Arquitectura de la Desigualdad (72)

Una vez descrito rápidamente (volveremos a dicha descripción con más detalle) el panorama de los paraísos fiscales, hemos de incidir en el concepto, en la idea fundamental, de que los paraísos fiscales y sus cómplices (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales, bancos, etc.) provocan víctimas. Si no se entiende este concepto en su plena extensión, o mejor dicho, si no se comprende la magnitud de lo que hemos denominado en otro artículo como el "crimen económico", no seremos capaces de ver el problema en su auténtica envergadura. Son víctimas porque ven vulnerados sus derechos básicos una y otra vez. Son crímenes económicos en el sentido de provocar sufrimiento y empobrecimiento a terceras personas. Lo explica también a la perfección Xavier Caño Tamayo en este artículo de referencia para el medio El Salmón Contracorriente, que seguimos a continuación. Víctimas cuya salud empeora, por ejemplo, porque se han recortado los presupuestos para la sanidad pública. Víctimas porque no reciben buena educación por los mismos motivos. Víctimas porque son personas dependientes sin ayudas, o que no las reciben, o que cuando las reciben ya han fallecido. Víctimas que son jubilados con pensiones de miseria. Víctimas porque son trabajadores asalariados, pobres a pesar de tener trabajo. Víctimas porque son desempleados que se ven excluidos de las prestaciones...Víctimas y más víctimas de toda índole, que son el resultado de un sistema que ha de recortar en su vertiente social y pública, para poder mantener el chollo de las élites en los paraísos fiscales, o bien simplemente mediante una fiscalidad injusta. 

Víctimas que tienen que ver con que el Estado recaude menos por fraude fiscal, porque además recorta en personal que investiga desde la Agencia Tributaria. Víctimas porque el Estado recorta en medios para investigar las fugas de capitales, y ello se hace porque no se posee la voluntad política para impedir que las grandes corporaciones y las grandes fortunas no paguen impuestos. Sí: los paraísos fiscales y el fraude fiscal amparado por su existencia tienen víctimas. Con nombres y apellidos. Con vidas propias. Vidas que se truncan, que se precarizan, que se tornan difíciles. ¿Acaso no se aliviaría la situación de todas estas víctimas si se persiguiera a los evasores y elusores de impuestos, a los propios paraísos fiscales, a la banca que los patrocina, y se les forzara a pagar lo que deben? De hecho, corrupción, austeridad presupuestaria y fraude fiscal forman parte del mismo entramado que provoca todas estas víctimas. Xavier Caño lo explica en los siguientes términos: "La ecuación es sencilla. Quiénes más tienen y atesoran no pagan los impuestos que debieran. El Estado no recauda bastante para afrontar sus obligaciones con la ciudadanía y se endeuda. Pero satisfacer los derechos de la gente no es prioritario para las élites y se limita el endeudamiento con porcentajes máximos de déficit público. Al mismo tiempo la corrupción se institucionaliza y resta más recursos al Estado. Pero quienes se quedan con los beneficios de la corrupción y del saqueo de la ciudadanía (rebajas de salarios, recortes de pensiones, privatizaciones...) blanquean las ganancias y no pagan impuestos". Una explicación muy aleccionadora de la cruda realidad. 

