Arquitectura de la Desigualdad (23)

Otro puntal donde se basa la creciente desigualdad es el que reside (como otra consecuencia más de las mal llamadas políticas de "austeridad", y todas sus "reformas estructurales" derivadas) en el fenómeno de la precariedad laboral. La precariedad, hoy día, ha dejado de ser una situación pasajera, puntual o coyuntural, para convertirse en una situación endémica y estructural. La precariedad vital no es "un" modo de vida temporal para un determinado sector de la población (normalmente, jóvenes), sino "el" modo de vida normal para ellos. Además, se ha extendido también a los trabajadores y trabajadoras menos jóvenes, incluso a los pensionistas, a través de las sucesivas reformas de las pensiones y del mercado laboral llevadas a cabo bajo el pretexto de la crisis. En la actualidad, la precariedad se extiende cada vez a más sectores y a más segmentos de edad, un fenómeno que se conoce como "pobreza activa" o pobreza en la población ocupada. Es cada vez más habitual que los únicos empleos que se generan no ofrezcan a los/as trabajadores/as demasiada seguridad, y en muchos casos, se les contrata por menos horas de las que se necesitan. La precariedad laboral lleva aparejada bajadas de salarios, disponibilidad imprevisible, y baja protección social. Estamos en la era de los "trabajadores pobres", donde poseer un trabajo no garantiza salir de la pobreza.

Pero como los precios sí aumentan aunque los salarios no lo hagan, ello se traduce en una constante pérdida de poder adquisitivo. Las facturas de servicios básicos, la comida, el transporte, todo ello se vuelve cada vez más una insoportable carga. Algunas familias lo han expresado muy gráficamente: "O comemos, o pagamos". Las medidas austeritarias están debilitando los mecanismos que aseguran una mínima cohesión social. Y está demostrado que la desigualdad conlleva graves consecuencias socioeconómicas. Se sabe que unos niveles de desigualdad elevados inciden en un crecimiento de la delincuencia, en un empeoramiento de la salud, incluso en un empeoramiento de los resultados académicos. Y todo ello actúa como un efecto de retroalimentación, ya que la población con mayores ingresos suele ejercer una enorme influencia sobre los responsables políticos de la toma de decisiones, quienes, presionados por aquéllos en espiral creciente, adoptan políticas que favorecen una distribución menos equitativa de la riqueza. Además, las personas con ingresos muy elevados tienen más posibilidades de contar con los medios necesarios para aumentar dichos ingresos, mediante inversiones, información privilegiada y activos financieros. Por tanto, la creciente desigualdad actúa como un acicate para que ésta continúe disparándose, y perpetúe los incrementos de la pobreza, ya que los cambios en la distribución de los ingresos, aunque sean relativamente pequeños, pueden tener una repercusión enorme sobre los niveles de pobreza. 

Pero el impacto de las perversas políticas de austeridad también proyecta peligrosos efectos colaterales fuera de los países donde se aplican. Por ejemplo, la austeridad en la Unión Europea también está acarreando graves consecuencias para el mundo en desarrollo. Muchos países europeos (España incluida) han decidido recortar también en los fondos para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en sus planes de austeridad. Según Oxfam, aunque en 2012 la UE seguía siendo el mayor donante mundial de ayuda, con una contribución de 70.700 millones de dólares (lo que representa la mitad de la AOD mundial), esta cifra supone un descenso en relación a años anteriores. Los 15 Estados de la UE que forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) aportaron 63.800 millones de dólares en 2012, lo cual supone una caída del 7,3% respecto a 2011. Así pues, no resulta sorprendente que muchos Estados miembro se hayan desviado del cumplimiento de sus objetivos de ayuda al desarrollo, expresada como porcentaje sobre la Renta Nacional Bruta (RNB). De esta forma, podemos concluir que un escenario de mayor desigualdad nacional, también contribuye a un escenario de mayor desigualdad internacional. Pero lo peor de todo ello es que todas estas políticas no son nuevas. No se trata de ningún experimento, mediante el cual los gurús de la economía neoliberal estén poniendo en práctica unas medidas para examinar su resultado. Son medidas ya formuladas desde el famoso Consenso de Washington, y puestas en práctica con resultado absolutamente caótico en América Latina en décadas anteriores. 

En efecto, los países de América Latina, el Este Asiático y el África subsahariana sufrieron graves crisis financieras, económicas y de divisas durante las décadas de 1980 y 1990. Igual que ahora a nosotros, el FMI y el Banco Mundial (BM) aplicaron la misma receta: medidas de austeridad, y planes de ajuste estructurales, en virtud de los cuales los países recibieron ayuda financiera del FMI y del BM con la condición de adoptar una serie de políticas económicas que incluían el recorte del gasto público, la nacionalización de la deuda privada (es decir, la socialización de las pérdidas), la reducción de los salarios del sector público, la descentralización de la negociación colectiva, y un modelo que gestión de deuda que primaba el pago a los acreedores de la banca comercial sobre la recuperación social y económica. Como vemos, se trata de medidas calcadas a las que nos llevan imponiendo desde la UE durante los últimos años. Los defensores de estas políticas asumían que esas reformas estructurales generarían rápidamente un aumento de la inversión y el crecimiento, lo cual incrementaría a su vez el empleo y los salarios. ¿Se cumplieron sus previsiones? No. Muy al contrario, las deudas públicas se desbocaron, la precaridad laboral se instaló en las familias, y las desigualdades sociales se acrecentaron a marchas forzadas. En realidad, los mandatos condicionales de estos organismos internacionales son únicamente trampas económicas para tener sujetos a los países, en plena dependencia de sus dictados neoliberales. 

Por tanto, las experiencias de América Latina, el Este Asiático y el África subsahariana demuestra que las políticas de ajuste estructural no sólo no fueron eficaces para poner fin a la crisis, sino que a largo plazo influyeron negativamente en la pobreza y en la desigualdad. De hecho, los niveles de pobreza y bienestar retrocedieron veinte años, y cientos de millones de personas pagaron el elevado coste de las políticas de ajuste. Ahora lo llevan a cabo con nosotros, y con el resto de países de la UE. También quieren llevarlo a cabo en Ucrania, y en las pocas colonias que van quedando de los países europeos y de Estados Unidos. El fracaso de dichas políticas no les desanima para llevarlas a cabo, sino para continuar intentándolo. Sólo desde el dogma económico más fanático o desde el deseo consciente de provocar los efectos perversos que hemos relatado, se entiende la aplicación entusiasta de estas medidas, como hace el Gobierno español del PP. Y no sólo eso, sino que además si algún país plantea mínimamente (como hizo en su momento el primer Gobierno de Syriza en Grecia) el desvío de dichos planes y medidas económicas, las instituciones y organismos internacionales del orden mundial capitalista se echan encima de ellos, en una suerte de chantaje, sabotaje y furibundo ataque a sus gobernantes. ¿No les parece a los lectores y lectoras que más que una leal conveniencia de aplicar tales medidas por el bien de dichos países, lo que existe a nivel internacional es un complot de la globalización neoliberal en imponerlos a sangre y fuego? Continuaremos en siguientes entregas.