativa puerta a puerta. La acción, denominada de "escrache" (que no es un invento nuevo) intenta personalizar la imagen y responsabilidad de los políticos ante la opinión pública, ante la indefensión profunda que los ciudadanos de a pie padecemos continuamente, en lo que representa una clara agresión a nuestros derechos fundamentales. Pues bien, la mecha ha ardido cuando el Vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha interpuesto una denuncia en la Comisaría del Congreso después de que varios miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) acudieran a su domicilio particular en Valencia para entregar cartas explicando su situación.

Y a partir de ahí, toda una campaña de criminalización sobre los miembros de la PAH se ha intentado levantar de cara a la opinión pública, intentando dar sobre todo el mensaje de que las técnicas empleadas por esta Plataforma han dejado de ser correctas, coherentes y legítimas, para pasar a ser desmedidas y violentas. De nuevo, el mensaje es que no nos dejemos engañar. No les entremos al trapo ni caigamos en su terreno, en sus continuas provocaciones. Lo que hay que tener muy claro es el contexto donde se enmarca todo esto, que no es otro, como ya hemos indicado muchas veces, que la LUCHA DE CLASES, que ya ha pasado a ser totalmente una GUERRA DE CLASES. Y como en toda guerra de que se trate, tenemos que defendernos de los ataques brutales de nuestros enemigos, que no son otros que nuestros enemigos de clase, es decir, los banqueros, los ricos y poderosos, los neoliberales, los economistas y políticos que los justifican, y las represoras Instituciones del Estado que les hacen el juego sucio.

Todas estas acciones de acoso informativo, son completamente legítimas y necesarias. Así lo creemos desde la izquierda anticapitalista y transformadora de este país. No nos queda otro camino que la insumisión, la desobediencia civil, la lucha activa por recuperar nuestra dignidad y nuestros derechos básicos y fundamentales, en este Estado que dice ser de Derecho según nuestra Constitución, pero que justamente emplea ese Derecho y esas leyes a su servicio para despojar a la ciudadanía de todos sus derechos elementales. Dicen y argumentan muy enfadados que empleamos la violencia, y que dicha violencia es ya el límite que no se puede tolerar, en un ejercicio de tremenda hipocresía que raya en lo delictivo. Pero no dicen cuántas vidas se quedan truncadas para siempre, cuántos suicidios están causando sus crueles políticas, ni cuántas familias se quedan en el camino, despojadas de sus viviendas, a la espera de que el mafioso bipartidismo que tenemos se ponga de acuerdo en modificar las leyes.

Es más, a los pocos días de ocurrir estos hechos, tanto la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como la diputada de UPyD Rosa Díez, se atrevieron a comparar las actividades de la PAH con la de grupos proetarras, o de la Kale Borroka. Incluso el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, asoció a la PAH con el mundo terrorista. Y a partir de ahí, secundaron dicha idea, con más o menos matices, Alicia Sánchez-Camacho, Herman Tersch, y varios más. Para todas estas personas, y también para las que alberguen alguna duda, vamos a explicarles lo que es violencia institucional, o si lo preferimos llamar así, terrorismo económico del Estado.

Porque violencia institucional es que no tengamos para mantener a nuestras familias, que nos echen a patadas de nuestras casas, que nos concedan la mísera prestación de 400 euros para malvivir, que nos obliguen a pagar los medicamentos, que nos impongan abusivas tasas en el servicio público de la Justicia, que los bancos se queden con el dinero de los estafados por las preferentes, que las grandes empresas con miles de millones de beneficios planteen dejar en la calle a miles de trabajadores, que las personas dependientes y discapacitadas se vean sin ayudas para subsistir, o que un joven estudiante sea multado o detenido por asistir a una manifestación. Todo ello es violencia, y ocurre continuamente en nuestro país, bajo la desviada mirada de las muy legales Instituciones, que dicen defender la Ley y el Estado de Derecho. Demasiada paciencia está teniendo la ciudadanía, los hombres y mujeres que forman este maltratado país, cuando no se levantan en armas ante todo este horrible sistema que legitima la violencia y el crimen social contra sus habitantes. Esto no es el imperio de la Ley ni de la Justicia, sino una dictadura capitalista.

Voy a expresarlo en palabras de Lucas León, que dice textualmente que "en esta realidad social y política de nuestro país, una minoría de bendecidos acapara recursos y privilegios. Otra parte, gran mayoria, es objeto de deshaucios, despidos, recortes, violencia policial y denuncias. Unos mueren como perros en la rancia calle del abandono, otros concilian con su preeminente patrono una indemnización millonaria que unir a los muchos millones afanados en una actividad por la que está imputado judicialmente. Unos son condenados a los tres días. Alguien que se enriquece a ojos vista, al que le toca la lotería siete veces en cinco años, demora, a trance seguro de prescripción, unos delitos con los que burla a todos, a la Justicia, al Derecho, y a la Razón. Contra unos se ejerce la violencia insuperable de una ley medieval que arrasa su derecho constitucional a la vivienda, y otros se quejan y querellan porque se hayan pegado cuatro carteles en la puerta de su casa y se haya asustado a sus hijos. Para los hijos de unos lo que había no era ningún susto, sino la ausencia física de sus casas y sus pertenencias, para otros un sueño de violencia asimilada por unos minutos".

Y continúa: "Para unos hay despidos fulminantes con una indemnización promedio en 2012 de 1.400 euros, y para otros, una conciliación previa que, disparando con la pólvora ajena del dinero público, concilia sin acceder al trámite judicial por todos los ceros que haga falta. Toda la mitología ideológica se derrumba por la base. Vivimos, o mejor morimos, sobre una entelequia. Los ricos, de dinero o de poder, tienen patente de corso para todo: robar, tocarle la lotería, burlar a la Justicia o hacer que prescriban sus delitos por bostezo de los jueces. Otros solo tienen derecho a morirse en la calle. Como perros". Sólo nos queda apostillar con una pregunta cuya respuesta dejo en el aire: ¿quiénes son los violentos?