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15 mayo 2015 5 15 /05 /mayo /2015 23:00

Debemos ser capaces de recuperar el frescor del 15-M

Juan Carlos Monedero

Vaya por delante que aún desde el enfoque crítico del presente artículo, consideramos al Programa Marco para las Elecciones Autonómicas 2015 de PODEMOS como el mejor programa político y el más socialmente sensible de cuantos se presentan a dicha cita electoral. Echamos en falta, pero se lo achacamos al ámbito (autonómico) de las medidas, y por tanto al escape de sus competencias, cuestiones relativas a asuntos fundamentales como la disminución del poder de la Iglesia Católica, la recuperación de la Memoria Histórica, o medidas en torno al progresivo desmantelamiento de nuestras bases militares de la OTAN, que esperamos encontrar en el programa electoral de la formación para las próximas Elecciones Generales de finales de año. Se trata de un atractivo documento de 74 páginas con 215 medidas, que vamos a intentar resumir a continuación, que además realiza una muy buena introducción sobre los precedentes y el diagnóstico de la situación a la que hemos llegado, y la necesidad de revertirla, recuperando la dignidad hacia las personas, y el imperativo de gobernar para la gente.

 

El documento resulta bastante vago e impreciso en muchos puntos, como por ejemplo la propuesta sobre el cambio de modelo productivo, del que sólo se enumeran sus grandes líneas de actuación. Aunque ciertamente se contemplan, echamos en falta más medidas en relación a cuestiones medioambientales, a la protección de la vida de los animales, o una mayor presencia de propuestas de corte feminista, que sí que corresponden perfectamente al ámbito de las Comunidades Autónomas (además del estatal), y que, o bien no aparecen, o bien aparecen de forma bastante tímida e insuficiente. Por lo demás, se trata de un programa muy completo, que recoge medidas generales (a adaptar en el marco de cada Comunidad) de emergencia social sobre vivienda o energía, propuestas sobre muerte digna, residuos o inmigración. Tenemos por ejemplo medidas sobre transparencia y regeneración institucional, con propuestas como la declaración anual de bienes de los cargos electos, o la publicación de la agenda de reuniones de los mismos.

 

Muy tímidas nos parecen las medidas para atajar la corrupción política, pero también suponemos que se complementarán con medidas en otros frentes, y a otros niveles de la propia Administración en subsiguientes programas electorales. En este ámbito, se propone la creación de una Oficina Antifraude, o la creación de un fichero público que recoja los nombres de las personas y empresas condenadas por corrupción, para que no puedan volver a contratar con la Administración. Se propone una reducción drástica de los altos cargos de la Administración autonómica, derivando el ahorro que se produzca por esta vía a la recontratación de personal sanitario y educativo público, despedido desde el comienzo de la crisis. También se propone, cuestión tremendamente interesante, una ley de prohibición de las "puertas giratorias" y de regulación de los grupos de presión (lobbies), endureciendo la incompatibilidad del ejercicio del cargo público con determinadas actividades privadas. Muy acertadas consideramos también las medidas encaminadas a la sensibilización social y ambiental de las empresas contratistas con la Administración, que deberán acreditar el respeto a los derechos de sus trabajadores, cumplir con los criterios de igualdad de género respecto a los salarios, y políticas de promoción interna de carácter paritario. Es de destacar también la creación de garantías para el acceso efectivo a la justicia gratuita. 

 

Muy interesantes nos parecen las medidas sobre la denominada "Administración paralela", para auditar empresas u organismos públicos que eludan los controles administrativos, que no obedezcan a ninguna función o que las tengan duplicadas, o que simplemente funcionen a modo de cajón de sastre para los cargos de confianza, pudiendo también cumplir el objetivo de recuperar para lo público servicios que hubieran sido total o parcialmente privatizados. Pero en cambio, muy tímida nos parece la medida sobre la "evaluación" de la deuda pública de las Administraciones Autonómicas, porque entendemos que más bien debiera exigirse una completa auditoría, en aras de posibles reestructuraciones o impagos para la parte odiosa de la misma. No obstante, también se contempla en el programa la renegociación con el Estado del pago de la deuda pública autonómica, destinando dicho ahorro a cubrir necesidades sociales inmediatas. Interesantes son también las medidas de ampliación de la democracia popular, por ejemplo para articular y garantizar la tramitación de las ILP, con la instauración del llamado "escaño extra" para la defensa ciudadana de las mismas. Y también valoramos muy positivamente la implantación de medidas encaminadas a potenciar lo que podríamos denominar como "Democracia Digital", incorporando paulatinamente procesos, rutinas, pautas, costumbres y posibilidades de práctica democrática mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y comprometiéndose a reducir la brecha digital.

