Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
Culminaremos la exposición de esta parte de la LOMCE abundando en su obsesión por fomentar el negocio educativo, no sólo con el marcado carácter mercantilista que ya hemos discutido en artículos anteriores, sino también potenciando los conciertos entre el Estado y la escuela privada, situación que se viene dando desde mucho tiempo atrás, pero que la LOMCE tiende a extender y generalizar. En efecto, fueron los primeros Gobiernos del PSOE de Felipe González quienes crearon la figura de los colegios concertados, que se siguen manteniendo hoy en día, y a quienes lejos de retirar cada vez más los conciertos y ayudas públicas, han continuado reforzando los subsiguientes Gobiernos, tanto del PP como del PSOE. Llegó un momento en que dicho sistema de concierto con la escuela privada se incorporó al conjunto del sistema público de enseñanza, y la LOMCE lo consagra y lo apoya definitivamente.
La contrarreforma del Ministro Wert establece literalmente que "se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación". Por tanto y según esto, se consagra la figura de las empresas, corporaciones empresariales y grupos religiosos que financian, prestan o regulan la Educación como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo, abriendo las puertas a una mayor profundización en el sistema de conciertos, y en los procesos de privatización de la escuela. No podemos permitirlo, pues de ser así, no sólo la escuela pública quedará con el tiempo como un sistema residual y de apoyo al sector privado, sino que cada vez la escuela concertada tendrá más poder para instalar sus dogmas en la sociedad de las futuras generaciones.
Pero por si todo esto fuera poco, se potencian los conciertos cambiando el "carácter singular" de los conciertos de los PCPI's, para establecer que se concertará desde el sector público con centros privados la Formación Profesional Básica (la nueva FPB) con "carácter general" (arts. 84.7 y 116.6 del Anteproyecto de la LOMCE), al estar dentro de las enseñanzas obligatorias. Incluso, se llega a consagrar legalmente los conciertos con los centros que segregan a los alumnos por sexos, algo inconstitucional, en el Art. 84.3, que enmienda a la Constitución en el siguiente sentido: "En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos a los que se refiere el artículo 116 de esta ley orgánica". Es una ley completamente cínica y contradictoria, que juega con el sistema establecido, instalando una serie de eufemismos para consagrar los preceptos ideológicos a los que sirve.
Estamos en la entrega número 11 de esta serie de artículos dedicados a la LOMCE, y debemos ir concluyéndola. Vamos a intentar resumir en primer lugar lo más interesante y revelador de lo que hemos expuesto sobre ella, y también a indicar una serie de reflexiones, consideraciones y propuestas, desde nuestro prisma de izquierdas, para intentar encauzar lo que debería ser una buena reforma educativa. Hablaremos también en este contexto del sector público universitario, al que la LOMCE también toca. Ya hemos visto que los principales cambios que se incorporan corresponden a un pensamiento clasista y segregador. Sus propuestas no coinciden con los resultados y las recomendaciones de la comunidad científica y académica internacional, por mucho que el texto diga lo contrario, sino que se orientan hacia visiones que responden a su prisma ideológico, a cómo entienden la educación desde la derecha y desde el neoliberalismo. Para ellos, en vez de un servicio público para formar personas y ciudadanos críticos, la educación sólo es un instrumento más que sirve a su mercado y a la competitividad.
Si, como reitera el estudio de Sahlberg (2010) el sistema escolar finlandés (por poner el ejemplo más paradigmático) es "un sistema que apoya claramente la enseñanza y el aprendizaje, la comida gratuita al alumnado, los servicios de salud, el apoyo psicológico, la orientación y tutorización de todo el alumnado, etc.", prácticas que son, curiosamente, parte de las recomendaciones incluso del Informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2007), en España, contrariamente, el PP ha estado recortando y suprimiendo, justamente, estos servicios tanto a nivel estatal como en las Comunidades Autónomas donde gobierna. Son viejas recetas que no han dado los resultados supuestamente esperables en aquéllos países en los que se han aplicado, y que la comunidad científica y académica internacional ha rechazado de plano. De entrada, el PP nos llega con una muy mala tarjeta de presentación, pues los recortes no son el mejor modo de vendernos un cambio en el sistema educativo. Continuaremos en siguientes entregas.