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16 julio 2015 4 16 /07 /julio /2015 23:00

En la actualidad no sólo estamos muy lejos de vivir en un auténtico Estado Laico, sino que observamos cada día manifestaciones del hondo calado que todo lo referente a la Iglesia Católica disfruta en nuestra sociedad. Como muestra un botón: la actual representante del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, fue imputada por un delito "contra los sentimientos religiosos" por "profanar" una capilla universitaria en la Complutense de Madrid, hecho que ha saltado de nuevo a la palestra porque algunos rancios políticos actuales (incluido el representante del PSOE en el propio Ayuntamiento aludido, Antonio Miguel Carmona) han solicitado ya su dimisión del cargo público. Hechos como el citado serían simplemente inadmisibles bajo un auténtico Estado Laico, y no sólo porque dicha manifestación de libertad de expresión no constituyese ningún delito, sino porque no existirían las capillas religiosas (de ninguna confesión) en las Universidades Públicas. Pero podríamos poner miles de ejemplos más: casi en la misma línea del ejemplo anterior, una vez constituidos los nuevos Ayuntamientos gallegos, concretamente aquéllos que han sido renovados con la presencia de las Mareas de unidad popular, los regidores de Santiago de Compostela y A Coruña fueron criticados por su negativa a asistir a un típico oficio religioso, concretamente la Ofrenda al Santísimo Sacramento del Antiguo Reino de Galicia. Más de lo mismo.

 

En esta breve serie de artículos que hoy comenzamos, y basándonos en un documento publicado por Europa Laica en torno a la opacidad de la financiación de la Iglesia Católica en nuestro país, vamos a intentar ofrecer la auténtica dimensión del inmenso poder de esta anacrónica Institución en nuestra sociedad actual. Para una mayor profundización sobre algunos aspectos, recomiendo también a los lectores la serie de artículos "Caminando hacia un Estado Laico", que publicamos hace algún tiempo en este mismo Blog. Bien, comencemos por los antecedentes históricos que nos traen a esta situación. España durante 15 siglos y hasta nuestra Constitución de 1978, con la excepción de los años de la Segunda República entre 1931-1939 y algún otro brevísimo período liberal durante el siglo XIX, siempre ha sido considerada como un territorio católico. La adscripción religiosa "oficial", y por tanto mayoritaria, de la población, ha sido la Católica, y desde nuestra Reina Isabel hasta los tiempos actuales, el poder e influencia de la Iglesia ha sido descomunal. Hay que recordar, como dato histórico, sobre las relaciones del Estado con la Iglesia Católica, que la Constitución considerada como liberal de 1812 proclamaba que el Catolicismo era la única confesión religiosa permitida, iniciándose su preámbulo de la siguiente forma: "En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad", y su artículo 12 expresaba: "La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra".

 

Y aunque se ha avanzado algo en este aspecto, parece ser que el cómputo práctico se hubiera detenido en el tiempo. Existen historiadores que mantienen la tesis de que se debía a la necesidad de "contar con la colaboración del clero en la lucha contra los franceses", pero a medida que retrocedemos en el tiempo, comprobamos cómo el poder de la jerarquía religiosa católica era enorme en todos los aspectos y manifestaciones de la sociedad. Su dominio, poder y control se codeaba con el de los Reyes y Príncipes, y eran los absolutos consejeros reales en todos los asuntos de Estado. El caso no obstante de la Constitución de 1812, avanzada a su tiempo en algunos otros aspectos, no deja de ser paradigmático, pues la imposición del criterio religioso no deja de ser un rasgo fundamentalista e intolerante, que chocaba con el espíritu avanzado (en sentido general) de dicha Constitución, y que rompe, indirectamente, con el resto de derechos allí proclamados, que duraron muy poco, como consecuencia de las tropelías absolutistas del reinado de Fernando VII, uno de los más abyectos personajes de la época. Pero la verdad es que la composición de aquéllas famosas "Cortes de Cádiz" que tratarían de romper con el Antiguo Régimen, era una amalgama de absolutistas y liberales de diferentes ideologías, pero que en sus diversas fases estuvieron presentes nada más y nada menos que hasta un 40% de clérigos. 

 

Ya en 1845, con el reinado de Isabel II, se aprobó la llamada "Ley de Donación de Culto y Clero", que restituía a la Iglesia Católica una parte de los bienes desamortizados, desde 1798 y no vendidos, y firmó con el Papa Pío IX un Concordato mediante el cual el Estado reconocía a la Iglesia Católica como la única de la Nación española, así como sus derechos a poseer bienes. Y aquí podemos situar el precedente histórico e ideológico más cercano a los actuales "Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede" de 1979. Y así, aquél Concordato de 1851 se expresaba en los siguientes términos: "...La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S.M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones". Como podemos observar, toda la pompa, el boato y la solemnidad precisas para declarar que casi era una obligación social profesar la ley católica. Y en materia de enseñanza, disponía lo siguiente: "...En su consecuencia, la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas...". Suponemos que al ex Ministro de Educación José Ignacio Wert le hubiera gustado rescatar estos párrafos, pero hubiera sido demasiado descarado en pleno siglo XXI. Continuaremos en siguientes entregas. 

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Published by Rafael Silva - en Política
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