Hacia la superación del franquismo (51)

En la entrega anterior de esta serie nos quedamos haciendo una resumida exposición de los motivos por los cuales deben considerarse nulos de pleno derecho todos los juicios y sentencias de los tribunales franquistas, por carecer de las mínimas garantías procesales y vulnerarse todos los derechos fundamentales durante su encausamiento. Básicamente, el juez instructor acordaba una diligencia de procesamiento en la que relataba los hechos y su calificación penal, y finalmente, emitía un dictamen que resumía los hechos, las pruebas y las imputaciones, y que elevaba a la autoridad militar superior, que solía ser el General jefe de la división correspondiente. Resumen que prácticamente era el documento que fundamentaba la acusación y la sentencia, ya que las diligencias practicadas por el instructor no se reproducían en el plenario, con una manifiesta infracción del principio de inmediación en la práctica de la prueba y la correspondiente indefensión de los acusados. Miles de republicanos/as fueron juzgados bajo toda esta infame parafernalia, sentenciados y ejecutados por un abyecto régimen exterminador y genocida. Otros instrumentos esenciales de la represión constituidos por la dictadura fueron el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, y los Tribunales de Responsabilidades Políticas, tal como nos recuerda Jiménez Villarejo en su exposición de referencia. Ambos eran radicalmente ilegítimos tanto por su origen como por su composición, y sobre todo, por constituirse en organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y por tanto, con facultades para la imposición de sanciones penales. Todos aquéllos tribunales fueron, en definitiva, la máxima expresión de la arbitrariedad jurídica al servicio de la represión ideológica y política. 

Los textos legales de la época son un fiel reflejo de lo que aseguramos. Por ejemplo, en el preámbulo de la Ley de 1 de marzo de 1940 se hace constar que dicha Ley tenía como finalidad hacer frente a "la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética". En la citada Ley, la conducta delictiva principal se define como "toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social...". Y así se fue desplegando todo un entramado legal para encubrir que su victoria pasaba por la eliminación masiva y sistemática del que fuera sospechoso de ser un mínimo adversario político. Y también hemos resaltado algunas de las declaraciones públicas que los militares golpistas vociferaban por diferentes medios, y que servían como arengas para la horda franquista que comenzó a gobernar el país. Carlos Hernández recoge algunas de ellas en este artículo, que vamos a reproducir a continuación. El General Mola ordenó a un grupo de alcaldes navarros: "Hay que sembrar el terror...Hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías". Y Queipo de Llano añadía desde los micrófonos de Radio Sevilla: "Del diccionario quedarán borradas las palabras perdón y amnistía. Se les perseguirá como fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos". Y por su parte, el propio Caudillo, como respuesta a un corresponsal extranjero que le cuestionaba si estaba dispuesto a "matar a la mitad de España" si era necesario para conquistar el poder, le respondió sin vacilación: "Cueste lo que cueste". Existen muchos más ejemplos de la chulería altanera, de la prepotencia cruel y de la execrable disposición de los miserables golpistas que acabaron con la Segunda República. 

Carlos Hernández añade en el artículo de referencia: "Esta estrategia exterminadora se aplicó con todo rigor. Decenas de miles de hombres y de mujeres fueron asesinados por todo el país por escuadrones de la muerte formados por falangistas, guardias civiles y militares. Paralelamente, los generales montaron un simulacro de justicia encaminada a matar también "de forma legal". Se dictaron bandos, órdenes y leyes que permitían ejecutar a cualquier persona que hubiera respetado la legalidad republicana, incluso antes de producirse la sublevación y a quienes, simplemente, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave". ¡Sí!, hasta haber permanecido pasivo te podía conducir "legalmente" al paredón". Y posteriormente añade en cuanto al procedimiento de los juicios sumarísimos: "Los juicios eran un simple trámite burocrático para legalizar el asesinato. A los acusados se los juzgaba colectivamente en un solo consejo de guerra; apiñados de diez en diez, de veinte en veinte, no conocían los cargos que se les imputaban hasta el momento de sentarse en el banquillo; esos cargos, independientemente de cuál hubiera sido el comportamiento real del reo, eran fabricados en base a unos patrones preestablecidos: expandir ideas subversivas, promover la violencia, ser antipatriota, ser anticlerical y/o no ir a misa, haber colaborado con el Frente Popular...No había opción de contrastar los hechos, de cuestionar la veracidad de las acusaciones. Los abogados eran militares, designados por el propio tribunal, que reconocían la culpabilidad de sus defendidos y se limitaban a pedir clemencia. Los acusados ni siquiera podían hablar durante las vistas en que se decidía su destino...". 

Unos procesos y unas leyes que, como estamos pudiendo comprobar, respiraban fascismo por todos sus poros. La Transición, como hemos venido explicando en entregas anteriores, no removió el franquismo ni de las conciencias, ni de los estamentos de poder, ni de las instituciones, ni de los propios cargos públicos, ni aún de la filosofía subyacente a muchas leyes que desde entonces se promulgaron. Necesitamos por tanto la Tercera República como eje central de la ruptura democrática que necesitamos emprender con el régimen de la Transición, y por tanto, conseguir la plena superación del franquismo. Los ejes centrales para una ruptura democrática completa y creíble, basada en fundamentos profundos, deben descansar en la reivindicación de la Tercera República. La recuperación de los valores republicanos es imprescindible para contribuir a la plena superación del franquismo, que descansa en los antivalores republicanos de solidaridad, equidad y justicia social. La restauración monárquica ha estado vinculada desde la Transición al bloque capitalista de poder dominante. El pensamiento dominante ha continuado en sus líneas básicas y esenciales. Esa es la explicación de que aún muchas personas en este país continúen demonizando la República. Sólo una Tercera República Federal, Laica, Participativa y Solidaria, realmente democrática, podrá erradicar los valores franquistas que aún perviven en nuestra sociedad. La recuperación de la memoria histórica y democrática no llegará con toda su extensión hasta no alcanzar una sociedad plenamente democrática, y ello no será posible sin superar plenamente el franquismo sociológico en el que estamos inmersos. 

Necesitamos, en este sentido y a vuelapluma, la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, la apertura de las investigaciones sobre todo lo ocurrido durante la Guerra Civil y la posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y delitos contra la paz y crímenes contra la humanidad, la aplicación de la normativa internacional sobre Derechos Humanos para el caso español (la ONU ya nos ha llamado a la atención varias veces sobre este asunto), una completa y exhaustiva Ley de Memoria Histórica (y no el sucedáneo aprobado en 2007 por el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), la derogación de las últimas reformas de la Justicia Universal, y la equiparación de las víctimas del franquismo a los derechos establecidos para el resto de las víctimas. El franquismo practicó un terrorismo de Estado y como tal debe ser reconocido y penado. Pero como venimos contando desde entregas anteriores, superar el franquismo sociológico también implica despegarnos de los enormes privilegios que aún le concedemos a la Iglesia Católica, profundizar en la naturaleza democrática que han de poseer nuestras Fuerzas Armadas, y recuperar en todos los órdenes, planos y facetas, la filosofía que ya adoptaron muchas leyes republicanas que fueron abortadas por la fuerza mediante el sanguinario Golpe de Estado de julio de 1936: recuperar la igualdad de la mujer con el hombre, recuperar la reforma agraria, recuperar conquistas de la lucha obrera (en este momento desmontando los recortes sociales a los que nos han sometido), recuperar una reforma educativa para todos (con carácter laico), y recuperar avances democráticos, incluyendo el del reconocimiento de la soberanía popular. Continuaremos en siguientes entregas.