Por la senda del Pacifismo (89)

Nos quedamos en nuestra última entrega analizando los datos e informaciones de este artículo del medio "El Salmón Contracorriente", editado por el colectivo antimilitarista "Utopía Contagiosa", relativo a los fundamentos del entramado armamentístico público-privado, tal como funciona en nuestro país (y suponemos extrapolable al resto de países, al menos de nuestro entorno). Pues bien, según el esquema general que recogen los autores de la citada fuente, resultan ser cuatro los Ministerios implicados en dicho entramado, a saber: Ministerio de Defensa (a través de organismos autónomos y empresas mercantiles), Ministerio de Hacienda (a través del CDTI o Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y la SEPI o Sociedad Española de Participaciones Industriales), Ministerio de Industria (a través de los PEA's o Planes Especiales de Armamento, los créditos a interés 0 y los presupuestos para I+D+i), y el Ministerio de Economía (a través de la deuda militar, los Presupuestos Generales del Estado, el sobregasto militar, el comercio de armas, y los créditos al ICO o Instituto de Crédito Oficial). Por su parte, y desde el mundo privado, las principales empresas españolas implicadas en el complejo militar-industrial son Hispasat, Indra, Instalaza, Navantia, Izar, Airbus o Alestis, entre otras. Por supuesto, la casta política apoya sin fisuras la existencia de este entramado militar-industrial, y usan sobre todo la coartada cómplice y manida de la "política de Estado" y la consabida "responsabilidad" a la hora de apoyar, mantener y aumentar los presupuestos para todo esta peligrosa trama. 

La Comisión Parlamentaria de Defensa no suele ejercer ningún control político sobre los presupuestos en esta materia, ni plantear propuestas alternativas. El bipartidismo (PP-PSOE) es el responsable de haber creado y mantenido todo este entramado, ante el cual es hora de rebelarnos activa y profundamente. Porque como explican desde Utopía Contagiosa: "Existen, sin embargo, capacidades desde la sociedad más que suficientes para enarbolar una verdadera agenda de cambios sociales y políticos basados en la idea de desmilitarizar la defensa y de ejercer una defensa social y de la seguridad humana transfiriendo el enorme gasto destinado al militarismo a otras necesidades sociales y transformando los actuales modelos de defensa hacia una defensa de la seguridad humana: quitar poder a lo militar y dotarnos en paralelo de una defensa alternativa". Pero lógicamente, el poder del entramado industrial-militar-tecnológico que estamos describiendo es tal, que enfrentarse a él en estos términos es una tarea harto difícil. No obstante, si de verdad estamos convencidos como sociedad de que debemos tomar la senda del pacifismo, es absolutamente necesario elegir representantes políticos que posean la voluntad política necesaria como para desarmar todo este complejo. Y si no existieran dichas fuerzas políticas, es nuestra obligación moral como sociedad empujar en dicha dirección, a través de todo tipo de movilizaciones, asociaciones, organizaciones, colectivos y acciones de todo tipo, encaminadas a forzar a los Gobiernos a tomar decisiones en este sentido. Y precisamente, la desobediencia civil de las campañas de objeción fiscal militar (de las que hablaremos en su momento más a fondo) siguen siendo un referente de lucha social contra el gasto militar que puede dar muy buenos frutos. 

