Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
"El oficio de rey no merece respeto alguno. Originariamente se ganaba por los métodos del bandolero; sigue siendo un crimen perpetuado, y jamás puede ser otra cosa que símbolo de un crimen. No merece más respeto que la bandera de un pirata...Todas las monarquías se han erigido así; jamás existió un trono que no representara un crimen; hoy no existe ninguno que no lo represente. Una monarquía es una piratería perpetuada. En su escudo de armas deberían figurar siempre la calavera y las tibias cruzadas"
(Mark Twain)
Retomamos esta quinta entrega sobre los fundamentos de la República que pretendemos desde la izquierda, con un comentario al Manifiesto que recientemente han publicado (día 18) en el Ateneo de Madrid, denominado "Intelectuales por la III República", y que puede documentarse mejor en este enlace. Organizado por el medio alternativo Crónica Popular y por la Agrupación Ateneísta Juan Negrín, sobre una treintena de intelectuales españoles han suscrito este Manifiesto, que estaba previsto fuese presidido por el filósofo y escritor Carlos París, fallecido el pasado 31 de enero. Definen a la República como una "urgente necesidad de regeneración democrática", y está firmado, entre otros, por grandes historiadores (Josep Fontana), escritores (José Manuel Caballero Bonald), pintores, directores de cine, militares (fundadores de la UMD), actores, profesores (Salvador López Arnal), periodistas (Ignacio Ramonet), entre otros muchos.
Y continuando desde el artículo anterior, donde ya habíamos comenzado a proponer ciertos derechos de la ciudadanía que pretendíamos rescatar, consolidar o ampliar, vamos a proseguir con los siguientes, que tienen que ver todos ellos con lo que pudiéramos denominar como ética pública:
3.- Etica Pública. Combate a la corrupción. Independientemente del combate a la corrupción que hay que dar desde la abolición progresiva del capitalismo, necesitamos un proyecto de dignificación del papel de los representantes públicos. Acabamos de comentar en el artículo de ayer, titulado "El Gobierno y sus medidas de regeneración democrática" cómo absolutamente todo lo que se propone son parches y medidas de atajo para combatir la verdadera y auténtica necesidad que tenemos de sanear la vida pública. Pensamos que no lo conseguiremos absolutamente mientras no traigamos la República.
La resignación ("todos los políticos son iguales") ante el fracaso del sistema democrático sólo puede anunciar el avance, el oxígeno, hacia posiciones autoritarias, protofascistas, que podrán avanzar si se extiende la aquiescencia de una mayoría social que abogue por el advenimiento de un "salvador de la patria", entrando en la antesala del fascismo. Por eso es tan importante que en la República que queremos se habiliten medios para la recuperación del crédito y del valor de lo público, que indirectamente se traducirá en una mayor credibilidad hacia los políticos:
3.1.- Endurecimiento del sistema de incompatibilidades tanto durante el ejercicio del mandato como después del mismo, para evitar el mecanismo denominado de "puerta giratoria" entre los gestores públicos que son cooptados por la empresa privada, y viceversa.
3.2.- Endurecimiento del Código Penal y de las leyes administrativas para tipificar las sanciones a las prácticas de corrupción, tanto de los corrompidos como de los corruptores. Inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público para los que hayan incumplido la ley desde el ejercicio de responsables electos, e inhabilitación para la profesión privada de quienes hayan inducido u ofrecido privilegios o compensaciones económicas (dinerarias o en especie) a los responsables políticos a cambio de favores (delito de cohecho).
3.3.- Endurecimiento del Reglamento de las respectivas Instituciones para erradicar las prácticas que sean socialmente calificadas como de privilegios: igualdad de condiciones para acceder a una pensión, etc. Pero al mismo tiempo hay que reivindicar (como para cualquier otro trabajo) una remuneración adecuada a la responsabilidad que ejercen, y dietas de desplazamiento, alojamiento y comida suficientes para que no sólo los que poseen una posición económica desahogada puedan entrar en política, sino también los trabajadores.
3.4.- Poner límites a las retribuciones de los cargos políticos, representativos e institucionales. Pero también a los altos ejecutivos de las empresas, así como a los beneficios empresariales, utilizando la fiscalidad progresiva. El objetivo final es la eliminación gradual de las desigualdades a todos los niveles.
3.5.- Transparencia en las retribuciones de los cargos públicos. Hacer públicos a través de todos los medios de comunicación la situación económica y patrimonial de todos los políticos y de los partidos: no sólo la situación de los cargos públicos electos, sino también la contabilidad, las subvenciones de los empresarios, los acuerdos con los bancos, las nóminas de los funcionarios o cargos de los partidos, y las donaciones que reciban de cualesquiera fundaciones u ONG's de ellos dependientes.
3.6.- Transparencia en las retribuciones del mundo de la empresa privada, esto es, de los altos ejecutivos de la misma, de los inversores y banqueros, de los Consejos de Administración, de los Consejeros y Accionistas, de los Directores Generales, etc., con la misma finalidad que la transparencia para los cargos públicos.
3.7.- Profundizar en las competencias y medios del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de las cuentas públicas, para que cumpla con eficacia su papel de supervisor de la limpieza financiera del gasto público. Dotarlo de más medios y más personal, para que pueda asegurar el cumplimiento de sus funciones en plazos razonables.
3.8.- Todo ello deberá estar recogido en una "Carta Ética del Cargo Público", una especie de memorándum de obligado cumplimiento a todo lo señalado, donde además los gestores de lo público se comprometen a no hacer intervenir en sus procesos al capital privado, renunciando expresamente a cualquier intento o justificación para la implantación de procesos privatizadores.
El sentido final de todas estas medidas, es que nos dotemos de una República donde la democracia sea su auténtico espejo. Y para ello, la democracia no puede tener fisuras, no puede estar manchada, no puede ser incompleta, no puede estar coartada. La democracia ha de ser plena, y la dedicación a la cosa pública ha de recuperar su valoración, y ha de poseer una imagen social de pleno respeto. Continuaremos en siguientes entregas.