Los auténticos déficits que hay que corregir en España

Mucho se lleva hablado del déficit público en los últimos tiempos, de su corrección, del objetivo imperioso de su reducción, en orden a poner orden en nuestras finanzas públicas, y a poder financiarnos en los mercados de una forma razonable y asequible para el país. Y hemos dedicado muchos artículos a explicar cómo todo ello sólo responde a una auténtica falacia que nos quieren imponer desde los poderes fácticos europeos, con la inestimable complicidad de nuestros indecentes gobernantes. Pero en el presente artículo, en vez de abundar en ellos, vamos a hablar de los verdaderos déficits que sufrimos en España, de los auténticos baremos que habría que corregir, de las auténticas deficiencias que deberíamos nivelar en nuestro país, en vez de preocuparnos tanto por ese dichoso "déficit público".

Sin remontarnos muy atrás en la historia, sólo centrándonos en el período franquista, seríamos capaces de explicar, y lo han hecho magníficamente muchos autores, cómo España sufre, en comparación con sus homólogos europeos, un déficit social impresionante. Pero nuestros gobernantes de la etapa "democrática", lejos de atajarlo, y a raíz del proceso de construcción neoliberal de la Unión Europea, han permitido que vayan creciendo otros déficits, que nos han conducido a la dramática situación actual. Por intentar resumirlos y centrar el tema, hablaremos de los tres siguientes déficits:

1.- Déficit Económico. Hay recursos más que suficientes para una política de creación de empleo, sin necesidad de aumentar más la deuda y los intereses de la misma. Por tanto, la decisión es política. Se puede conseguir poner la economía al servicio de las personas si se tiene voluntad política de atacar los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos. Podemos plantear la ilegitimidad de una parte de la deuda, rechazando el pago de los más de 38.000 millones de euros que se recogen en los PGE 2013, y que limitan profundamente los recursos para crear empleo, estimular la economía real y hacer que fluya el crédito para atender los proyectos familiares y empresariales. Por ello, exigimos una auditoría de la deuda y rechazar el pago de la misma que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social.

Podemos y debemos priorizar en la política de creación de empleo la inversión pública, recuperando el papel del Estado como contratador por defecto de la ciudadanía, la defensa y desarrollo de los servicios sociales (educación, sanidad y dependencia, entre otros) y la racionalización del gasto público (que no su disminución), incluyendo mecanismos de control con la participación de los trabajadores/as del sector público. Proponemos la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales, sobre cualquier otro compromiso, y la derogación de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, así como la modificación del artículo 135 de la Constitución. Proponemos un programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsidio, y una Renta Básica Universal para quienes no tengan otra prestación, asegurando que todo ciudadano/a dispone de recursos mínimos, dignos y suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 

Todo ello apoyado y sustentado en un conjunto de medidas fiscales que permitan asegurar el principio de suficiencia de los ingresos del Estado, y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Es fundamental la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, así como la elevación del Impuesto de Sociedades, y la legislación sobre las SICAV. Y todo ello, apoyado en la creación de un Sistema de Banca Pública, al servicio de las personas y no de los mercados financieros, que realice funciones de Banca Local (Cajas de Ahorros), Banca de Desarrollo (reconversión del modelo productivo), y Banca del Estado (deuda pública). 

2.- Déficit Democrático. Proponemos la instauración de una República Federal para el Estado Español, que incorpore el derecho a la autodeterminación de los pueblos que la componen. Proponemos desarrollar medidas para alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, la separación efectiva entre Iglesia y Estado, una Ley Electoral que garantice la proporcionalidad real en la representación parlamentaria, y la implementación de mecanismos que permitan un control ciudadano sobre el gasto y la gestión pública, una exigencia ética en el compromiso y la dedicación a la política, y una lucha eficaz y completa contra todo tipo de corrupción.

Proponemos la profundización de la Democracia a todos los niveles y en todas las Instituciones: Democracia Participativa (que permita que la ciudadanía participe activamente en la toma de las grandes decisiones que les afecten), Democracia Revocatoria (que permita que los cargos públicos electos puedan ser revocados por sus electores ante determinadas circunstancias), y Democracia Finalista (que permita que la ciudadanía pueda evaluar el grado de cumplimiento de los Programas Electorales de los partidos o coaliciones gobernantes), además de la mejora de la Democracia Representativa, mediante una modificación de la actual Ley Electoral. Y todo ello a nivel del Congreso y el Senado del Estado, y de los Parlamentos autonómicos y locales.  

Proponemos un proceso de reconversión y tendencia hacia un nuevo modelo productivo, bajo un nuevo paradigma económico, social y ecológicamente sostenible. Un nuevo modelo que internalice además los costes ambientales que sufre el concepto de "pagar la contaminación" para sustituirlo por el de "dejar de contaminar". Proponemos igualmente un nuevo modelo energético que considere el abastecimento como servicio público, y se apoye en las energias limpias y renovables, y en los recursos autóctonos. Un modelo económico al servicio del interés general, en vez de un modelo depredador basado en el crecimiento desmedido, en la construcción y en el consumo irresponsable.  

3.- Déficit Social. El déficit social y de derecho es también importante en nuestro país, por lo cual queremos asegurar el derecho universal y gratuito a la salud, la educación, la atención a las personas dependientes, y alcanzar la socialización de todos los sectores estratégicos de nuestra economía. Hemos de garantizar asímismo el derecho a la Vivienda, desarrollando una nueva Ley Hipotecaria, que proteja a las familias ante el poder y los abusos de la Banca, y que desarrolle medidas como la creación del Parque Público de Viviendas en Alquiler Social, la dación en pago retroactiva, y la paralización inmediata de todos los deshaucios. 

Igualmente, desde los poderes públicos se ha de desarrollar un nuevo modelo de gestión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que acabe de desmilitarizar todos los Cuerpos aquí incluidos, que permita su libre sindicación, su objeción de conciencia, y la orientación de sus funciones hacia una mayor transparencia, y hacia la defensa de la libre ejecución de las libertades públicas y de los derechos fundamentales de las personas, en vez de actuar como guardianes de las Instituciones de un Estado represor.  

Pues bien, seguro que de estos tres déficits, que son los auténticamente importantes, no hablarán nunca en Europa, ni instarán a nuestros gobernantes a corregirlos, prueba evidente de que la actual construcción del proyecto europeo dista mucho de ser un proyecto integrador de personas, pueblos y países, y consiste más bien en un proyecto de acumulación de capital basado en la fuerza de las grandes empresas, los grandes bancos y las grandes fortunas. Hemos de romper con todo ello, y dedicarnos a corregir nuestros auténticos déficits.