Arquitectura de la Desigualdad (68)

Continuando con el tema de la deuda pública y su importancia como obstáculo para poder revertir la desigualdad, veamos el caso español en cifras como ejemplo más cercano. En junio de 2016 la deuda pública española representaba el 100,9% del PIB y, del monto global (1,1 billones de euros), más de 938.000 millones de euros correspondían a la Administración estatal, más de 273.000 millones de euros correspondían a las Comunidades Autónomas, y sólo algo más de 35.000 millones de euros a los Ayuntamientos, según los datos del Banco de España. El informe "Análisis de la Deuda del Estado Español", de junio de 2015 (que puede consultarse y descargarse gratuitamente en el enlace http://www.cadtm-org/IMG/pdf/Analisis_Deuda_EE_PACD_Definitivo.pdf) arrojaba ya entonces conclusiones demoledoras. El Estado asumió como consecuencia del "rescate" bancario una deuda "indirecta" de más de 165.000 millones de euros, al ayudar y avalar a las entidades financieras (créditos fiscales, préstamos del BCE, avales del Estado a la emisión de deuda bancaria y a la deuda "senior" emitida por la SAREB o banco "malo"); y además una deuda "oculta" por valor de 1.069.941 euros (avales implícitos del Estado a los depósitos bancarios, garantías del FROB en los procesos de privatización o los esquemas de protección de activos). La suma de estas dos deudas, la "indirecta" y la "oculta" por las ayudas al sector bancario ascendía a 1,2 billones de euros, lo que equivalía al total de la deuda pública directa (a datos de diciembre de 2013). El problema de tener una deuda pública de más de un billón de euros es que la partida anual de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se resiente en unos 30.000 millones de euros en pago de intereses. 

Lo explica perfectamente Eduardo Bayona en este reciente artículo para el medio Publico, donde destaca el dato de que, en menos de seis años, el Gobierno (el PP de Mariano Rajoy, en este caso) ha disparado la deuda en 370.000  millones de euros. Eso supone en intereses, y en el mismo plazo, la friolera de 170.000 millones de euros. Evidentemente, con una cantidad como esa inhabilitada anualmente de los PGE es prácticamente imposible llevar a cabo ciertos proyectos de enorme interés social, ya que necesitan ser financiados de forma masiva. Así es muy fácil argumentar que "no hay dinero" cada vez que cualquier fuerza política o asociación o colectivo ciudadano solicitan al Ejecutivo la puesta en marcha de alguna medida para paliar la enorme desigualdad social. Y así, se resienten fundamentalmente los principales servicios públicos que conforman el ya debilitado Estado del Bienestar, lo cual, unido a otro tipo de medidas para favorecer a los más ricos y poderosos (como la permisividad hacia la evasión fiscal y los paraísos fiscales, de los que ya hablaremos a fondo en el siguiente bloque temático), no hacen sino fortalecer la senda de la aberrante desigualdad social que padecemos. De esta forma, los Gobiernos como el nuestro se endeudan continuamente, ya que además esto es barato por los bajos tipos de interés que se derivan de la política "ultraexpansiva" (en expresión de Eduardo Garzón) del BCE (en nuestro contexto europeo). Mecanismos como las Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones, a diferentes plazos, se emiten de forma masiva y descontrolada. Todo ello además no son medidas aisladas, sino que se enmarcan en un conjunto de decisiones de política fiscal, económica y financiera que delimitan profundamente los posibles marcos de actuación. 

