Hacia otra Política Europea de Migración

"Europa languidece, agotada, abatida, ensimismada y satisfecha de sí misma, apática y cansada. Así vemos a Europa, la Europa de las luces, la de las revoluciones, la de los grandes universalismos que enriquecieron al mundo. No es la Europa de los pueblos. Está silenciada, asfixiada. La nueva Europa que vemos en el mundo es la de los grandes consorcios, la neoliberal, la de los mercados y no la del trabajo. Sólo se oye, parafraseando a Montesquieu, el lamentable ruido de las pequeñas ambiciones y de los grandes apetitos"

(Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia, Conferencia durante el IV Congreso del PIE, 2013)

Calentando motores de cara a las próximas Elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo mes de mayo, desde la izquierda, entre otras muchas cuestiones de política social, entendemos que Europa, como espacio común de libre circulación de personas, debe enfocar las políticas de migración y asilo desde otros enfoques completamente distintos. Basándonos y tomando como referencia el borrador del Programa Electoral Europeo del PIE (donde se inserta IU), vamos a indicar en el presente artículo cuáles deberían ser las preferencias. En materia de migraciones, las actuales políticas de la UE reflejan un claro contraste entre el discurso que las sustenta, cargado de retóricas alusiones a los Derechos Humanos, y la cruda realidad de una Europa fortaleza que blinda sus fronteras, institucionaliza la fuga de cerebros de los países empobrecidos, y la utilización de mano de obra barata de ida y vuelta, recorta derechos y generaliza un modelo represivo muy poco acorde con los principios proclamados.

Quizá el buque insignia de dicha política de migración, el escaparate donde mejor se puede comprobar la crueldad de sus planteamientos, sean (al menos en España) los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), auténticas cárceles inhumanas donde los inmigrantes reciben constantemente tratos vejatorios, y donde se da la ausencia del respeto a la más mínima dignidad humana. Por otra parte, la realidad de la evolución demográfica de la UE, con un fuerte envejecimiento de la población y la caída de la natalidad, hace imprescindibles inyecciones masivas de mano de obra inmigrante para el desarrollo de sus sistemas productivos y el crecimiento económico, como reconocen repetidos informes de la Comisión Europea. Al mismo tiempo, las Instituciones Europeas reiteran su voluntad de integración de quienes contribuyen a cubrir estas necesidades y de incrementar la Cooperación al Desarrollo de los países de origen de los inmigrantes.

Sin embargo, la inmensa mayoría de medidas desarrolladas hasta el momento van en la dirección contraria. Aparte la apelación retórica al respeto a los Derechos Humanos, a un Espacio Europeo de Justicia e Igualdad, etc., las políticas emanadas de sus Instituciones van enfocadas, casi en exclusiva, al cada vez más estricto control de sus fronteras externas, y a un durísimo sistema sancionador que sitúa la expulsión y la privación de libertad de los "irregulares" en primer plano (como por ejemplo la tristemente famosa Directiva de Retorno o Directiva de la Vergüenza), en el marco de lo que llaman "lucha contra la inmigración ilegal". Los vuelos de deportación masivos están a la orden del día, organizados sin ninguna garantía del respeto hacia las personas deportadas. En este contexto no extraña que FRONTEX, la Agencia de la UE para el control de fronteras, haya recibido cada vez más fondos para operar, con actuaciones en coordinación con los Estados que han merecido numerosas críticas y una condena expresa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la realización de expulsiones masivas.

En materia de derechos de la población migrante, que supera ya la cifra de 15 millones de personas en la UE, no ha habido avances significativos, manteniéndose las restricciones a la libertad de movimientos y participación política bajo un modelo excluyente. Lo más grave es el avance de la xenofobia y el racismo, reflejado no sólo con la consagración y presencia parlamentaria de partidos de extrema derecha, sino en la violencia ejercida en las calles ante la impunidad creciente, que no se entendería sin el soterrado racismo institucional que las ha amparado, como por ejemplo la práctica indiscriminada de redadas policiales. En nuestro país, hay que destacar además la exclusión del sistema sanitario de aquéllas personas en situación irregular (incluidos los nacionales que viajen por un período superior a 3 meses). Precisamente, al momento de escribir este artículo, hemos conocido que el Comité Europeo de Derechos Humanos, dependiente del Consejo Europeo, ha reclamado a España un cambio de dichas políticas, por no adecuarse a los Tratados Internacionales firmados por nuestro país. Y aunque no pertenece a la UE, son muy signiticativos hechos como la colocación de las famosas cuchillas en la valla de Melilla, para impedir el acceso de inmigrantes africanos, con el consiguiente peligro de lesiones que suponen.

