¿Es que renunciamos a ser Europa?

A tenor de todo lo que proponemos desde la izquierda en el campo económico, pareciera que, al estar en otra onda distinta (más bien diríamos diametralmente opuesta) a la que representan las políticas predominantes y mayoritarias, de corte neoliberal, pretendemos ir por nuestro lado, renunciando al carácter europeo, a sus éxitos, a sus logros, a sus ventajas, al privilegio de pertenecer a este club de países del más viejo continente. Pero nada más alejado de la realidad, puesto que a lo que nos oponemos es a la implantación cada vez más salvaje del capitalismo conservador que la mayoría de los Gobiernos europeos actuales llevan a cabo, que es lo que pretendemos cambiar.

Se nos podrá acusar de ingenuos al querer ir contra corriente e intentar cambiar lo establecido, pero eso es exactamente lo que caracteriza a la gente de izquierda, su rebeldía, su inconformismo, su afán de transformación, su capacidad de romper, de cambiar lo que consideramos injusto. En un discurso en el Congreso de Mariano Rajoy hace pocos días, se nos decía que "la pertenencia a este club europeo implica la aceptación de sus normas o la exclusión del mismo", renunciando a toda posibilidad de cambiar las normas establecidas, que además están ratificadas por todos los países. Nosotros no pretendemos excluir a nuestro país de la Unión Europea, pero es más fuerte la necesidad de cambiar sus actuales políticas, porque la Unión Europea es la unión de países, pero los países son la unión de personas, y esta UE está dejando atrás a las personas.

Es decir, que de entrada no afirmamos que sea mala la Unión Monetaria, ni siquiera que sea mala la Unión Política (que todavía no existe, por cierto) en Europa, sino que pueden ser (de hecho lo son) perjudiciales para la ciudadanía europea las políticas que se están aplicando, en aras de esas dos famosas "uniones". A esto es a lo que nos queremos enfrentar. En primer lugar, España es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, y eso significa que está sometida al dictado de las políticas comunes, lo que a su vez implica que las grandes medidas de tipo económico que le afectan son el resultado de consensos previos o de imposiciones de unos países sobre otros (como el representado por al actual eje franco-alemán, llamado coloquialmente "Merkozy"), que no siempre son favorables para el conjunto.

Hay que tener en cuenta que la estructura económica de los distintos países miembros de la Unión Europea es muy diferente, y sus intereses son en muchos casos incluso antagónicos, lo que hace que las políticas que convienen a determinados grupos sociales de unos países, resulten claramente perjudiciales para otros. Y si bien los mecanismos de compensación pueden mitigar a veces los efectos dañinos que conlleva aplicar determinadas políticas, no siempre se acaba por resolver este conflicto, que es uno de los grandes problemas de fondo de la Unión.

Entendemos que esta situación nos lleva a tener que contemplar una cierta "cesión de soberanía", es decir, ceder parte de las políticas autónomas (internas) que podríamos practicar si estuviéramos como un país independiente, pero que al no estarlo, es decir, al pertenecer al grupo de la UE-15, o de la UE-27, tenemos que implementar como Estado miembro de dicho grupo. En tal sentido cabría preguntarse: ¿Es intrínsecamente mala la cesión de soberanía? Desde la izquierda pensamos que no, que esto no tiene porqué conllevar un carácter negativo o regresivo, sino que (volvemos a lo mismo) son las políticas concretas que se apliquen (por el grupo) las que podrán o no ser incorrectas, negativas o injustas, y por tanto, las que tendrán que cambiar.

Y es que resulta que últimamente, las cesiones de soberanía van cada vez más en la línea pura y dura del capitalismo neoliberal más exigente, y de ahí nuestra rotunda oposición a dichas medidas. Por ejemplo, se nos pide cesión de soberanía para ajustar nuestros presupuestos al déficit, pero no para implantar un impuesto a las transacciones financieras, ni para implantar la dación en pago, ni para subir el sueldo mínimo interprofesional europeo, algo recogido en la Carta Social Europea, firmada también por todos los países.

