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24 febrero 2016 3 24 /02 /febrero /2016 00:00

Hace pocos días, cientos de activistas sociales, cargos públicos, intelectuales y académicos, a nivel nacional e internacional, con prestigiosos nombres a la cabeza, tales como Noam Chomsky, Toni Negri o Tariq Ali, han firmado un Manifiesto reivindicando los derechos y libertades civiles, ante los continuos intentos de regresión de los mismos por parte de los diferentes Gobiernos. La protesta se extiende al ámbito europeo, donde el escenario es igualmente de constante deriva represiva, llegando a tomar ya un cariz ciertamente preocupante. Apoyamos desde este Blog dicho Manifiesto, ya que entendemos la consecución plena de estos derechos una garantía mínima y una condición imprescindible para que podamos siquiera hablar mínimamente de democracia. Al amparo de un discurso totalitario y bajo el pretexto de la "guerra contra el terrorismo", los sistemas políticos europeos (el Español a la cabeza) dan muestras del despliegue de mecanismos represores que están anulando progresivamente todo el conjunto de posibilidades de un verdadero Estado democrático, así como criminalizando la legítima protesta social derivada de su deriva recortadora, privatizadora y desmanteladora de los sistemas de protección social. 

 

El Manifiesto puede ser firmado por cualquier lector interesado en apoyar la causa, desde la página web oficial http://www.porlaslibertadesciviles.org, aunque ha sido también publicado en muchos otros medios (Publico, Rebelion, Diagonal, etc.). Y aunque sobre todo se ha circunscrito al intolerable hecho ocurrido en nuestro país en torno al encarcelamiento y criminalización de dos titiriteros bajo la incomprensible acusación de "enaltecimiento del terrorismo", es perfectamente extensible a la criminalización generalizada de la protesta popular que se viene desarrolando desde hace varios años en el contexto español y europeo. Así por ejemplo, en nuestro país destacan el enjuiciamiento de los llamados "8 de Airbus" por un asunto de reivindicación del derecho de huelga, o a nivel europeo, podemos destacar la deplorable gestión de la crisis de los refugiados. No obstante, existe un primer antecedente muy interesante que podemos tomar como referencia, que es el documento titulado "No puede ser progresista un Gobierno que no derogue las Leyes Mordaza", publicado por la Plataforma "No Somos Delito", y que ofrece un marco de referencia muy completo en cuanto a la exposición y al abordaje de este asunto. 

 

Desde este escrito ya se reclaman cinco reivindicaciones que el próximo Gobierno que salga de la actual configuración del Parlamento (si es que sale alguno) tendrá que acometer, si es que quiere ser coherente con lo ya manifestado en su momento, ante la promulgación de estos infames decretos y reformas por parte del Gobierno del Partido Popular. Estas 5 reivindicaciones son las siguientes: derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana ("Ley Mordaza"), derogación de la última Reforma del Código Penal, derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Firma de un Pacto de Estado para la defensa de las libertades y los derechos civiles, y proclamación de una Amnistía Social para todas las personas sancionadas por defender sus derechos. A ello hemos de sumar también la derogación del denominado "Pacto Antiterrorista" (Ley 2/2015), que bajo el oscuro e indefinido pretexto de la lucha contra el terrorismo (sobre todo de carácter yihadista), encubre también serios recortes y limitaciones al sistema de derechos y libertades. Hemos de destacar que en el ámbito internacional, la ONU ya exhortó al Gobierno español a rechazar estas reformas legales antes de su aprobación, porque "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos". En efecto, todas estas leyes y reformas provocan los siguientes efectos y consecuencias:

 

1.- Vulneran derechos fundamentales (como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, y principios internacionales como el derecho de asilo). Son leyes que criminalizan la legítima protesta social, así como la pobreza y la solidaridad. 

 

2.- Están pensadas para silenciar con multas y cárcel las voces críticas con la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos.

 

3.- Suponen el mayor recorte a los derechos y libertades civiles en el Estado Español desde la Transición, constituyendo un cuerpo legislativo represor más propio de los tiempos del franquismo que de sociedades democráticas del siglo XXI.

 

4.- Son creadoras de un nuevo Estado Policial, controlador, represor y limitador de libertades públicas, que responde a su concepto del "orden público" enmascarador de otros problemas sociales, inadmisible bajo un sistema que se dice democrático. 

