Hacia la superación del franquismo (50)

En esta entrega número 50 de la serie sobre el franquismo y la necesidad de su plena superación, nos habíamos quedado comentando los aspectos más interesantes de una Conferencia impartida por Carlos Jiménez Villarejo (cuya completa lectura recomendamos a nuestros lectores y lectoras) en el Ateneo Republicano de Galicia, el 18 de septiembre de 2015, publicada en la revista Transversales en su número 36 de octubre de 2015, y reproducida, entre otros medios, por Eco Republicano. Dicha conferencia expone, sobre todo, lo que fue el asedio fascista a la Segunda República Española, y constituye otro elemento y fuente de análisis fundamental para comprender la verdad de todo lo que ocurrió durante aquéllos convulsos años. La República, entre los numerosos problemas que debió afrontar, uno de los más relevantes fue la ordenación de las Fuerzas Armadas, con miras a garantizar su lealtad. Sin embargo, los militares golpistas no tardaron en expresar su voluntad de destrucción de la República, incluso en intentonas anteriores al Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Apoyadas por las derechas españolas de la época (CEDA, Falange...), asumieron como reto principal dejar sin efecto las principales medidas de progreso económico y social del período republicano. A todo ello se unía una provocación constante de terratenientes, caciques y de la Guardia Civil a grandes masas de campesinos carentes de tierras, de trabajo y de alimentos. Y ante la cada vez más explícita amenaza fascista, las elecciones de febrero de 1936 dan el triunfo al Frente Popular (no se dejen los/as lectores/as engañar frente a tanta manipulación histórica de los que dicen que la República jamás fue refrendada en las urnas). Y el Frente Popular adopta de inmediato decisiones avanzadas en favor de las clases populares, tales como el reparto de 250.000 hectáreas de tierra, o la libertad de 30.000 presos políticos. 

Pero al mismo tiempo, el terrorismo callejero de las milicias de Falange crearon una espiral de violencia, que preparaba la gran conspiración militar golpista de la primavera de 1936. Un caldo de cultivo que se nutría argumentando que el clima social era insostenible, pero que sólo pretendía tapar su odio hacia las clases populares que se estaban viendo beneficiadas por las medidas de justicia social republicanas. Y como en entregas anteriores hemos expuesto con la suficiente profundidad, es absolutamente evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la violencia y la represión como elemento central de la política durante la dictadura. Así ha sido reconocido por los historiadores que han estudiado con detenimiento el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Por ejemplo, F. Moreno Gómez, en "La represión en la posguerra" (dentro de la obra colectiva "Víctimas de la Guerra Civil") expone: "La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento". En parecidos términos se expresan otros muchos autores. Así lo resumía Arcángel Bedmar (Coordinador de la obra colectiva "Memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista"): "Si la represión física y los derechos más elementales fue la más llamativa, también funcionó una represión cotidiana, permanente y opresiva, que condenó a la marginación social y laboral a una buena parte de la población. Cuando hablamos de represión siempre pensamos en los fusilamientos, pero existen otras formas sutiles de hacer daño que causan dolor profundo y traumático, y que acompaña a los supervivientes durante toda su existencia. A través de sus investigaciones sobre la justicia militar y civil Conchita Mir Curcó se ha acercado al espacio crudo y humillante de las nuevas estructuras de poder y de las nuevas relaciones sociales establecidas tras la victoria franquista que se adentraron en los ámbitos más privados de la vida personal (sobre todo en las mujeres) y se manifestaron por medio del control moral, la pobreza, la soledad, el subempleo, los ajustes de cuentas, la vigilancia de unos sobre otros...hasta configurar un mundo en el que vivir no era sino sobrevivir". 

Los derechos humanos fueron salvajemente negados y ultrajados durante la dictadura, y todas las conquistas sociales que se habían alcanzado durante el breve período republicano fueron fríamente destruídas. Y ello porque la dictadura emprendió una guerra continuada y cruel contra todo opositor político, es decir, contra todo aquél ciudadano o ciudadana del/de la cual se sospechara lo más mínimamente que hubiese sido siquiera simpatizante con los postulados de la República. Fueron encarcelados todos los dirigentes de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al "Movimiento Nacional", aplicándose contra ellos con especial ensañamiento una serie de castigos ejemplares. Los juicios sumarísimos del franquismo, sin ninguna garantía, convirtieron el derecho en un instrumento más al servicio del régimen dictatorial, quedando la justicia absolutamente desvirtuada y como herramienta del poder absoluto y de desprotección de los ciudadanos. Se desplegó durante casi 40 años toda una política de permanente exterminio y de aniquilación de lo que ellos (los fascistas) llamaban "la escoria" de España, entre otras similares lindezas. Se suprimieron bruscamente las libertades de expresión y de información, el pluralismo político y demás derechos fundamentales y libertades públicas básicas. El Estado se configuraba como un instrumento totalitario al servicio del poder absoluto del dictador. Por supuesto, se invalidaron todas las leyes y disposiciones jurídicas promulgadas durante la Segunda República, y fueron frecuentes las incautaciones de bienes y de patrimonio de particulares y de organizaciones políticas y sindicales, con objeto de despojar a dichas organizaciones de todo bien o derecho, inhabilitándolas para el ejercicio de cualquier actividad. 

Asímismo, se derogó el Estado laico que la República había instalado, y se sustituyó por el Estado nacionalcatólico, pues no sólo se trataba de un Estado confesionalmente católico, sino de una hegemonía del catolicismo más rancio en todas las facetas de la vida social. De esta forma, volvieron los privilegios de una Iglesia Católica aliada de forma activa con los sectores militares y civiles más reaccionarios de la época. La jerarquía católica siempre mantuvo una total complicidad con los golpistas, y mostró un apoyo indiscriminado a la represión fascista durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. La ley de 1939 restableció el presupuesto para el Clero, con un preámbulo digno de mención: "El Estado Español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares de la Fe Católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia, decide restablecer dicho Presupuesto al abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa Cruzada". Como pueden comprobar mis lectores/as, este ilustrativo párrafo demuestra a las mil maravillas la plena colaboración que la Iglesia Católica mostró siempre al régimen franquista, así como la inquebrantable adhesión de éste a los postulados del nacionalcatolicismo.  De hecho, los párrocos participaron activamente en la represión política. Pero quizá la mayor expresión de la injusticia del régimen franquista fuesen sus Tribunales de Justicia, esos cuya propia existencia y cuyas sentencias debieran haber sido declaradas nulas de pleno derecho en cuanto se consumó el advenimiento de la democracia. Pero como ya hemos explicado en entregas anteriores, a esa Transición "democrática" jamás le preocuparon los juicios sumarísimos del franquismo, ni sus innumerables víctimas. 

Los procesos judiciales del franquismo fueron radicalmente ilegítimos por varias causas. Sigo a continuación la exposición realizada por Jiménez Villarejo en su texto de referencia. En primer lugar, no merecen la calificación de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de los que dependían, y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas en la época por cualquiera de esos "Tribunales" en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad, tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos, si es que así pudieran calificarse, en los que asumen expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Pero, sobre todo, en los procedimientos sumarísimos, también en menor grado en los ordinarios, concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales. Así, la instrucción del procedimiento en sí mismo era inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor. El juez militar instructor practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de Investigación y Vigilancia, y otros cuerpos policiales y militares, limitándose la relación con los investigados, siempre en situación de prisión preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. Continuaremos en siguientes entregas.