Reforma Constitucional: el engaño nacional

No me resisto, queridos lectores, a seguir escribiendo sobre las muchas falacias que han contado y siguen contando los políticos, sobre todo los del famoso consenso PP-PSOE, en torno a la necesidad de reformar la Constitución en los puntos expresados, y para conseguir el fin expresado. Para los lectores interesados, les proporcionaré algunos enlaces a documentación diversa donde pueden encontrar más amplio material en torno a la explicación y el rechazo a dicha reforma.

De entrada, tenemos una genial carta que dirige Jose Luis Sampedro al presidente del Gobierno, publicada en este enlace, donde, siempre con la talla intelectual y expresiva de uno de nuestros mejores filósofos y escritores, dedica tremendas lindezas al dirigente político, en contra de la susodicha reforma. Pero es que, como decimos, todo lo expresado por ambas fuerzas políticas es una falacia, todo es un tremendo engaño a la ciudadanía para poder conseguir sus objetivos, y responder a las presiones de terceros actores (léase los gobiernos más neoliberales de la UE, los mercados y las Instituciones del mismo cariz) a los que se someten.

Por ejemplo, en este díptico se explica perfectamente el objetivo real de la reforma, y los diferentes enfoques contrarios a la misma, muy bien documentados. En efecto, todo obedece a la necesidad de imponer los criterios reflejados en el consenso de Bruselas, que pudo retrasarse un poco gracias al voto negativo que dieron algunos países (franceses e irlandeses) al referéndum sobre la Constitución Europea, y que ahora intenta burlarse con la adopción de todas estas medidas que sólo benefician a los Mercados Financieros. En efecto, si desde la Constitución se da prioridad absoluta al pago de la deuda, esto quiere decir que ésta se pagará siempre antes que cualquier servicio público, como una pensión o una factura por un trabajo hecho para la Administración Pública. Se resentirán servicios públicos universales, como la educación o la sanidad, pues en tiempos de crisis como los actuales, se necesita más inversión pública para estimular el consumo, salir de la recesión y crear empleo.

Se da la brutal paradoja de que la principal causa del actual déficit público ha venido precisamente por tener que aportar dinero para salir al rescate de Bancos y Aseguradoras, precisamente las empresas que han causado la crisis, y ahora ese capital financiero quiere asegurarse (por eso impone esta norma a los gobiernos) de que va a cobrar el dinero que presta por encima de cualquier otra cosa. Ya advertíamos de la insaciabilidad de estos mercados, y de cómo ninguna medida de las que se están tomando en el seno de la UE va a ayudar a salir de la crisis, pero sí a salvar a los Bancos de sus problemas, que ellos mismos han generado, arrastrando a toda la ciudadanía, y empobreciendo a toda la sociedad.

Hemos de partir de la base de que el déficit es un buen instrumento de política económica, sabiendo manejarlo bien, y no intentando demonizar, como hacen ambos partidos mayoritarios, la situación de excesivo déficit público. De hecho, el déficit es lo que nos permite que podamos invertir en infraestructuras a largo plazo, desarrollar unos servicios públicos de calidad, o hacer inversiones de impacto no tan inmediato, como las de los campos de Investigación y Desarrollo, o protección medioambiental. ¿Cómo llegamos a dichas situaciones de déficit? La situación más normal es que los inversores compran deuda pública soberana del Estado (en forma de Letras, Obligaciones o Bonos), pero estos inversores, que aplican únicamente la lógica del capitalismo, quieren cobrar los mayores intereses, y para lograrlo, especulan (básicamente con operaciones a corto plazo) para debilitar la confianza en un país, y por tanto su deuda. Es así de sencillo, y completamente indignante que los gobiernos hayan "permitido" (favoreciendo y dando cada vez más peso al capital) que se pueda llegar a estas situaciones.

Pero es que además tienen el descaro de intentar convencernos de que no hay otro camino posible, de que no hay alternativas, de que ésa es la única política que se puede practicar. Desde la izquierda afirmamos rotundamente que SE PUEDEN PRACTICAR OTRAS POLÍTICAS, lo que ocurre es que van en la dirección contraria a las propugnadas por el capitalismo: la lucha eficaz contra la economía sumergida y el fraude fiscal, que las rentas del capital tributen como las del trabajo, que los más ricos paguen más impuestos (recuperar impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones), que las grandes empresas estén más gravadas que las pequeñas, además de incorporar un impuesto especial para la Banca y para todas las transacciones financieras (ITF). Con todo este plan se reduciría el déficit por la vía del aumento de los ingresos, en vez de por la vía de la disminución del gasto, como tanto propugnan los partidos mayoritarios.