Arquitectura de la Desigualdad (66)

En entregas anteriores ya hemos realizado una semblanza introductoria al problema de la deuda, para que pueda comprenderse de entrada la complejidad que dicho sistema-deuda representa. En realidad, el sistema-deuda ha existido mucho antes que el propio sistema capitalista, pero se ha mantenido e incluso reforzado con el advenimiento de éste. Si nos remontamos a tiempos pretéritos, veremos que el endeudamiento privado se ha utilizado desde hace milenios como un mecanismo de desposesión: a los campesinos de sus tierras, a los artesanos de sus herramientas, etc. La esclavitud por deudas ha causado estragos en el mundo antiguo durante siglos, como nos recuerda Eric Toussaint en este artículo, que estamos siguiendo en esta exposición. ¿Existe por tanto una deuda privada ilegítima? Existe, y este sistema pasa generalmente por la imposición de ciertas condiciones de préstamos y de reembolso que lo hacen imposible. ¿Las deudas hay que pagarlas? Nos lo preguntábamos al comienzo de este bloque temático...Ya parece que vamos intuyendo la respuesta. La deuda aplicada a los pueblos ha tenido también sus graves repercusiones. De hecho, en el pasado, han tenido lugar múltiples revueltas para liberarse de las deudas privadas ilegítimas, ya sea durante la antigua Grecia o en la Europa del Norte durante la Edad Media. Y esta lucha por las deudas privadas ilegítimas llega hasta nuestros días, en casos como el de los campesinos en su lucha por la anulación de sus deudas en India, la de las mujeres contra los microcréditos en Marruecos, la de los estudiantes contra sus deudas por estudios en Estados Unidos, Chile, Canadá o Reino Unido, o la de las familias víctimas de los créditos hipotecarios abusivos y de los desahucios en España, en Estados Unidos, en Grecia o en Irlanda.

Por el endeudamiento privado de las personas se perpetúan las relaciones de semiesclavitud, ya que la gente comienza su emancipación o su relación laboral muy endeudados, es decir, bajo una relación de dependencia total. Pero de entrada, hay que aclarar que el endeudamiento público no sería negativo en sí mismo, si fuese una herramienta finalista destinada a cubrir ciertos aspectos del desarrollo de una sociedad. Es más, el sistema de endeudamiento público es el mejor sistema que los Estados poseen para financiar los proyectos sociales que necesiten para sus respectivos países, y el conjunto de su ciudadanía. Así, los poderes públicos podrían recurrir al préstamo para financiar, por ejemplo, un vasto programa de transición ecológica, y así reemplazar progresivamente las energías fósiles por energías renovables respetuosas con el medio ambiente. El sistema-deuda público puede y debe ser, pues, legítimo si se hace al servicio de proyectos legítimos y que atiendan al verdadero interés general, y si quienes contribuyen al préstamo lo hacen también de manera legítima. Pero desgraciadamente, esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre realmente, ya que los Estados y las Administraciones Públicas se endeudan para financiar, la mayoría de las veces, políticas y proyectos ilegítimos, tales como financiar gastos en armamento, financiar proyectos de energía nuclear, financiar el reembolso de anteriores deudas ilegítimas, o financiar rescates bancarios. ¿Estas deudas habría que pagarlas? Dejo al lector o lectora la pertinente respuesta. Pero asímismo, la manera de financiar el reembolso de la deuda es igualmente ilegítima. Las grandes empresas y los hogares más ricos pagan muy pocos impuestos (o ninguno), mientras son las clases populares quienes deben apretarse el cinturón para pagar la deuda.

