Sobre los recortes del Gobierno Andaluz

Hace varios días que la Junta de Andalucía hizo público su Plan Económico-Financiero de Andalucía para el período 2012-2014, y en él publicó su compromiso de ajuste para cumplir con la reducción del déficit al 1,5% que todas las Comunidades Autónomas del Estado español están "obligadas a respetar". Pues bien, esto se va a concretar en que la Junta ha de modificar en 3.500 millones de euros el presupuesto de la Comunidad para 2012, en concreto aumentando en 1.000 millones la previsión de ingresos, y reduciendo en 2.500 millones la previsión de gastos. Básicamente, el aumento de ingresos se va a conseguir vía aumento de impuestos (IRPF sobre todo), y la reducción del gasto con la bajada de sueldo de los empleados públicos.

En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia), como consecuencia de la reducción de Consejerías, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración General del Estado, lo que conllevará una reducción del 5% en las retribuciones del Presidente de la Junta, Consejeros, Viceconsejeros y personal asimilado. Por su parte, y en aplicación de la normativa estatal, se aumentará de manera "flexible" la jornada laboral a 37,5 horas de los empleados públicos, a los que se les disminuirá las horas extraordinarias. La reducción salarial oscilará entre el 0 y el 6,5% según las categorías, aunque el personal laboral fijo y el funcionario interino, así como el laboral temporal, verán reducida su jornada y por tanto el salario, en un 15%.

Además, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de junio y diciembre, y se reducirán en el sector público aquéllos complementos que no formen parte del salario base. También disminuirán un 10% las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable. Y respecto a los ingresos, destacan las medidas de ajuste en materia fiscal, de forma que se modifica en los últimos tramos la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5% en el caso de rentas entre 60.000 a 120.000 euros, y al 25,5% para rentas mayores a los 120.000 euros. Se multiplicará también por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre la Venta de Minoristas de Determinados Hidrocarburos, hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo agrícola.

Otras medidas adoptadas son la subida del tipo de gravamen general en Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5%), y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas. Se recoge además una reducción del 50% de la flota de vehículos de altos cargos. Se elimina la partida de protocolo de altos cargos y directivos de empresas públicas, salvo Presidente y Consejeros. Se baja un 50% la partida de información y publicidad, y un 15% los arrendamientos e indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas. Por último, también se avanza en el programa de plataforma de compras sanitarias, con un ahorro estimado de 100 millones, y se recoge la "reprogramación" de unos 570 millones de euros en inversión pública, de forma que no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales.

Bien, hasta aquí las medidas adoptadas, de forma resumida. Se me vienen a la mente muchos comentarios, muchas frases, muchas opiniones, muchos mensajes, así que me cuesta un poco de trabajo ordenarlo todo para exponerlo a mis lectores. De entrada, hay que reconocer que, comparando este "tipo" de recortes con otros "tipos" de recortes llevados a cabo por otras Comunidades Autónomas, se ven claramente las diferencias (en cuanto a las prioridades) entre un gobierno de izquierdas y otro de derechas. Efectivamente, o al menos de momento, no se han sobrepasado esas "líneas rojas" que se comprometieron, en lo que se refiere a no tocar el alcance de los servicios públicos básicos (Sanidad, Educación, Dependencia, Servicios Sociales). Desde este punto de vista, son unos recortes mucho más "sociales" que los llevados a cabo por el Gobierno Central, o por otras Comunidades.

Pero más allá de la orientación de los recortes en sí, lo que quiero manifestar y denunciar, al hilo de lo que ya he expresado en otros artículos, es la propia práctica del recorte. Me pongo en la piel y opino desde la perspectiva de un votante que haya votado a Izquierda Unida, porque, como le habíamos dicho, esperábamos de él/ella el voto rebelde, y que ve que se conforma en Andalucía un Gobierno conjunto de IU con el PSOE, y que ve cómo las prácticas que se generan desde ese Gobierno vuelven a ser las mismas que las del Gobierno anterior, que las del Gobierno Central anterior, y que las del Gobierno Central actual. Son al fin y al cabo las mismas prácticas, las mismas ideas.

"Ideas fósiles", como las califica Pedro Vaquero, en uno de sus artículos. La clase trabajadora no va a entender cómo la única fuerza política que siempre está con ella, cuando llega al Gobierno (aunque ya sabemos que tenemos una representación muy limitada) también se alinea con las usuales prácticas de recorte. Desde ese punto de vista, no se distingue de los demás Gobiernos. Sigo sosteniendo que Izquierda Unida no debe aceptar los recortes ni siquiera "por imperativo legal".

