Hacia la superación del franquismo (41)

La Transición fue, en efecto, todo eso y mucho más. Una suerte de pactismo conciliador donde no se rompía con el régimen anterior, sólo se nos instaba a olvidarnos de él, a recomenzar una nueva "etapa democrática", como si durante los últimos cuarenta años nada hubiera pasado. Jaime Richart, en su artículo "Entre el absolutismo, la tiranía y la trampa", comenta la Transición en los siguientes términos: "Desde que se liquida formalmente la dictadura, empieza el engranaje tramposo. Primera fase: un ministro del dictador, atendiendo a la voluntad post mortem de éste, pone en marcha un proceso de democratización trucado. Siete personas elegidas secretamente por él urden la constitución y entronizan la monarquía, de acuerdo a las previsiones del propio dictador y de la ley de sucesión (1947) que él había promulgado 31 años antes. Contaba para ello con una circunstancia psicológica fundamental: el pueblo aprobaría cualquier documento político con tal de sacudirse de encima el temor a un ejército, que conservaba intacto, más bien potenciado, el espíritu dictatorial. Segunda fase: otro montaje, el golpe de estado. Si la monarquía había sido introducida por la puerta trasera de la política, había que robustecerla a cualquier precio. Y la mejor manera era convertir en héroe al propio monarca haciéndole aparecer ante el pueblo como el salvador de los golpistas, que no podían ser si no cómplices, unos voluntarios y otros ignorantes, de la propia trama. Tercera fase, tercera maquinación: asentada en el imaginario del pueblo la figura del rey que el dictador había preparado al efecto durante prácticamente toda su satrapía, comienzan las clases superiores --aristocracia y clase alta-- a ir readueñándose del poder político, del poder económico, del poder judicial y del poder religioso que hasta entonces habían detentado y por tanto nunca habían perdido, dotándole de legitimidad democrática. La clave estaba en ir dando entrada por vía política a figuras procedentes del pueblo llano, a través de los dos partidos políticos que representaban a una progresía amaestrada. Y hasta hoy". 

Magistral definición la que Jaime Richart nos relata en su artículo, ya que además de situarnos sobre la pista de los diversos hitos de la Transición y de la posterior etapa democrática, nos sirve como perfecta explicación de las bases sociológicas de la inmensa mayoría social actual. Cada vez comprendemos mejor, por tanto, que lejos del carácter impecable que intentan vendernos desde las clases dominantes, se impuso un modelo de transición, promoviendo un punto de equilibrio interesado entre la estabilidad del antiguo régimen y sus prácticas fascistas, y el proceso de cambio y apertura hacia un sistema democrático de bajo nivel, de baja intensidad, donde pervivieran aún las fuerzas vivas y los poderes fácticos procedentes de la dictadura. Mirándolo desde este punto de vista, es lógico deducir que la fórmula en que fue planteada la Transición impidió un verdadero desmontaje de la dictadura. Y por ello, aún vivimos sumergidos en un postfranquismo económico y social muy potente. Aún seguimos dominados y controlados por los familiares y descendientes de políticos franquistas, y aunque las nuevas generaciones sean ideológicamente más aperturistas, acaban copando todos los lugares estratégicos de decisión política, económica, administrativa, judicial y de los medios de comunicación y grandes empresas. El control de las clases dominantes y de sus estamentos de poder es aún muy fuerte. Con lo cual, una posible revisión profunda de nuestro pasado, al modo en que lo han hecho otros países, sigue siendo aún un tema tabú en nuestra sociedad. Pero no se trata sólo de esto. Seguimos, en pleno siglo XXI, incumpliendo con total descaro leyes, convenios, recomendaciones, tratados y normas internacionales (sobre derechos humanos, sobre torturas, sobre memoria histórica, etc.), y aquí no pasa nada.

Nos han sancionado un montón de tribunales y organismos internacionales, pero nuestros gobernantes ignoran todas sus sentencias. Y esta es la explicación de que (al igual que por ejemplo para los desahucios) las autoridades y las administraciones se tomen pocas molestias en garantizar los derechos humanos, criminalizar a los culpables, e impartir justicia y reparación para las víctimas. Y a estas alturas, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que aún no ha llegado a comprender que no podemos tener democracia si tenemos a gente enterrada en fosas comunes, en las cunetas, si tenemos a miles de ciudadanos/as que aún siguen buscando su identidad, si la gente es torturada impunemente en dependencias policiales, o si la gente es detenida, procesada o encarcelada por defender los derechos humanos (reunión, opinión, asociación, manifestación...), la paz o la justicia, o si no se les garantiza a las personas la completa satisfacción de sus necesidades básicas. No podemos hablar y afirmar a la ligera que disfrutamos de un sistema democrático si aún poseemos todas estas carencias sociales, todas ellas derivadas de no haber superado el franquismo, aquél fantasma terrorífico que recorrió España durante más de cuarenta años. Expondremos sólo la última muestra de crítica que hemos recibido desde la ONU, por mantener un patrón de impunidad sobre las desapariciones del franquismo. Lo relataba recientemente Sofía Pérez Mendoza para el medio eldiario.es, artículo al que remitimos a nuestros/as lectores/as, y del que tomamos la siguiente información. Por enésima vez, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU considera que nuestro país ha hecho pocos avances en la implementación de las recomendaciones que sobre el particular le había hecho el citado grupo. 

De esta forma, la ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por seguir ignorando las recomendaciones que se le hicieron cuando dicho Grupo de Trabajo visitó España en el año 2013. En un reciente informe del 7 de septiembre, los expertos se muestran preocupados al "constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las víctimas "librados a su propia suerte". Y continúa el citado informe: "Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad (...) contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España". Se critica por este Grupo la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no sólo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas, sino que, además, se dan "constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". Se refiere a la querella contra el franquismo conducida por la jueza argentina María Servini de Cubría, que dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el ex Ministro franquista Rodolfo Martín Villa (y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura y la Transición) que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, argumenta el citado informe, ha contribuido el Estado Español con decisiones como la que tomó la Audiencia Nacional cuando denegó un exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados (entre ellos Martín Villa) sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el ex Ministro franquista ha logrado finalmente su propósito de viajar a Buenos Aires para declarar sin riesgo de ser detenido. 

Este Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, que lleva comunicándose con España desde el año 2002, enfoca las críticas más duras al Gobierno del PP por "no actuar con la debida urgencia y celeridad, ni asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema, como se había recomendado en el informe de visita". Se refiere en concreto, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos, para que "éstos no dependan exclusivamente de algunas Comunidades Autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas". Y el caso es que desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los Presupuestos Generales del Estado no han destinado ni un sólo euro (cosa de la que además Rajoy se jacta incluso en público) a cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica, pese a que existen una serie de obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda además el propio informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno del ex Presidente Zapatero  y que ahora se encuentran sin suerte de continuación está el mapa de las fosas comunes, que lleva desde el año 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba entonces unas 2.000 fosas sin abrir, aunque estos datos les parecen muy optimistas a las asociaciones de víctimas y memorialistas. La lista que recibió el ex juez Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes del franquismo alcanzaba los 130.000 desaparecidos. El informe también hace mención al Valle de los Caídos, y lamenta que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados instó en el pasado mes de mayo a exhumar de allí los restos del dictador, con la oposición (por motivos muy distintos) del PP y de ERC. Continuaremos en siguientes entregas.