Todas las medidas (control del déficit, mecanismo de endeudamiento, etc.) forman lo que comúnmente se ha venido en denominar "Regla de Gasto", y que delimita una de las mayores tiranías en el campo económico que despliega el dogma neoliberal. Amparados en sus famosos y falaces mantras ("las deudas hay que pagarlas", "no se puede gastar más de lo que se tiene", etc.), diseñan todo un indecente sistema que acota las posibilidades de maniobra de cualquier Gobierno en beneficio del interés general de su población. Lo han explicado Isidro López y Raúl Camargo en este artículo para la revista Viento Sur, que seguimos a continuación. Básicamente, el tronco común de todas estas políticas que consagran la desigualdad consiste en elevar a rango de ley lo que ellos llaman "políticas de austeridad" (de nuevo, se trata de un uso incorrecto e interesado del lenguaje). La verdadera austeridad no les interesa en absoluto, sino que simplemente lo que buscan es el sometimiento del poder político al poder financiero. En palabras de los autores: "Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda". Y así, el blindaje legal del pago prioritario de la deuda, obliga a los Estados y a sus Administraciones Públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las clases trabajadoras. Pero además este endiablado sistema-deuda cumple una segunda función muy importante, puesto que el blindaje del pago de la deuda obliga primero a las Administraciones a recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados e insostenibles intereses, y luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables. 

Se intenta de este modo legitimar todo un acoso a las funciones y servicios públicos gratuitos y universales, pretextando para ello su insosteniblidad debido a su alto "coste" presupuestario, e instando a su derivación hacia el mundo de la iniciativa privada. Los autores del artículo de referencia concluyen de forma contundente: "La regla de gasto (...) es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad". En la práctica, cuanto más crecen los ingresos de una determinada Administración Pública y cuanto más alto es el superávit en sus cuentas, más dinero se destina para el pago de la deuda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico (ideológico en el fondo), que tiene por objeto inhabilitar de forma constante y en grado creciente cierto porcentaje de los recursos de las arcas públicas, precisamente para que las Administraciones no puedan dedicarlos a gasto social. En la práctica, esto significa que ninguna Administración (Estado Central, Ayuntamiento o Comunidad) puede realizar políticas económicas expansivas, y el intentar hacerlo puede costarle caro (que se lo digan, sin ir más lejos, al Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, que ha sido sancionado precisamente por esta causa). En Madrid, después de haber reducido gran parte de la deuda del Ayuntamiento, el Gobierno de Ahora Madrid ha intentado desarrollar políticas sociales hacia su población y revertir hacia el pueblo madrileño dicha situación de "bonanza" (relativa) económica, pero la tiranía del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha tirado para atrás dicho intento. 

El bienestar de las mayorías sociales se ve indefinidamente sacrificado en aras a un supuesto "saneamiento de las cuentas" que no es tal, sino simplemente una fijación u obsesión política para cumplir esa demencial e injusta "regla de gasto". Y así, las posibles inversiones sociales y productivas quedan interceptadas, los intentos de implementar políticas de justicia fiscal, social o económica quedan abortados, y las ansias de dedicar más recursos a los servicios públicos que disfrutan el conjunto de la ciudadanía quedan anuladas. Es una forma "legal" de consagrar la desigualdad, un mero mecanismo pseudoeconómico (pues se basa en puros preceptos ideológicos cuya veracidad nunca se ha demostrado) para atar los proyectos, objetivos e intenciones de cualquier Administración, Estado o Gobierno, para que nunca sea posible dedicar recursos públicos a reducir las tremendas desigualdades, y a diseñar políticas de justicia social. Necesitamos planificar una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente, pero sobre todo más justa, que abandone de una vez por todas los mantras de una regla de gasto que en realidad obedece a serviles dogmas del neoliberalismo económico más fanático. Necesitamos enfrentarnos decididamente contra quienes, usando la deuda como un pretexto, aniquilan las posibilidades de disfrutar de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, para contribuir únicamente a la espiral de una deuda infinita que sólo beneficia a los más poderosos. La deuda ata de pies y manos a cualquier Administración que desde planteamientos políticos y sociales justos intente diseñar políticas y medidas que contribuyan a paliar y a reducir las desigualdades. Habrá desigualdad mientras no existan recursos, y no existirán recursos mientras el pago de las deudas y de sus intereses sigan copando una parte importante de los presupuestos públicos. Continuaremos en siguientes entregas.