¿Qué República queremos? (VII)

"La causa republicana no es más que la forma que adopta la causa democrática en España en la actualidad"

(José López)

Continuando con el relato del contexto social republicano al que aspiramos desde la izquierda, vamos a mencionar en esta entrega la necesidad de la existencia de un auténtico pluralismo informativo. Hoy en día, el derecho a la información se presenta como un derecho sesgado y manipulado por el gran poder económico y empresarial. Actualmente, la opinión se disfraza de información en prácticamente todos los medios públicos y privados. Los medios manipulan la realidad a su conveniencia, con el objetivo esencial de formar opiniones en vez de informar de los hechos ocurridos, de sus causas y consecuencias. Manipular la verdad requiere todo un conjunto de técnicas, estrategias y habilidades concretas, que los medios despliegan con gran efectismo. Porque manipular la verdad no sólo consiste en mentir, en ignorar o en censurar, sino también en contar las cosas de cierta manera, con cierto estilo, incluso en gestionar el tiempo empleado para contarlas.

En este sentido, la pluralidad informativa que pretendemos exista en la III República parte de un principio muy básico: la verdad sólo puede abrirse camino si todas las ideas, si todas las opciones, tienen cabida en el arco informativo. José López, en su artículo "De la desinformación", nos dice textualmente: "Cuando no se dan datos, cuando no se dan suficientes, cuando los datos son confusos, cuando se dan para lo negativo pero se obvian para lo positivo o al revés, cuando no se dan las fuentes de los mismos, cuando se descontextualiza, cuando simplemente se dan opiniones no suficientemente razonadas, cuando no se dan las mismas opciones a las partes enfrentadas, cuando no se concreta, cuando no se profundiza, no se informa (...). Es propaganda disfrazada de información. Es subjetivismo disfrazado de objetividad. Es religión disfrazada de ciencia". Es evidente que no podemos combatir todas las prácticas de manipulación informativa, pero también lo es que tenemos la obligación (en un sistema que se llame democrático) de que los medios de comunicación públicos no practiquen la desinformación, y de restringir mucho el poder de que los medios privados lo hagan.

Por tanto, esta República de la Información que queremos deberá combatir con fuerza estos fenómenos. Porque ésta es la filosofía general de funcionamiento de los actuales medios de comunicación de masas, gobernados también (¡cómo no!) por el desaforado capitalismo. Son transmisores de opinión camuflados, son medios de adoctrinamiento. En los programas informativos no hay información, en los programas de debate no hay debate, en los programas documentales no hay profunda explicación y fundamento. Y el derecho a la información debe constituirse en un derecho público ciudadano de primer orden. Por ejemplo, el cuestionamiento del capitalismo es un tema tabú para la prensa del sistema. Incluso el cuestionamiento de la actual democracia. Y no es democrático un país, como el nuestro, que desmonta sin más medios de comunicación públicos, como ha ocurrido en Valencia con Canal 9. Si queremos documentarnos sobre estos temas, hemos de dirigirnos a la prensa alternativa, sobre todo la que está presente en Internet (de la cual hemos recomendado ya muchos sitios). En última instancia, se trata, desde los medios de desinformación, de anular el pensamiento libre y crítico, y de instalar el pensamiento único, el pensamiento dominante, maximizando la manipulación y la alienación sobre los (des)informados. Este es el panorama.

En concreto y para combatirlo, proponemos al menos la consecución de las siguientes medidas, condiciones y objetivos:

1.- Deberá limitarse la capacidad de conformación de oligopolios de la comunicación, mediante el impedimento para la posible concentración de las cadenas privadas en pocas manos.

2.- Deberá incluirse el principio de neutralidad de los medios de comunicación públicos en los procesos electorales.

3.- Deberá defenderse el carácter público de los medios de comunicación públicos, prohibiendo expresamente su privatización.

4.- Deberá prohibirse la limitación por parte del Gobierno de la utilización de las redes sociales, salvo cuando sus contenidos puedan ser delictivos, o contrarios a los valores democráticos.

5.- Deberá protegerse la independencia y profesionalidad de los periodistas y demás agentes de la comunicación, mediante la previsión constitucional de la figura de un Estatuto del Profesional de los Medios de Comunicación.

6.- Deberá preverse constitucionalmente que el Director/a de los medios de comunicación públicos sea elegido por el Congreso de los Diputados, y no nombrado por el Gobierno.

De esta forma, podremos consagrar un mínimo contexto de respeto institucional y garantías de independencia y pluralismo informativo, y restringir al máximo las posibilidades de manipulación informativa de los medios de comunicación. Continuaremos en siguientes entregas.