Un Decreto para la Función Social de la Vivienda

Pocas veces ocurre que nos encontramos con que una norma legal nueva viene a modificar sustancialmente, para mejor, la vida cotidiana de la gente. El pasado día 9 ocurrió. Y ocurrió, afortunadamente, en el Gobierno andaluz. Nuestra joven Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de Izquierda Unida, presentó el nuevo Decreto-Ley para la Funcion Social de la Vivienda, que viene a decretar, por fin, un gesto de política para las personas. Gracias a él, volvemos a recuperar la esperanza de que es posible avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, más humana y racional. Aunque llega ciertamente tarde, y continúa siendo por sí misma una medida insuficiente, como luego comentaremos, los andaluces y andaluzas por fin podemos contemplar cómo nuestro Gobierno reacciona ante un crimen social de primer orden, como son los deshaucios.

Se sientan las bases para realizar políticas más adecuadas para la sociedad, que sitúen la Vivienda como un Derecho Humano Fundamental, y prohíban o dificulten su vertiente de negocio. Una situación de 45 ejecuciones hipotecarias diarias en nuestra tierra (más de 85.000 desde 2007) era realmente insostenible. La Vivienda entendida como objeto de especulación tiene sus días contados en Andalucía. Se establece la expropiación temporal (por un máximo de 3 años) del uso de las viviendas ante la inminencia de un deshaucio, en casos de riesgo de exclusión social, o amenaza para la salud física o psíquica de las personas. Establece también la creación por primera vez de un Registro Oficial de Viviendas Deshabitadas, contribuyendo a arrojar luz oficial sobre las manipuladas estadísticas que de dichos datos hace el sector bancario.

El anclaje jurídico de la medida está completamente documentado, por mucho que desde la derecha política y mediática de este país se haya tardado bien poco en anunciar su recurso a los Tribunales, si la medida se ponía en marcha. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, pasando por la Constitución Española, y el artículo 33 de la misma, que establece la Función Social del Derecho a la Propiedad, que queda supeditado al interés general, en casos como el que nos ocupa. El Decreto se dirige y carga sobre todo contra las personas jurídicas que mantengan viviendas vacías, tales como los Bancos, las Inmobiliarias, y las Sociedades Promotoras y Constructoras, con sanciones de hasta 9.000 euros.

Y en cuanto a las personas físicas que vayan a ser deshauciadas, podrán acogerse a esta medida siempre que la vivienda sea la habitual, que el préstamo hipotecario corresponda a dicha vivienda, que no existan miembros de la unidad familiar a desalojar que posean otras viviendas, que el lanzamiento pueda generar una situación de exclusión social, que exista menoscabo de las condiciones económicas que provocaron dicha situación sobrevenida, que el coste de la hipoteca suponga más de un tercio de los ingresos familiares, o bien que el esfuerzo de dicho pago se haya incrementado en un factor de un punto y medio. El precio de la expropiación forzosa se establece por parte de la Junta mediante el pago del 2% del justiprecio de dicha vivienda. Dicho todo lo cual, tenemos que insistir en que, aunque se trata de una medida justa y enmarcada plenamente en nuestro ideario de izquierda, valiente y transformadora, se queda a todas luces insuficiente, si no va acompañada, no sólo en el ámbito de la Vivienda, sino en el resto de políticas sociales y económicas, de un paquete superior de medidas que reorienten las mismas y provoquen un clima que permita revertir la actual situación, hacia una mayor protección social de las personas.

Y como era lógico esperar, y no podía ser de otra manera, el nuevo Decreto-Ley ha levantado ampollas en la derecha política y mediática de este país. Enseguida que se anunció, los voceros del neoliberalismo se aliaron para criticarla con fuerza, no sin grandes dosis de demagogia, incluso de ridiculez, por lo cual se les ve el plumero a leguas de distancia. El sector bancario y de las empresas promotoras ha puesto el grito en el cielo, prometiendo recurrir la medida en cuanto entrara en vigor, hecho que ya se ha producido, pues además ya se han beneficiado de la misma las primeras familias. Por lo demás, vamos a dejar que los perros sigan ladrando, porque será señal de que les estamos haciendo daño donde más les duele, en este caso en su sagrado concepto de la propiedad privada. Dudas como por ejemplo en lo referente a su encaje legal y constitucional, argumentos sobre la posible incompetencia de la Junta para llevarla a cabo, y los más aguerridos conservadores, clamando porque se trata de "una medida comunista y bolivariana". No les hagamos caso, todo esto es señal de que estamos en el buen camino.