Las 7 revoluciones necesarias (XIII)

Continuamos en este artículo con las propuestas de Planificación Urbana, concretamente con las ligadas al Alquiler Social de la Vivienda, dentro de las propuestas incluidas en la Revolución Ambiental. Enmarquemos de entrada el tema de la vivienda como un derecho constitucional, fuera de todo negocio, y fuera de todo proceso especulativo, como se ha venido planteando hasta ahora, razón por la cual además la tasa de deshaucios en España se ha elevado tanto últimamente. Por tanto, es otro sector donde el Estado y la iniciativa pública deben intervenir decididamente. 

En este sentido, pensamos que es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina las necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y para evitar la concentración de grandes aglomeraciones urbanas, que son insostenibles.

La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, y la protección del medio físico.

Como ya comentábamos en nuestros artículos titulados "La cadena de producción", el capitalismo ha generado procesos de polarización social y de polarización territorial, es decir, territorios de acumulación de capital, población y medios de producción, frente a zonas destinadas a la explotación de los recursos naturales y al vertido de residuos.

Mientras la concentración financiera y empresarial se efectuó bajo el prisma de la "competitividad", en la política territorial se aludía a la competitividad entre ciudades, pueblos y territorios, relacionándola con el comercio internacional para promover el desarrollo. Pero la realidad ha sido muy diferente, y la urbanización intensiva ha mostrado sus efectos más negativos: sobreexplotación de recursos, saturación de sumideros, exceso en el consumo de energía y cambio climático.

Parecería lógico que las economías de aglomeración, las economías de escala, favorecieran, frente a la dispersión rural, menores agresiones ambientales en la edificación, la construcción de infraestructuras, transporte y distribución de energía. Pero es todo lo contrario. En el transporte la efectividad depende del uso del suelo y de la proximidad de las viviendas a los lugares de trabajo, estudio, compras, servicios, etc., dependiendo mucho más de esto que de las infraestructuras o las características tecnológicas de los vehículos...Por tanto, y concretando:



1.- La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental, donde además se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotadas de servicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.

2.- El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda. La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007, y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble.

Paradójicamente, hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas. El conflicto está servido, pero tenemos la solución en nuestras manos. Sólo hace falta, como siempre, una buena dosis de voluntad política para querer abordarlo en serio.