En segundo lugar, España también pertenece a la Zona Euro (o EuroZona, como también se le ha denominado), y por tanto su política monetaria está delegada en el Banco Central Europeo (BCE). De esa forma, si a España le interesara devaluar su moneda, para de esta forma hacer el país más competitivo, no podría hacerlo. Y esta imposibilidad ha perjudicado seriamente la posición exterior de nuestra economía, haciendo más insostenible aún nuestro déficit comercial.

Y como ya hemos indicado en otros artículos, este problema se agrava al no estar el BCE sujeto a control democrático, y no tener que rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, y estar guiado únicamente por una concepción muy ideologizada de la economía que antepone objetivos nominales y muy favorables al interés privado del capital financiero a los del conjunto de la sociedad europea. Y al final, sus decisiones acaban teniendo más que ver con el poder político que se encuentra detrás de una institución como el BCE, que con criterios de solidaridad para favorecer al conjunto de las economías que forman parte de la Unión.

Todo eso significa que cuando hablemos de la economía española tengamos que tener presente lo que ocurre en Europa, y que al igual que hemos de procurar crear en nuestro interior las condiciones adecuadas para el empleo y el bienestar social, también hemos de hacerlo en el espacio europeo en su conjunto, porque también allí hay alternativas para lo que se nos viene presentando como una idea exclusivista de Europa.

Por otro lado, también sabemos todos que la economía y las sociedades de casi todas las naciones se encuentran hoy día muy entrelazadas, que vivimos en un mundo muy globalizado, en donde lo que cada uno pueda hacer depende en gran medida de lo que hagan los demás. Y es verdad que esto constituye también una consideración a tener en cuenta a la hora de aplicar políticas que traten, sobre todo, de salvaguardar los intereses nacionales. 

Sabemos que el triunfo de las ideas neoliberales impuso la eliminación de prácticamente todas las trabas a los movimientos de capital. Eso quiere decir que si las empresas o los financieros no están satisfechos con las condiciones existentes en un país (políticas fiscales, laborales o ambientales) pueden deslocalizarse, es decir, desplazarse sin ningún problema a cualquier otro lugar. Y lógicamente, esto actúa como una potente arma de disuasión porque muchas veces basta con amagar, con amenazar a los gobiernos con esa deslocalización para que éstos enseguida cambien también las normas legales y concedan ayudas multimillonarias a las grandes empresas que actúan así.

Ante la posible pérdida de empleos e inversiones, la respuesta de los gobiernos suele ser la cesión, y como esa práctica es común en todos los países, resulta que estas nuevas condiciones liberalizadoras son las que han servido para crear una economía internacional en la que los estándares de protección laboral, de salarios, de protección ambiental, o en general, sometimiento de los intereses empresariales a los sociales son cada vez más reducidos.

Algo semejante ocurre con los capitales financieros. Si una nación decide aplicar, por ejemplo, medidas fiscales más equitativas, los inversores especulativos podrán organizar auténticos ataques contra ese país, destrozar su moneda o encarecer su deuda hasta que se vean obligados a ceder. Luego ante este panorama, las propuestas desde la izquierda tienen que cubrir también el espacio internacional (pasa también con otros temas de ámbito mundial, como la paz), indicando aquéllos aspectos que debieran cambiar más allá de nuestras fronteras nacionales, motivo por el cual nuestro voto para las Elecciones al Parlamento Europeo es tan importante, porque es nuestra fuerza, nuestra voz en Europa, lo único que tendrá poder para cambiar dichas estructuras y dichas políticas establecidas.

En resumen, y para que quede claro, desde la izquierda no renunciamos a ser Europa, renunciamos a las actuales políticas de los mercaderes, de la pérdida de derechos y de la privatización de los servicios, porque queremos las políticas de derechos sociales, de los servicios públicos y de las personas. Queremos la Europa de los Pueblos frente a la Europa del Capital.