Programa Autonómico de Izquierda Unida (XXI): Reforma de la Justicia

Históricamente el sistema constitucional español ha sido incapaz de conseguir la independencia del Poder Judicial. Hoy la utilización partidista de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado está llegando tan lejos, que la crisis producida está minando la credibilidad de la propia Justicia. La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema de elección de estos órganos, haciendo desaparecer las cuotas de partido. En el caso del Tribunal Constitucional, se debería permitir además participar en la elección de sus miembros a las Comunidades Autónomas, a través del Senado. En el caso del Fiscal General del Estado, su elección y cese debería depender de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal. Otro problema constitucional respecto al diseño de la Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales Militares, que en nuestra opinión deberían desaparecer y pasar sus atribuciones a la jurisdicción ordinaria.

Otro aspecto importante es el rechazo corporativo de una parte importante de la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria, a la aplicación de la Justicia Universal y la presión que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes franquistas. La acusación de prevaricación aceptada por el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por intentar investigar dichos crímenes, nos indica el calado de estas ideas en los magistrados del Poder Judicial. La Justicia Universal significa un avance civilizatorio fundamental en la lucha contra la impunidad de los genocidas y de los gobernantes que cometen crímenes de lesa humanidad. Los crímenes cometidos por el régimen fascista de Franco, son de lesa humanidad y por lo tanto no pueden prescribir por el sólo motivo de existir una Ley de Amnistía aprobada previamente a la aprobación de la Constitución. La persecución y clarificación de los crímenes del franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático, y que ayudará a cerrar las heridas de la Guerra Civil. Esta fuerza política se compromete a luchar con todas sus fuerzas para la consecución de estos objetivos.

Otro problema de calado es el distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a la ciudadanía, que se concreta en su opacidad y en las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado. Por otro lado, las reformas realizadas no han mejorado sustancialmente el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que ésta se está convirtiendo en una organización donde prima la rapidez en lugar de la justicia, aun a costa de "expulsar" a los ciudadanos y ciudadanas de los Juzgados y de que el personal funcionario desconozca el fondo de los procedimientos en curso.

Democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano a la ciudadanía, debe ser un objetivo prioritario de la izquierda transformadora.

Por último, alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la "justicia gratuita" que se suministra a través del Turno de Oficio en aquellos casos en que los ciudadanos y ciudadanas no disponen de recursos suficientes. En diversas Comunidades Autónomas existen proyectos para trasladar la gestión de este servicio desde los Colegios de Abogados a los grandes despachos de abogados, limitando su alcance a colectivos mas reducidos.

La justicia gratuita es un derecho fundamental que debemos defender. El Turno de Oficio debe transformarse en un servicio público prestado por las Administraciones Públicas, con recursos propios y/o externos.