 

5.- Introducen una serie de conceptos extremadamente vagos e imprecisos en el articulado literal de dichas leyes y reformas, cuya interpretación queda en manos del propio Gobierno, ampliando el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de policía en su actuación.

 

6.- Son marcos legales absolutamente innecesarios, ya que no estamos bajo un estado de alarma social, aunque sí se pretende imponer un cierto estado de excepción. Según los datos oficiales, nuestro país es el tercer Estado de la Unión Europea con menor índice de criminalidad en delitos violentos. 

 

7.- No tienen por tanto ninguna justificación social, ya que no existe una demanda real de la ciudadanía en materia de seguridad. Según el CIS, la inseguridad ciudadana no es una preocupación mayor para los españoles (es percibida como uno de los 3 principales problemas sólo por el 2,4% de la población), mientras que sí lo son la educación, el desempleo, la situación económica o la corrupción política. 

 

 

Reproducimos a continuación el texto íntegro del citado Manifiesto, que puede encontrarse y/o enlazarse desde cualquiera de las páginas web citadas anteriormente:

 

Europa marcha hacia su decadencia. El continente que pretendió emerger de la posguerra como garante de las libertades y derechos civiles, se está hundiendo en la naturalización de la barbarie y en el vacío de una forma de gobierno crecientemente autoritaria. Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente, ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos erradicadas.

En términos económicos, la austeridad no ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento. Antes bien, parece que nos veremos obligados a atravesar un largo periodo de estancamiento, de crecimiento de las desigualdades y de concentración de la riqueza. A su vez y ante el creciente descontento interno, muchos países de la Unión han apostado por una política desinhibidamente represiva. Así se observa en la reducción de la tolerancia institucional hacia la protesta, en la construcción recurrente de la figura del “enemigo interno” y en la centralidad de la “guerra contra el terror” como sustituto del principio legítimo del derecho a la seguridad. Prueba de esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los que la Unión parece tener no poca responsabilidad.

Hasta la propia Francia, en otro tiempo formidable espacio de conquista de libertades y derechos, ha devenido laboratorio de un nuevo modelo dirigido a limitar las libertades civiles. Ante el avance de la extrema derecha interna y los atentados del islamismo radical, un gobierno socialdemócrata se ha arrimado al carro del gobierno securitario y el Estado de emergencia. Otro tanto ha sucedido en Bélgica. Y ejemplos de gobiernos aún más radicalizados (para lo peor) los encontramos en países de Europa del este como Polonia.

España no ha quedado al margen de esta siniestra tendencia a la restricción de derechos y libertades. Aunque las libertades civiles fueron quizás la parte más reconocida y desarrollada en el capítulo segundo de nuestra Constitución, los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales. Así lo hemos visto estos días, con la declaración en la Audiencia Nacional y la prisión preventiva de dos titiriteros por el simple hecho de interpretar una obra de ficción en la calle. También, en fechas recientes, hemos asistido a la celebración del juicio a los “8 de Airbus”, todo un sumario político contra el derecho de huelga y que afecta a los cerca de trescientos encausados por este motivo.

Son simplemente dos casos que se suman a sucesivos cambios de la legislación, como la reciente ley de seguridad ciudadana, también llamada “Ley Mordaza”, que permite los “registros preventivos”, blinda la autoridad policial frente a la palabra de los encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas de derechos realizadas, y se añade a sucesivas modificaciones del Código Penal.

Conscientes de que sin derechos civiles no existe siquiera el basamento mínimo de una democracia, y ante la preocupación por la rápida involución hacia el autoritarismo en muchos países de la Unión, los abajo firmantes exigimos a nuestros representantes políticos en Europa que trabajen por el reconocimiento y ampliación del derecho europeo al asilo y que se establezca algún tipo de carta que, a nivel continental, blinde los derechos civiles.

En la misma línea, pero en relación con la legislación y la arquitectura institucional española, exigimos:

  • La inviolabilidad efectiva de los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. Esto implica la derogación de la Ley Mordaza, así como de todas las formas de represión burocrática para hechos que no constituyen claros comportamientos sancionables.
  • La garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido utilizado contra la movilización de los trabajadores.
  • La independencia efectiva de la judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía del derecho a la Justicia. Dentro de este capítulo cabe considerar la reforma o liquidación de la Audiencia Nacional, que actúa a los efectos como un tribunal de excepción.

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