¿Y las cifras? Las cifras son realmente obscenas. Ya hemos proporcionado algunas en artículos anteriores. Por ejemplo, Violeta Muñoz escribió en octubre pasado un artículo para el medio El Boletín donde destapaba que las grandes fortunas españolas ocultan en paraísos fiscales la barbaridad de ¡un 12% del PIB! Y aporta que según un estudio pionero con datos de la década de los 2000, España es uno de los tres países europeos donde la evasión de capitales provoca una mayor desigualdad social. Se sabe también que alrededor del 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales. Por su parte, la cantidad de riqueza oculta en estos territorios offshore pertenece a muy pocas manos: el 0,1% de los hogares más ricos son los dueños del 80% del capital offshore de todo el país. Cerrando el círculo, el 0,01% de los más ricos poseen el 50% de todo el capital evadido. Los datos confirman también una realidad obvia: hay más desigualdad derivada de evadir impuestos en aquéllos países en los que las grandes fortunas ocultan más porcentaje de su riqueza en el extranjero. La arquitectura jurídica, legal y fiscal que permite la existencia de estos paraísos fiscales está perfectamente estudiada. La explica muy bien el Inspector de Hacienda José María Peláez, gran experto en estos asuntos, en esta entrevista para eldiario.es realizada por Marina Estévez: "Situar dinero en lo que se conoce como paraísos fiscales no incumple ninguna norma. Lo que la incumple es utilizar esos territorios para ocultar la identidad del verdadero titular de esa cuenta corriente, esos inmuebles o  bienes, con ánimo o bien de defraudar o de blanquear dinero proveniente de delincuencia, trata de blancas, armas...La experiencia nos dice que alguien que crea un trust en Singapur no es para pagar sus impuestos. Es una industria perfectamente engrasada con el objetivo final de ocultar". 

La permisividad es ciertamente indignante. Los paraísos fiscales se aceptan como una parte del engranaje de la globalización de la industria financiera. Los mismos que dicen que van a adoptar medidas para su erradicación son los que tienen intereses en empresas radicadas en dichos territorios. Las empresas multinacionales utilizan la planificación financiera o fiscal internacional para no pagar impuestos en ningún sitio del mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea los Parlamentos nacionales (incluso el Parlamento Europeo) proponen decisiones y medidas, las cuales nunca son llevadas a cabo por la Comisión Europea. La voluntad es nula. De hecho, la UE ni siquiera se pone de acuerdo en la lista oficial de paraísos fiscales. La red de paraísos fiscales se va conociendo a raíz de investigaciones periodísticas serias, pero nunca desde las instancias fácticas del poder. Seguimos a continuación este estupendo artículo de Paula Bach para el medio La Izquierda Diario, que nos aclara algunos conceptos interesantes sobre los paraísos fiscales. Según Tax Justice Network (la mayor organización mundial que lucha por la justicia fiscal) existen 73 paraísos fiscales en el mundo. Entre ellos los conocidos Luxemburgo, Andorra, Bahamas, Mónaco o Panamá. Esencialmente se trata de territorios que gozan de un "autogobierno" que les permite determinar su propia regulación en materia fiscal y económica. Esto significa que no tienen que tener necesariamente la condición de países, por lo que pueden existir determinados territorios en el interior de los Estados que posean características de paraíso fiscal. 

Todo ello los convierte en territorios difíciles de controlar, a lo que hay que sumar los acuerdos y convenios que poseen con todo tipo de entidades e instituciones, tanto públicas como privadas. Se trata de enclaves, es decir, territorios con un sistema regulatorio dual, esto es, diferente para residentes y extranjeros. A las entidades que se establecen en paraísos fiscales no se les aplica prácticamente ninguna regulación. Los territorios considerados paraísos fiscales (ya hemos indicado que no existe acuerdo mundial en este asunto) reducen la presión impositiva para las entidades extranjeras hasta incluso hacerlas desaparecer, y gozan de una muy laxa normativa financiera. Estos territorios buscan de este modo atraer capitales y suelen producirse desproporciones aberrantes entre cantidad de habitantes de los mismos, nivel de actividad financiera y nivel de actividad económica. Por ejemplo, según el diario El País, Delaware (Estados Unidos) contaba en el año 2015 con una población de algo más de 935.000 personas, y en cambio poseía 1.181.000 sociedades. Dentro de los "inquilinos fiscales" de Delaware se encuentran, entre otras muchas, empresas tan conocidas como American Airlines, Apple, Amazon, Coca-Cola, Facebook, General Electric, Google, JP Morgan, Twitter, Visa y Walmart. Que una sociedad tolere estos datos como una realidad política y fiscal es ciertamente un indicador de hasta qué punto la arquitectura de la desigualdad viene marcada por los intereses de las élites sociales. Continuaremos en siguientes entregas.