Los bancos privados, como ya hemos denunciado en entregas anteriores, prestan a los Estados a tasas lucrativas para ellos, mientras solicitan dinero al Banco Central Europeo (BCE) a interés cero. Debemos concluir en justicia que si alguno de los eslabones de la cadena del préstamo que formalizará la deuda pública es ilegítimo, dicha deuda se convierte igualmente en ilegítima, y debe eximirse su pago. Pero aunque afirmábamos anteriormente que el sistema-deuda era anterior al capitalismo, es evidente que se revela como un instrumento privilegiado de éste. Porque la deuda, como estamos exponiendo desde diversos puntos de vista, no es sólo un instrumento económico, sino también un arma política. El sistema-deuda es quizá hoy día la principal herramienta de la globalización, que desorienta la economía y permite las exportaciones y el extractivismo. Es el instrumento definitivo para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, creando un empobrecimiento masivo y fomentando las desigualdades sociales. El sistema-deuda, al pesar como una losa sobre las economías locales, desmoviliza y no genera una resistencia general fuerte en contra de ella. Y ello es así porque el sistema-deuda oculta la propia explotación de las personas, de los recursos y de la naturaleza. El hecho indiscutible es que, tanto en el norte como en el sur, el sistema-deuda es concebido como una forma de control sobre las poblaciones. Bien, llegados a este punto, está claro que el sistema-deuda debe ser abolido, para así contribuir a la concepción de un modelo de sociedad más igualitaria. Pero, quizá en este caso más que en ningún otro, nos encontramos con la poderosa oposición de los propios acreedores, que no son más que los representantes de la clase capitalista. Todo Gobierno que pretenda poner en marcha acciones, medidas y políticas de justicia social, fiscal, económica y medioambiental tendrá que enfrentarse, más temprano que tarde, al sistema-deuda. 

El problema es que cuando una coalición electoral o un determinado partido político llegan al Gobierno, no obtienen de hecho el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir, de ese 1% aproximado de la población. Además, esa clase capitalista es también la que controla al Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía (o Finanzas) y Hacienda, el Banco Central del país en cuestión, etc. De ahí que cualquier Gobierno decidido a emprender transformaciones radicales en las estructuras económicas deberá entrar en conflicto con el poder económico real para debilitarlo, reducir su influencia y su poder, expropiar sus posesiones, y así acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación, y del aparato del Estado. Sólo así los paradigmas que gobiernan el sistema-deuda podrán ser atacados. Sólo así los dogmas neoliberales podrán ser denunciados. Sería absolutamente ingenuo e ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades económicas y monetarias de la bondad de nuestros planteamientos, y de la propia maldad y perversión del sistema-deuda. Ellos lo defenderán siempre, ya que les permite mantener su status quo, como herramienta pensada para fomentar la desigualdad. Quienes desde los púlpitos electorales pretendan difundir el mensaje de que persuadirán a las patronales y a las grandes empresas de que lo mejor es reestructurar la deuda, ejecutar una auditoría o cancelar una parte de la misma, o es un inocente empedernido, o es un redomado embustero. Por tanto, no es bueno hacer caso ni de unos ni de otros. 

La conclusión que se impone, como afirman Eric Toussaint y Fátima Martín en este artículo para el medio Publico que estamos tomando como referencia, es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones, así como que se enfrente radicalmente a continuar con la perversión del sistema-deuda. La única solución para conseguir todo ello será desobedecer a los acreedores, a las instituciones y organismos internacionales que los amparan, y a cualesquiera otras organizaciones, gobiernos o entidades que los financien. Y así, el rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia de todo Gobierno socialista que se precie, así como las decisiones para revertir las privatizaciones llevadas a cabo (devolviendo al control público las entidades privatizadas) y restablecer plenamente los derechos sociales, laborales, económicos y políticos recortados. Es evidente que para paliar los efectos terribles de la desigualdad necesitamos recursos económicos, y para ello (entre otras cosas) necesitamos reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto público dedicado al pago de la misma. Todo ello es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y garantizar las inversiones necesarias para financiar determinados proyectos públicos de gran alcance, tales como la creación de Planes de Empleo Garantizado (PEG), o la Renta Básica Universal (RBU), dos de las principales herramientas para sacar de la pobreza a la práctica totalidad de la población. Nada de esto puede llevarse a cabo sin renunciar, al menos parcialmente, al pago de la deuda, y esa es precisamente la razón que aluden los que argumentan que es "imposible" financiar dichos proyectos públicos. No nos dejemos engañar. En el fondo es sólo una falacia más. Continuaremos en siguientes entregas.