Objetivo: Democracia (XIV)

"Democratizar la empresa es lo mismo que hacer extensibles a su ámbito todos los objetivos y los principios democráticos ya vigentes fuera de ella"

(Armando Fernández Steinko)

"Tú votas cada cuatro años. La Bolsa lo hace todos los días"

(Pancarta popular)

Hablábamos en el artículo anterior, que introdujo la idea de la Democracia Económica, de la posibilidad de socialización de empresas, y también de que los propios trabajadores se hagan cargo, en las ocasiones donde sea pertinente, de la gestión de sus propias empresas, mediante modelos copropietarios, colaborativos o cooperativos. Bajo este modelo y paralelamente, se permitirían pequeñas empresas privadas, y, elemento fundamental de este modelo, se apostaría por la desaparición de un mercado privado de capitales, al crearse fondos democráticos de planificación de inversiones. La conexión de todo ello con el modelo cooperativo, la organización de los trabajadores y la banca ética es evidente. A todo ello hay que sumar el consumo responsable como cuarto factor de cambio del modelo económico, y de un nuevo estilo de vida. En el modelo cooperativista, a partir de la propiedad conjunta y de la gestión democrática, el elemento nucleador es el trabajo y no el capital, por lo que su funcionamiento no sólo se contrapone al capitalismo, sino que genera nuevos valores: satisfacción en común de necesidades y alcance de objetivos, de igualdad, de solidaridad y de soberanía de las personas.

No obstante, el cooperativismo tiene puntos débiles: las tensiones a las que le somete el mercado entran en conflicto con sus valores y su funcionamiento, generando prácticas no cooperativas, problemas de gestión, no asimilación de los intereses de los trabajadores que no sean socios cooperativistas, etc. Pero también tiene puntos fuertes tales como el valor de la ayuda mutua, que permite entre distintas cooperativas poder superar el problema de las economías de escala, o el espacio que gana el trabajo cognitivo. En el ámbito del mercado financiero, que tanta responsabilidad ha tenido en la actual crisis, el modelo de David Schweickart, ya introducido en el artículo anterior de esta serie, parte de las distintas experiencias de banca ética y su gran capacidad transformadora. La banca ética desarrolla operaciones de ahorro e inversión que garantizan un uso justo del dinero, esto es, inversiones socialmente responsables que compaginan un objetivo ético y un objetivo financiero. La práctica, a partir de principios morales justos en la actividad financiera, traslada a las personas dichos valores, de ahí la importancia de excluir determinadas inversiones y promover otras con interés social. La banca ética debe guiarse bajo los criterios de sostenibilidad económica y responsabilidad social, valorando la rentabilidad y la dimensión humana y social de todos los posibles proyectos. Para asegurar esta aportación social hay que ser transparente en las inversiones y realizar un seguimiento de las actividades generadas por cada inversión.

La otra gran novedad en este modelo de prácticas económicas y sociales que tienen capacidad de generar nuevos valores es el consumo responsable, es decir, entrar a plantear alternativas en el mercado de bienes y servicios. El consumo es una de las piezas básicas del capitalismo, y refuerza la concentración de poder y el actual modelo de producción globalizada, sin derechos ni perspectiva medioambiental. Sin embargo, si de verdad tomáramos conciencia de este tema, podríamos escoger responsablemente qué consumimos y cuánto consumimos, utilizando esta capacidad de forma racional, sin basarnos en parámetros capitalistas. Experiencias como las cooperativas de consumo son muy útiles para articular un consumo responsable, ya que reducen la distancia entre el productor responsable y el consumidor responsable, y fomentan el producto de proximidad, favoreciendo los mercados y empresas locales. Pero las fórmulas y posibilidades del consumo alternativo no acaban aquí. Para satisfacer necesidades no todo pasa por la compra, sino que existen otros modos de consumo, como la autosuficiencia, el intercambio de productos o servicios, y el alquiler de los mismos.

Aún así, hay un paso previo que es la propia reducción del consumo, reutilizar los objetos, productos, bienes o servicios, y hacerlos más duraderos, controlando los procesos de obsolescencia programada. El consumo responsable necesita de dos fundamentos previos: formación e información. Formación en la familia y en la escuela para ser consciente del impacto social y ambiental de cada producto (tipos de materiales, residuos, mano de obra, durabilidad, calidad, etc.), y también para desactivar la creación de necesidades fomentadas por el propio sistema, y el impulso de consumo continuo o como forma de ocio. La falta de información, por su parte, juega en contra para poder escoger qué productos consumimos (la procedencia, materias primas, condiciones de los trabajadores, impacto ambiental, etc.) y dónde lo consumimos (políticas de empresa, estabilidad y condiciones de trabajo, etc.), y es uno de los problemas a solventar y sobre el que las Administraciones Públicas deben jugar un importante papel.

No obstante, pensamos desde un sector de la izquierda transformadora que el modelo expuesto, a pesar de ser bastante positivo y revolucionario sobre lo ya existente, ofrece aún muchas lagunas, quedándose al final en un estadío insuficiente. Nuestra posición es por tanto más radical, pues estamos convencidos de que el papel del Estado (lo público, la res pública) debe jugar un papel más determinante. No sólo ha de ser un actor intermediario, que se limite a equilibrar el mercado, sino que ha de convertirse en agente primario de la transformación de nuestro modelo económico, incluyendo, por supuesto, su intervención en la democratización de la propia economía. De entrada, debe convertirse en el último garante del Estado del Bienestar, volviendo a recuperar para el ámbito público todas las empresas y servicios que hayan sido privatizados (o externalizados, usando el eufemismo imperante), y adoptando un rol de empleador por excelencia (acabando con el paradigma del fundamentalismo emprendedor), de tal manera que aumentemos el ratio de trabajadores que se sitúan en el ámbito de los servicios públicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia, Seguridad Pública, personal funcionario y laboral de todas las Administraciones Públicas, etc.). Pero no sólo esto.

El Estado debe también expropiar a todos los grandes banqueros, empresarios y latifundistas del país, para dotarse de la robustez y de las capacidades de ofrecer desde el ámbito público los servicios de todas las grandes empresas de los sectores estratégicos de la economía, tales como las Telecomunicaciones, la Banca, la Alimentación, la Vivienda, el Textil, la Energía, el Transporte, el Agua, los Residuos, etc. En definitiva, la Democracia Económica no puede permitir que el Estado (el sector público) no disponga de los recursos necesarios para desplegar a toda la población los servicios públicos fundamentales. Dada la propiedad pública de estas grandes empresas, se impondría (es nuestra propuesta) una democratización en todas las estructuras de poder empresarial, así como una participación de los trabajadores en las decisiones llevadas a cabo por las mismas. De esta forma, mediante la Democracia Económica pasaríamos, para el conjunto de sectores clave de la economía, de la propiedad privada a la propiedad social, mediante un proceso de estatización (nacionalización o expropiación) de sus modos de producción, para pasar a estar bajo el control democrático de sus propios trabajadores, así como de las Administraciones Públicas implicadas, y de una representación de la ciudadanía. Finalizaremos en el próximo artículo de la serie.