Sobre incompatibilidades en las esferas pública y privada

De unos años para acá se está instalando mucho entre nuestros políticos la opción del trasvase de actividades entre las esferas pública y privada, al igual que ocurre entre los empresarios, que optan también por dedicarse a la política. Esto es un fenómeno internacional, no circunscrito sólo a España, pues basta con ver de dónde vienen los candidatos del Partido Republicano en USA, o de algunos países latinoamericanos, por citar dos ejemplos bien recientes. Desde la izquierda, nos parece un fenómeno tremendamente preocupante, porque son dos esferas con filosofías y funcionamientos completamente distintos, e intentar asemejarlos o intercambiarlos, pensamos que es un tremendo error, que nunca trae (salvo las honrosas excepciones de rigor) buenas consecuencias.

Es evidente el conflicto de intereses entre las esferas pública y privada, que incluso se da entre las empresas públicas y las privadas, y estamos asistiendo, como digo, a un incesante trasvase entre profesionales de ambas esferas, protagonizados por altos cargos, Consejeros, Directivos, empresarios y políticos. Sería interminable la lista de antiguos Ministros, Secretarios de Estado y Altos Cargos de la Administración Pública que se encuentran hoy en las filas de grandes empresas privadas, incluyendo a los dos ex Presidentes del Gobierno, Felipe González (en Gas Natural) y José María Aznar (en Endesa). Y para colmo, desde la izquierda hemos planteado ya varias veces la incompatibilidad de sueldos y pensiones de la Administración Pública, con los sueldos cobrados en el sector privado, propuestas que han sido sistemáticamente rechazadas por el tándem PP-PSOE.

Pero incluso en el actual Gobierno del Partido Popular, tenemos varios Ministros que vienen del sector privado, y por tanto de haber estado trabajando para intereses que nada tenían que ver con lo público, y que ahora sacan pecho como firmes defensores de la austeridad, cuando han sido responsables de grandes empresas del sector privado, justo aquéllas que defienden un adelgazamiento del Estado y del propio sector público. Luego por tanto, que no se empeñen en disimularlo, porque se les ve el plumero a tres leguas de camino. Pensamos que el sistema de incompatibilidades y la regulación de los conflictos de intereses debería ser mucho más exigente de lo que es en la actualidad, y no permitir a la ligera dichos trasvases tan alegres entre ambos sectores.

El último ejemplo que ha saltado a la palestra ha sido el de la ex Ministra de Economía con el Gobierno de Zapatero, Elena Salgado, que ha aceptado la propuesta para ser Consejera de Chilectra, la distribuidora en Chile del grupo Enersis de Endesa. Hasta ahora el sistema de limitaciones e incompatibilidades es muy ligero, pues no solo permite compatibilizar sueldos que se cobren del sector público con otros procedentes del sector privado, sino que únicamente en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, se establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos -donde se incluyen los miembros del Gobierno- no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

Así, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los ex miembros del Gobierno deben efectuar ante la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, declaración sobre las actividades que vayan a realizar con carácter previo a su inicio, y será esa Oficina quien se pronuncie sobre la compatibilidad de la actividad a realizar.

Y para el caso de la señora Salgado, y tomando las palabras de Alberto Garzón, “es difícil pensar que una ex vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía personalmente, por delegación o sustitución, no haya dictado resoluciones en relación con una empresa como Endesa. O que no haya intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dicha empresa. Estos son los dos supuestos que fija la ley para considerar que existe relación directa a la hora de limitar el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese”.

Pero en cualquier caso, nos parece poco edificante esta práctica empresarial de fichar a políticos, seguramente para aprovecharse de su lista de contactos y de su capacidad de influencia. Sin menospreciar otras habilidades de nuestros servidores públicos, lo cierto es que, cuando menos, se trata de operaciones poco transparentes que redundan al final en un deterioro de la propia democracia. Además, los ex altos cargos se ponen al servicio de empresas que, en muchas ocasiones, fueron de titularidad pública en el pasado, y cuyos intereses no suelen coincidir con los de la mayoría de los ciudadanos.

Por tanto, desde la izquierda volvemos a insistir en la idea de la estricta regulación sobre los posibles trasvases de "personal" entre los sectores público y privado, que únicamente pueden conllevar un intercambio ilícito de intereses, y una mezcla de competencias con objetivos muy diferentes, con la consiguiente pérdida de credibilidad de la clase empresarial y de la clase política. Al final, como siempre, son los ciudadanos los más perjudicados.