Arquitectura de la Desigualdad (77)

Hemos de ir finalizando ya este cuarto bloque temático de la serie, dedicado a los paraísos fiscales, y vamos a detenernos en esta entrega en las posibles medidas y decisiones que se pueden y se deben tomar desde nuestras instancias políticas más cercanas, como son los Ayuntamientos. Quizá la más inteligente de ellas sea la de incorporar los criterios éticos como requisitos en su contratación, y sus convocatorias y contratos de licitación. Lo que se persigue es discriminar negativamente a las empresas que tengan sedes en paraísos fiscales, y premiar a aquéllas que sean fiscalmente responsables. De esta forma, además de obligar a las empresas a que se comporten de forma responsable ante la justicia fiscal, estaremos fomentando la puesta en marcha de políticas económicas que reviertan en los bienes comunes más cercanos. Y es que los municipios deben convertirse en el primer eslabón contra los paraísos fiscales, como está ocurriendo ya en muchas ciudades de Europa, y aquí también en nuestro país. Pero para ello, la declaración o adhesión a la causa no puede quedarse en una mera declaración de intenciones. Los consistorios deben comprometerse firmemente a asegurar que los concursos públicos que convoquen favorezcan a las empresas que practiquen conductas fiscales responsables, en detrimento de las que no lo hacen. Si esto se implementa en su total exigencia y además se extrapola al resto de las Administraciones Públicas, habremos dado un gran salto en la lucha contra los territorios offshore y los que los alimentan. 

Pero hoy día, desgraciadamente, los Gobiernos locales practican unas adjudicaciones públicas bajo controles poco democráticos, y en altas concentraciones de poder. Este es un aspecto fundamental, ya que el volumen de la contratación pública en nuestro país representa el 18,5% del PIB, dado lo cual no estamos hablando precisamente de cifras menores. Pero como venimos recalcando, necesitamos cambiar esta situación a nivel internacional, pues es relativamente poco lo que un determinado país de forma aislada puede conseguir en este campo, de ahí que el problema de los paraísos fiscales requiere una amplia coordinación global, es decir, aunar las necesarias voluntades políticas para acabar con esta lacra, que hoy por hoy no se posee. Sería necesaria que todos los Gobiernos se comprometieran a lanzar nuevas generaciones de reformas fiscales justas y progresivas, que pongan fin de manera efectiva a las prácticas fiscales regresivas que actualmente funcionan (véase la última reforma fiscal de Donald Trump en EE.UU. como ejemplo de lo que NO hay que hacer), y hay que lograrlo si queremos disponer de fondos en nuestras arcas públicas para poder acometer la financiación y sostenibilidad de nuestros servicios públicos. Entre los compromisos concretos que deben recogerse están:

1.- Consensuar una lista definitiva y única del conjunto de los paraísos fiscales internacionalmente reconocidos, a partir de una definición universal de los mismos. Este aspecto es absolutamente fundamental (lo hemos resaltado en anteriores entregas) para aunar los esfuerzos en las medidas a implementar sobre los territorios offshore que hayan sido reconocidos como tales. 

2.- Medidas definitivas contra los paraísos fiscales y los regímenes fiscales perjudiciales que facilitan la evasión y la elusión fiscal, poniendo fin a la carrera a la baja en la fiscalidad empresarial. Este enfoque requiere que todos los países participen en pie de igualdad. 

3.- Poner fin a la carrera a la baja y a la proliferación de incentivos fiscales improductivos que resultan perjudiciales, mediante una mayor transparencia de los incentivos ofrecidos a las empresas multinacionales (incluyendo exenciones y exoneraciones fiscales, y todo tipo de rebaja fiscal que afecte al Impuesto de Sociedades, el IVA y los aranceles aduaneros).

4.- Promover la transparencia fiscal en todo el mundo exigiendo a las compañías multinacionales que elaboren informes en cada país, accesibles públicamente, para cada país en donde operen, incluyendo una relación de sus empleados, activos físicos, ventas, beneficios e impuestos (debidos y pagados), de manera que pueda realizarse una valoración precisa de si están pagando su parte justa de impuestos allí donde operan internacionalmente. 

Para finalizar con la era de los paraísos fiscales en los que domina la opacidad y el secretismo, los Gobiernos deberían garantizar:

1.- El establecimiento de registros públicos de los beneficiarios reales y últimos de todas las empresas, fundaciones, holdings, corporaciones, entidades, cuentas bancarias y fondos fiduciarios. 

2.- La puesta en marcha de un sistema multilateral de intercambio automático de información fiscal internacional, que acabe de una vez con el secreto bancario y los procedimientos derivados de la existencia de dicha limitación. 

3.- En última instancia, todos los Gobiernos a todos los niveles administrativos de los Estados deben sentar las bases para crear un organismo fiscal mundial en el que participen todos los países en igualdad de condiciones, y para hacer la vida cada vez más difícil a aquéllas empresas que mantienen sedes y operaciones en paraísos fiscales. 

En resumidas cuentas, creemos sinceramente que el mundo funcionaría mejor y sería más justo si se pusiera coto seria y decididamente a los paraísos fiscales y todo su entramado relacionado. Si así fuera, las grandes fortunas, las empresas multinacionales y los fondos de inversión mundiales pagarían los impuestos que les corresponden en sus respectivos países, sería más difícil evadir capitales, los beneficios de la economía global se repartirían más equitativamente, disminuirían en gran medida las tremendas desigualdades sociales, se acotaría severamente la arquitectura de la desigualdad, y existirían más fondos en las arcas públicas de los Estados para reactivar la economía, para crear puestos de trabajo estables y con derechos, para garantizar los derechos humanos fundamentales, para sostener los servicios públicos básicos, para financiar las prestaciones sociales, y todo ello al mismo tiempo que el dinero criminal (procedente de actividades ilegales, ilícitas o delictivas) tendría muchas más dificultades para moverse por el mundo e instalarse en el seno de estos territorios offshore. Es cuestión, como siempre, de voluntad política. Continuaremos en siguientes entregas, abordando ya el siguiente bloque temático.