La situación de crisis socioeconómica no ha hecho más que agravar el grado de estigmatización hacia la población migrante, haciéndoles en parte responsables de la escasez de los servicios públicos y de la disminución de la oferta de puestos de trabajo. Este escenario se repite tanto para los extranjeros no comunitarios en nuestro país, como para los emigrados del sur de Europa hacia otros países. En el caso de los extranjeros no comunitarios, la pérdida de empleo no sólo supone no tener un medio de vida, sino también la exclusión de ciudadanía y residencia. Y ello a su vez revierte en dos escenarios: o bien que aquéllos inmigrantes con posibilidades hayan retornado a sus países, o bien que hayan permanecido en nuestro país en una situación de exclusión y vulnerabilidad extrema.

Por otro lado, la Europa como fortaleza fronteriza ha contribuido a la crisis del derecho de asilo, con una UE cada vez más sorda a las peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, muy centradas en la determinación del Estado responsable de las peticiones de asilo, y con un proceso de armonización a la baja de los sistemas de acogida y determinación de las personas refugiadas. Es una vergüenza, por poner un clamoroso ejemplo, que ante la enorme crisis de refugiados en Siria, la UE se haya preocupado más por amparar los discursos belicistas de algunos de sus miembros, que por contribuir en la emergencia humanitaria. Ninguno de estos rasgos que se están describiendo recuerda a aquélla Europa que otrora reivindicó el derecho a la libre circulación de las personas (cuando era tierra de emigración), que impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, o cuyos Estados son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Por todo ello, desde la izquierda proponemos lo siguiente:

1.- Instar a la ratificación y aplicación por todos los Estados miembros de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas Migrantes y sus familias, de 1990.

2.- Conseguir, en coordinación con las organizaciones y movimientos sociales, el cierre de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tanto dentro como fuera de la UE, sobre la base de la no criminalización ni privación de libertad de las personas migrantes, por el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular.

3.- Garantía de defensa y control judicial pleno de las expulsiones o retornos, así como la efectiva prohibición de las expulsiones colectivas con la sanción a sus responsables.

4.- Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar, para que se haga realmente efectivo el ejercicio de este derecho, en vez de obstaculizarlo.

5.- La creación de una Normativa para el Tratamiento de los Menores Extranjeros No Acompañados que respete escrupulosamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

6.- Garantía del derecho a la asistencia sanitaria pública, universal y gratuita para todas las personas residentes en la UE.

7.- Medidas de lucha contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víctimas, sino a los que se lucran mediante dicho tráfico.

8.- Extender los derechos de ciudadanía a los residentes no comunitarios, y especialmente el derecho de sufragio activo y pasivo, en igualdad de condiciones con los comunitarios, como elemento fundamental de participación e integración en el país de residencia.

9.- Erradicación de todas las prácticas "preventivas" de discriminación hacia los migrantes, que se manifiestan en forma de redadas, detenciones ilegales, etc., basadas únicamente en criterios de aspecto físico.

10.- Abogamos por el derecho al trabajo y a todos los derechos sociales de los inmigrantes que residan en la UE, equiparando éstos a los de la ciudadanía.

En definitiva, defendemos la búsqueda de una política de inmigración común e integradora, que incluya un verdadero compromiso con el asilo y la protección internacional, prohibiendo las prácticas restrictivas de los Estados miembro y fomentando instrumentos de solidaridad. Queremos trabajar por una Europa solidaria y abierta a la inmigración. Ningún ser humano puede ser ilegal, ni la crisis puede ser utilizada como coartada para el desmantelamiento o el ataque a los Derechos Humanos fundamentales. Estamos contra la Europa fortaleza, que a la vez que impone sus intereses (los del Capital) a los países empobrecidos, rechaza a las víctimas de su expolio. Estamos por una política común de asilo que respete y desarrolle la Convención de Ginebra, para que Europa sea tierra de acogida para la gente que huye de las persecuciones políticas, ideológicas, religiosas o en razón de su opción sexual (como en su día lo fueron otros países para quienes huían de la Europa del nazismo y el fascismo), con especial atención a la infancia, que demanda siempre una protección especial. Vayamos hacia esa otra Europa. Podemos conseguirlo.