Porque la realidad es ciertamente desoladora en lo relativo al gasto militar y al comercio de armas en nuestro país. En diciembre de 2016, Carlos del Castillo redactó este artículo para el medio Publico titulando que "Las exportaciones de armas españolas se multiplican un 400% desde 2006". Según el autor, en el año 2015 se batió el récord de autorizaciones, con 10.000 millones de euros. Arabia Saudí continúa siendo el principal socio de la industria militar española (546 millones de euros), a pesar de que existen pruebas evidentes de que el armamento que España le vende acaba siendo usado en las sangrientas guerras de Siria y Yemen, ésta última muy silenciada, pero incluso más devastadora que aquélla. El autor se basa en datos del informe "Exportaciones españolas de armamento 2006-2015", elaborado por el Centre Dèlas con estadísticas oficiales. En dicho informe se afirma que el 24,5% de nuestras exportaciones de armas van a parar al polvorín en el que se ha convertido Oriente Medio, contribuyendo por tanto a una mayor inestabilidad en la zona. Durante la última década, las exportaciones de armas españolas se han incrementado hasta representar un 4,4% del total de las exportaciones mundiales, y el 1,5% del total de la balanza comercial española. Los autores del informe llegan a afirmar que "estas exportaciones pueden considerarse ilegales si nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas debido a la situación de inestabilidad existente en la región de Oriente Medio". A nivel internacional, sólo las grandes potencias exportadoras superan a España en ventas de armas, como son Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, China y Reino Unido. Detrás estamos nosotros. Un triste honor y un terrible ránking. 

Y ello es así porque la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa, prohíbe expresamente la concesión de licencias de exportación de armas cuando éstas "puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y a la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos". Esta es la ley, y la incumplen sistemáticamente los mismos que se llenan la boca con ella cuando algo va en contra de sus intereses, tal como pasa con este tema del comercio de armas, con la ley de la memoria histórica, o con el soberanismo catalán, entre otros muchos ejemplos que se pueden citar. Para los actuales gobernantes, la ley no tiene ningún significado, es sólo un instrumento al servicio de sus propios intereses. La invocan descaradamente, cuando son los primeros que la incumplen sistemáticamente. Se aferran a ella como una lapa cuando la ley viene a salvarles el cuello, pero la desprecian cuando no defiende sus intereses. Por eso desprecian el pacifismo, y jalean nuestra participación cada vez más activa en la OTAN y en cuantos foros internacionales concurran los intereses dominantes. Así que ahí está nuestra actual Ministra de Defensa, lanzando elocuentes discursos en favor de la "seguridad", pero comprometida a aumentar nuestros gastos en Defensa, tal y como ha reconocido en numerosas ocasiones.

De hecho, como explicaba Marcos Pinheiro para eldiario.es en este artículo, Defensa ha disparado su presupuesto un 32% debido al gasto en armamento. El autor ofrece algunos datos y detalles que vamos a comentar a continuación. La inversión real que no depende de créditos ha pasado de 404 millones de euros en 2016 a 2.190 millones para el pasado año 2017. Un motivo para ello ha sido que el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a incorporar los PEA's (Programas Especiales de Armamento, que hasta ahora se pagaban con créditos extraordinarios) fuera del presupuesto. Estos programas suponían a la fecha la friolera de 1.818 millones de euros, y como decimos, se abonaban anteriormente con créditos extraordinarios aprobados por la vía del Real Decreto-Ley, pero el Tribunal Constitucional prohibió esta práctica, porque como sabemos, está reservada a los casos de urgencia o especial gravedad o excepcionalidad. El presupuesto de Defensa pasó entonces de 5.734 millones de euros en 2016, a los 7.576 millones para 2017. Este hecho supone que la inversión militar represente el 41,1% del total de la inversión real del Estado, que para el año 2017 ascendió a 5.330 millones de euros, aumentando un 46,8% respecto al año anterior. Y es que los pagos a la industria armamentística, como recoge el autor del citado artículo, tienen hipotecado al Gobierno al menos hasta el año 2030. Estos PEA's son un instrumento inaugurado por el ex Ministro de Defensa Pedro Morenés (personaje al que nos hemos referido en numerosos artículos como paradigma de las puertas giratorias en el ámbito de la defensa) cuando ostentaba el cargo de Secretario de Estado de Defensa (período 1996-2000, coincidiendo con la primera legislatura de José María Aznar), destinados típicamente a la adquisición de submarinos, aviones, carros de combate, fragatas o armamento pesado. En total, esos programas "especiales" ascienden a 30.000 millones de euros, y aún restan por pagar algo más de 20.000 millones. De media, cada año, deben abonarse unos 1.350 millones de euros. Continuaremos en siguientes entregas.