Programa Autonómico de Izquierda Unida (III): Prioridades Económicas

Para paliar los efectos de una situación tan dramática, son necesarias medidas de choque para crear empleo a corto plazo, especialmente en tres líneas prioritarias de actuación:

A) UNA POLÍTICA ECONÓMICA ORIENTADA A LA CREACIÓN DE EMPLEO:

1.- Dirigir la política presupuestaria a la lucha contra la desocupación a través de una redefinición de las políticas de apoyo a sectores económicos específicos (industria, servicios, turismo, agricultura...) que rompan la tendencia actual, reforzando aquéllas estrategias sectoriales de base tecnológica generadoras de innovación y valor añadido. La política de subvención empresa a empresa no ha tenido éxito. Se hace necesario reforzar la cooperación empresarial y el diseño de planes sectoriales estratégicos con intervención pública.

2.- Reconducir la actividad del sector de la construcción hacia estos tres ámbitos de actuación:

2.1.- Inversión en la mejora del parque de viviendas.

2.2.- Subvención del 25% del coste de rehabilitación ecológica de viviendas: adaptación a las recomendaciones de la Inspección Técnica, cambio de canalizaciones, ahorro de agua, energía y residuos, instalación de energías renovables e innovación en el uso de materiales sostenibles. Puestos de trabajo estimados: 300.000.

2.3.- Reactivación de infraestructuras sociales en educación, sanidad, medio ambiente o servicios sociales.

3.- Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos: inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las Administraciones Públlicas, priorizando pequeñas empresas y autónomos que creen empleo y practiquen una gestión ambiental sostenible.

B) REDISEÑAR Y POTENCIAR LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO:

1.- Plan de Empleo y Formación para los desempleados sin subsidio, con la financiación del Estado y la colaboración de los Ayuntamientos, que pueda dar cobertura a 850.000 parados, basado en la creación de un puesto de trabajo dependiente de las Administraciones Públicas (ayuda a la dependencia, empleos de proximidad, apoyo a servicios municipales, etc.), durante 5 horas diarias y 2 horas diarias de formación, durante un total de 6 meses prorrogables y con un salario de 700 € netos.

2.- Mejorar la formación y cualificación de los trabajadores/as, incrementando, ordenando y dirigiendo los recursos hacia una formación profesional de carácter modular, flexible y adaptable, que además de formar, acredite la competencia profesional.

C) AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO:

1.- Creación de empleo público para asegurar la extensión de la educación. Serían precisos 30.000 profesores de Educación Infantil para asegurar el objetivo de alcanzar en 2011 a un tercio de la población entre 0 y 3 años (1,6 millones de niños/as).

2.- Creación de empleo público para la completa aplicación de la Ley de la Dependencia. De esta forma ligamos con el punto B) 1. 

3.- Eliminar las restricciones en la Oferta de Empleo Público, creando nuevas plazas en Sanidad, Servicios Sociales, Justicia, aplicación y vigilancia de la Legislación Laboral (plazas en la Inspección de Trabajo), políticas de empleo y apoyo a la economía real, servicios públicos, etc.

4.- Transformar todas las becas, incluídas las de la Administración, en contratos de trabajo con altas en la Seguridad Social.

5.- Establecer un  plan de lucha contra la temporalidad laboral en la Administración.

6.- Establecimiento de un Salario Mínimo en el Sector Público (SMSP) equivalente al 60% del salario medio.

7.- Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración.

8.- Reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para los trabajadores/as con menores o dependientes a su cargo, y/o personas mayores dependientes.

9.- Garantizar los derechos de los trabajadores/as, así como el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y externalización, estableciendo el cumplimiento conjunto y solidario de las obligaciones salariales, y del conjunto de las derivadas de la negociación colectiva, de cotización a la Seguridad Social y fiscales.

10.- Izquierda Unida se compromete a adoptar las medidas necesarias para que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido con la implantación de las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno Central y los gobiernos autónomicos.