Una política para las personas (III)

Nos hemos hecho ya muchas preguntas, de varios tipos, sobre todo de índole económica, en los artículos anteriores de esta serie, como para que ya sepamos por dónde pueden ir los tiros, y podamos a partir de ahí comenzar a construir, al menos a vislumbrar, las posibles soluciones. Porque reflexionar sobre todas esas preguntas nos lleva de forma inevitable a una conclusión que constantemente se procura, por desgracia con éxito, que no forme parte del debate social: no es verdad que el paro, la crisis, la pobreza o el reparto tan desigual de la riqueza sean el resultado de que fallan unos mecanismos de ingeniería, como los de un reloj, que no tienen  nada que ver con los individuos y su posición social y que, por tanto, deban ser resueltos por técnicos, como suelen decir los neoliberales.

Ello nos está llevando a la aberrante situación de que algunos países estén gobernados por tecnócratas, es decir, gente que nunca se presentó a unas Elecciones, porque no son políticos, son sólo técnicos, a los que les importan bien poco las personas, sino el resultado de su gestión. Para las gestiones de tipo técnico ya tenemos a funcionarios muy bien preparados, pero los políticos deben estar por encima de ellos, tomando las decisiones políticas, y argumentando porqué se toman, sin manipular a la sociedad, como ahora ocurre, intentando propagar el pensamiento único de que las medidas que se toman son totalmente imprescindibles, cuando no es así. Nos quieren trasladar lo buenos que son y lo mucho que miran por la ciudadanía, adoptando esas "difíciles y duras" medidas, aunque no quieran, porque no se pueden tomar otras. No nos dejemos engañar, no es más que una pura manipulación social en pro de sus intereses.

Más bien al contrario, todas estas paradojas, todas estas contradicciones y todos estos problemas aparecen precisamente como consecuencia de que las personas tenemos una capacidad muy desigual a la hora de dar valor o de hacer efectivas nuestras preferencias. Si todos los seres humanos tuviéramos semejante capacidad para ello, estaríamos de acuerdo en que lo prioritario a la hora de decidir a qué se van a dedicar los recursos, no es que el 75% de la riqueza se la apropie el 1% más rico, o que el 0,0035% de la población española controle recursos por valor del 80,5% del PIB, como hemos visto que ocurre. Sino que por el contrario, lo adecuado sería que se repartieran entre todos, para que todos pudiéramos vivir con nuestras necesidades más o menos igual de cubiertas y de satisfechas.

Pues bien, hacer que las personas sean lo primero significa exactamente eso: obligar, por ejemplo, a evaluar antes de tomar una medida económica sobre a quién va a beneficiar y en qué medida, y dar la posibilidad a la gente para que se pronuncie sobre si, a la vista de todo lo cual, quiere que se adopte o no. Pensar en las personas implica también una buena dosis de democracia participativa, de llevar la acción democrática no sólo a la mera testimonial de votar cada cuatro años, como se hace ahora, sino de hacer al pueblo partícipe de cada gran medida que se tome, de cada nuevo gran cambio que se precise, de cada nuevo acontecimiento que ocurra. Desde la izquierda además lo proponemos desde la base, con la elaboración de lo que llamamos "presupuestos participativos" a nivel local, es decir, de los Ayuntamientos y demás entes cercanos, para ser elevados después, mediante los mecanismos oportunos, a niveles autonómicos y del Gobierno Central.

Y por supuesto, todo esto implica, como es lógico y natural, que ningún grupo social, por fuerte y poderoso que sea, como el de los banqueros y grandes empresarios a los que se ha llamado varias veces desde La Moncloa para que dieran sus soluciones a la crisis (a pesar de ser los que más empleo han destruído en España en los últimos años, por cierto), pueda tener la posibilidad de imponer sus propios intereses y criterios al resto de la población sin que medie un protocolo, una metodología plenamente democrática de deliberación y decisión. El actual Gobierno de Rajoy, por ejemplo, no sólo consultó con los principales Bancos privados la política que se debía hacer (incluso antes de nombrar a sus Ministros), sino que hace poco volvió a reunir a dichos empresarios a bombo y platillo, con total agasajo y ceremoniosidad de medios. Todo un lamentable espectáculo, que además incluye el que se les informe de leyes, decisiones y medidas a adoptar antes incluso que al propio Parlamento.

Por fin, hacer que las personas sean lo primero implica igualmente que la sociedad asuma un imperativo ético esencial e irrenunciable que obliga a rechazar cualquier asignación de los recursos que implique la desprotección de los seres humanos, su empobrecimiento y su exclusión, así como toda decisión económica que quite a los que tienen menos para dar a quienes tienen más y de sobra. Y precisamente esto lo estamos viendo con creces en las últimas medidas del Gobierno Rajoy: obsesión por el déficit y el saneamiento de las cuentas públicas, cueste lo que cueste y se lleve por delante a quien se lleve, a la vez que se implanta también una resolución de amnistía fiscal para que sólo tributen al 10% los capitales que no hayan sido declarados. Son medidas auténticamente incívicas, impropias de un Gobierno al que le importen las personas, indecentes,  injustas, obscenas e inmorales, que han de provocar forzosamente una amplia contestación social. Continuaremos en siguientes entregas.