 

En lo referente al empleo, que se inserta dentro de los apartados dedicados a la propuesta (vaga e incompleta) sobre la migración a un nuevo modelo productivo, se propone sobre todo, como medida muy interesante, desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales (de entrada para la Administración Pública), con el fin de repartir el empleo. Como ya hemos indicado en otros muchos artículos, las propuestas de reparto del empleo existente y reducción de la jornada laboral (sin disminución de salarios) nos parecen fundamentales y urgentes para paliar la grave situación de desempleo que padecemos. Se propone igualmente acabar con las políticas de devaluación salarial, así como recuperar gradualmente el poder adquisitivo perdido para los trabajadores/as. Otra medida muy positiva es la recuperación de los recursos humanos para potenciar las funciones (ahora perdidas) de orientación, formación y colocación de los Servicios Públicos de Empleo. También se proponen medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, así como un incremento de las dotaciones presupuestarias de los planes de empleo destinados a mujeres. 

 

Quizá uno de los mayores fiascos de este programa es el hecho de no contemplar una Renta Básica de Ciudadanía de forma íntegra y completa, es decir, radical, en vez de quedarse únicamente en el maquillaje de la medida, proponiendo tan solo aproximar las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) actuales de las Comunidades Autónomas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), añadiendo además la peligrosa coletilla "de forma gradual y en virtud de las posibilidades", lo cual, en la práctica, no garantiza absolutamente nada. En este sentido, creemos que PODEMOS debería haber hecho una apuesta valiente y arriesgada, pero coherente, en torno a la implantación de una Renta Básica Autonómica (RBA) con una cantidad similar al SMI, pero de carácter universal, sustituyendo todas las posibles prestaciones y ayudas públicas previamente existentes. Y ello porque creemos, como ya hemos expuesto en muchos otros artículos, que representa una medida no sólo que contribuiría de forma contundente a erradicar la pobreza y la exclusión social (y por tanto haría innecesarias las otras medidas de ayuda social, como los bonos para los servicios básicos), sino que además, como medida anticapitalista, contribuiría al empoderamiento de la clase trabajadora. Pero en fin, no descartamos que la formación de Pablo Iglesias realice una propuesta de este tipo para las próximas citas electorales. 

 

Muy correctas nos parecen, por contra, todas las medidas relativas a la fiscalidad, que entendemos representan la base para corregir todas las tendencias regresivas que aquejan a nuestro sistema fiscal, para ir evolucionando hacia un sistema fiscal auténticamente justo y progresivo, donde contribuya más quien más tiene y quién más gana. Los límites sobre los que se actúan nos parecen aún bastante moderados, pero estamos en el buen camino. Se plantea la recuperación efectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, así como la disminución del mínimo exento (de 700.000 a 400.000 euros) y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. Asímismo, se recupera el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con la característica fundamental de asegurar que las situaciones de pobreza no puedan ser determinantes de renuncias indeseadas a la herencia. Y en cuanto al IRPF, se intensificará la progresividad fiscal del tramo autonómico, reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros, y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a 50.000 euros. Se proponen también nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica y sobre actividades de alto riesgo ambiental. 

 

Y también nos parecen positivas las medidas de rescate sobre el endeudamiento de personas, familias y empresas, mediante la instalación del procedimiento judicial simplificado para poder reestructurar y/o cancelar deudas. Y por supuesto, se incluye la medida estrella, totalmente necesaria, de la dación en pago con carácter retroactivo, para todas las personas que hayan entregado la vivienda al banco, y aún conserven deudas con la entidad financiera, proponiendo además que se limite la deuda hipotecaria al valor real del inmueble. Y también muy positivas son las medidas en torno a la posesión de cierto número de viviendas vacías, que persiguen, en última instancia, acabar con el hecho de considerar a la vivienda como una mercancía más, en vez de como un derecho humano. A este respecto, se contempla incluso la creación del Servicio Público del Derecho a la Vivienda, con un Consejo de Participación compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil, para coordinar las actuaciones entre la Administración autonómica y los servicios sociales. Este organismo será el que inste a la autoridad judicial para que se paralicen los deshaucios hasta que se encuentre una solución, bien mediante una alternativa habitacional, o bien mediante el acuerdo entre las partes. En su caso, el importe del alquiler de la vivienda no podrá suponer más del 30% de los ingresos familiares. Y al igual que se está exigiendo a la Administración andaluza en las negociaciones para la investidura de Susana Díaz, el programa contempla que los gobiernos autonómicos deberán limitar sus relaciones con entidades financieras a únicamente aquéllas que de manera fehaciente cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desalojos forzosos. Finalizaremos nuestro análisis de las medidas propuestas en la segunda y última entrega de esta serie.

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Published by Rafael Silva - en Política
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