Y aunque se diga que son medidas que no se comparten desde el propio Gobierno Andaluz, que son injustas, que son temporales y reversibles, y que animamos a la movilización ciudadana en contra de ellas (al menos eso es lo que se ha dicho por parte de los dirigentes de IU), lo cierto es que al final tenemos un Gobierno que se sigue plegando a las medidas de recorte, es decir, al más de lo mismo. Decía la Consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que "si el Estado cumpliera con la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto, y reconociera los 1.504 millones de euros que no se han invertido en Andalucía durante los años 2008 y 2009, el ajuste en gasto podría haber sido sólo de 1.000 millones". Pero estos razonamientos tampoco nos valen. Salvando las distancias, son los mismos que argumenta continuamente el Presidente Catalán, Artur Mas, para convencer sobre la necesidad de sus recortes, y de que se han de tomar porque son "imprescindibles" ante la situación creada (en su caso, la deuda del Gobierno Central con Cataluña).

Se me hace difícil separar, pues, mi vertiente idealista de mi vertiente realista. Por un lado, comprendo que sean recortes que han surgido de la imposición de unas cuentas, de unos números y de unos límites que ha marcado el Gobierno Central (a su vez marcados por Bruselas), bajo amenaza de intervención para las Comunidades que los incumplan. De otro lado, sigo sin comprender porqué la izquierda se deja atrapar en estas situaciones, se hace cómplice de ellas. Ya manifesté en mi artículo "Sobre la participación de IU en el Gobierno Andaluz" que me preocupaba esta situación, la situación de complicidad con un Gobierno que va a acatar las normas impuestas por el Gobierno Central, que a su vez sabemos que vienen impuestas por los mercados.

Y también avancé esta situación en mi artículo "Andalucía: la irreductible aldea ibérica", cuando afirmaba que la izquierda debe seguir siendo fiel a sí misma, al voto de los de abajo, al voto rebelde e insumiso. Pues si nos sumamos a la deriva actual, si nos convertimos en partícipes, cómplices y corresponsables de esta situación, vamos a perder mucha de nuestra credibilidad, que radica precisamente en ofrecer alternativas distintas al modelo establecido.

Pero en fin, no quiero que mis críticas anulen la parte positiva de los recortes, es decir, el punto de vista diferente y distinto de los recortes andaluces en comparación con otros recortes de otras Comunidades, y esperemos que nuestra imagen como fuerza de izquierda coherente y auténtica no se manche demasiado. En la medida en que sigamos participando en medidas que actúan como correa de transmisión del sistema vamos a seguir deteriorando la confianza que el electorado de izquierdas pueda poner en nosotros.

Como ya he expresado otras veces, tenemos que hilar muy fino para intentar, desde nuestra modesta fuerza en el Parlamento y en el Gobierno andaluz, destacarnos hacia la izquierda, obtener un saldo que se balancee hacia la izquierda, sólo así podremos recuperarnos de la pérdida de confianza generada con la implantación de estas medidas. Por tanto, quiero finalizar destacando precisamente la ruptura con la orientación neoliberal que los recortes del Gobierno Andaluz realizan, es decir, se alinean de otra forma, priorizan de otra forma.

Vamos a comprobarlo: un Gobierno del PP en la Junta de Andalucía habría propiciado el despido directo de 30.000 empleados públicos, habría deteriorado la calidad de los servicios educativos y sanitarios, y habría reorientado la subida de impuestos de forma más injusta que la que se acaba de hacer. Igualmente, habría fomentado procesos de eliminación del sector público, así como privatizaciones de empresas públicas. Es justo lo que está haciendo en las Comunidades Autónomas donde gobierna.

Por tanto, IU ha sido coherente con las cuatro líneas rojas que se advirtieron en el Acuerdo Político-Programático con el PSOE-A que no se iban a traspasar, a saber: la defensa del empleo, la defensa de la Educación Pública, la defensa de la Sanidad Pública, y la protección de las Instituciones Públicas y Empresas Públicas, enfrentándose a su deriva privatizadora. Y además de todo ello, se van a recurrir al Tribunal Constitucional todas las medidas que afecten a la pérdida de soberanía andaluza, recortando y/o eliminando la independencia y la capacidad de decisión de nuestro autogobierno. Finalizo tomando las palabras de Manuel Morales, Coordinador Provincial de IU en Granada, quien ha afirmado: "Que nadie se confunda. Quien recorta es el PP de Rajoy. Quien sufre el recorte es Andalucía, y el Gobierno Andaluz actúa para evitar que se haga aún más daño al pueblo andaluz".