Sobre la propuesta de reforma de las Administraciones Públicas

El pasado viernes presentó la Vicepresidenta del Gobierno el nuevo Plan de Reforma de las Administraciones Públicas, surgido durante más de 7 meses de trabajo en el seno de la Comisión CORA, que da nombre al proyecto. Vamos a analizarlo brevemente en las próximas líneas, para desmontar algunas falacias que contiene. De entrada, nada bueno puede esperarse de un Gobierno cuya permanente obsesión es recortar (en el más amplio sentido del término) el tamaño de la Administración Pública, mientras favorece e insta continuamente a la formación de empresas y emprendedores. Por mucho que quieran adornarlo bajo ese supuesto halo de modernidad, la reforma esconde recortes puros y duros, manifestados bajo las diferentes formas de pérdidas de puestos de trabajo, recortes en competencias, eliminación de organismos, edificios, sedes y empresas públicas, y en última instancia, disminución de la democracia.

Se diría que actúa a compás de las populistas peticiones que piden que haya menos políticos, mientras no recortan en privilegios de dichos políticos, en número de asesores de los mismos (personal nombrado a dedo) ni ataca a las Administraciones que resultan obsoletas, como las Diputaciones Provinciales. Bajo la cansina excusa de recortar el gasto público y de ahorrar en las Administraciones, el PP vuelve al ataque de la democracia, al igual que ya lleva haciendo la avanzadilla de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. Bajo la falsa coartada del ahorro, pues, no podemos recortar la democracia, decrementando el número de diputados autonómicos, ni eliminándoles el sueldo. Si tuviéramos que resumir en una palabra lo que se esconde detrás de este proyecto del PP, esa palabra sería "RECENTRALIZACIÓN". Esto es, casi todas las medidas poseen un cierto carácter de reproche a las Administraciones Autónomicas, en el sentido de utilizar recursos públicos para un montón de instancias de representatividad que se pueden eliminar. Y este es el objetivo final de esa "racionalización" propuesta.

Y como escaparate, nos colocan esa cifra seguramente inflada de un supuesto ahorro de 37.700 millones de euros en cuatro años, a costa, como decimos, de anular instancias y edificios públicos, empresas y fundaciones públicas (como el Instituto de la Juventud), eliminar, privatizar o recentralizar servicios públicos, destruir empleo público, y alejar al ciudadano de la Administración. Utilizan Internet como otro gran reclamo de esta reforma, cuando lo primero que deberían garantizar es que el acceso a la RED sea efectivamente un derecho gratuito y universal, y no prestado por proveedores privados de servicios. Por mucho que centralicen en un portal de acceso único toda la gestión con la Administración, ¿qué pasará con las personas que no saben o no pueden utilizar Internet? La supuesta modernidad representada, por ejemplo, por las facturas electrónicas, no puede esconder una utilización torticera de la Administración de cara al ciudadano.

También se inmiscuye en la propia financiación autonómica, pues está previsto que el Ministerio de Hacienda retenga a las Comunidades, de sus sistemas de financiación, la cantidad correspondiente a la deuda que acumulen con sus proveedores, cuando éstas hayan incumplido durante más de cuatro meses consecutivos en más de 30 días el plazo máximo fijado para abonar sus facturas (un mes). Está prevista la reforma de hasta 57 Organismos públicos, y la posible supresión de 90 Observatorios autonómicos y estatales. Además, el Gobierno tiene la intención de suprimir 17 de las actuales 48 Fundaciones del Estado. Instituciones como los Defensores del Pueblo de cada Comunidad, o los Institutos de Meteorología autonómicos, figuran entre las propuestas de supresión. Todo ello, como siempre, bajo la bandera del ahorro conseguido con la eliminación de todas estas instituciones públlicas. Si ya muchas veces el número de quejas de los Defensores del Pueblo autonómicos es astronómica, ¿nos va a defender mejor el Defensor del Pueblo Estatal?

Tienen la desfachatez de argumentar que quieren eliminar de la Administración todo lo superfluo, cuando lo que en realidad deben eliminar no es el empleo público, sino los privilegios de la casta política, las Administraciones obsoletas, y dar un impulso a la localidad en la Administración, es decir, potenciar el Municipalismo y el apoyo y financiación a las Comunidades Autónomas. Bajo las falsas banderas del ahorro y la eficiencia en la gestión (como por otra parte también argumentan para desmantelar la Sanidad Pública en Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha), lo que se esconde es un encubierto proceso de recentralización, invasión de competencias y recorte de empleos públicos. Así no tendrá que venir Bruselas a decir, como hace con Grecia o Portugal, cuántos funcionarios públicos sobran en España, y Rajoy podrá en su momento (ya lo está haciendo) sacar pecho para demostrar lo buen alumno que es, y lo bien que aplica los criterios de la Comisión Europea en nuestro país. En definitiva, un nuevo plan de ataque neoliberal a nuestras Administraciones Públicas, disfrazado de ahorro, eficiencia y modernidad.