Arquitectura de la Desigualdad (79)

En la introducción al libro "La empresa criminal", sus autores, Steve Tombs y David Whyte, exponen: "Una de las razones por las que hemos escrito este libro era mostrar que el crimen corporativo está en todas partes. En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento. Todas acaban poniendo el beneficio por delante de la salud humana o el interés general. Queremos mostrar que esta dinámica no es solo un resultado desafortunado de las decisiones tomadas en una sala de juntas o del error de un inversor "codicioso". El impulso a delinquir y causar daño a expensas de la corporación está en el ADN de las estructuras políticas y jurídicas que dan vida a la corporación. Recorremos la historia de esas estructuras para explicar que la corporación (esa forma de propiedad que fue ganando importancia social desde principios del siglo XIX) nació como mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños humanos que produzca". Así de claro. La corporación fue concebida en su época fundacional como una "persona" idealizada (de hecho, se habla en la jerga legal de "persona jurídica" para referirse a ellas), con su propia identidad, con capacidad de poseer propiedades y poder reclamar "derechos" hasta entonces reservados a algunas personas físicas. Y es este mismo proceso el que permite atribuirle también a la empresa ciertas formas de falsa racionalidad, incluida la supuesta capacidad de poder comportarse de modo "responsable" y "ético". 

Pero no nos engañemos. La supuesta independencia de las grandes corporaciones con respecto a los Estados no es tal. La historia está plagada de casos donde estos mega actores económicos han reclamado al Estado correspondiente (o a algún organismo internacional competente creado precisamente para estas labores) toda suerte de "rescates" (en realidad, para sus directivos) cuando las cuentas y los balances contables no han alcanzado las expectativas deseadas, o bien cuando la corporación en cuestión ha amenazado con hundirse en la quiebra. Pero mientras estas situaciones no llegan, las grandes empresas se envalentonan cada día más, y los dogmas neoliberales que las apoyan declaran abiertamente que las decisiones empresariales no deben ser asunto público, sino que deben dejarse en manos de las partes directamente involucradas en la compra-venta de los bienes, productos o servicios implicados. Desde la perspectiva de las empresas, los consumidores son "libres" para decidir adquirir dichos productos, y las posibles injerencias de los Gobiernos no son deseables. Y efectivamente, esta es la tendencia desde hace varias décadas. Pero claro, después estallan los fraudes masivos, las estafas, las quiebras, el hundimiento de los valores, y en los casos más graves, la destrucción de vidas humanas, de animales o del medio ambiente. La supuesta "libertad" de los consumidores, usuarios, trabajadores o clientes no es tal, ya que las empresas evitan activamente que todos ellos cuenten con toda la información para tomar sus propias decisiones. 

Pero el asunto llega a más, porque las corporaciones (con el auspicio, connivencia o complicidad de los gobiernos y sus leyes) no sólo cometen delitos, sino que además mienten sobre esos delitos y luego encubren sus mentiras. Véase por ejemplo el reciente caso del engaño de VolskWagen sobre el nivel de emisiones contaminantes de sus motores diésel. Las grandes corporaciones son uno de los peores cánceres de nuestro tiempo. Violan las leyes de forma calculada y estructural a su modus operandi. Y además son entes que no pueden reformarse, pues hacerlo iría en contra de su propia naturaleza como agentes de la propia evolución irracional del capitalismo. Por tanto, para abolir a este nivel la arquitectura de la desigualdad habrá que encontrar una forma de frenar el poder político y económico de las grandes corporaciones, muchas de ellas hoy día más poderosas que algunos Estados. Los autores del texto antes citado concluyen su introducción en los siguientes términos: "La tarea política más acuciante de nuestro tiempo es la abolición de la corporación y de los fundamentos económicos, políticos y jurídicos que la sostienen. De no lograrlo, las corporaciones seguirán engañando, mintiendo, robando, mutilando, matando y envenenando hasta extinguirnos". No se trata de ninguna profecía bíblica, está en nuestras manos evitarlo. Pero continuemos explicándolo: en este artículo para el medio La Marea, Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, dos de los más grandes expertos mundiales en el tema, nos exponen las que según ellos son las diez claves para entender las leyes del mercado, o como ellos las bautizan, la "Lex Mercatoria". De entrada, afirman que las normas corporativas globales están diseñadas a imagen y semejanza de los lobbies (grupos de poder e influencia) transnacionales, es decir, son normas para ricos. Vamos a exponerlas con calma, basándonos en el artículo de referencia de dichos autores. 

En primer lugar, los derechos de las empresas transnacionales se protegen hoy día por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Es decir, los actores implicados poseen tanto poder que las hacen respetar de forma enérgica. Pero resulta que dicho ordenamiento jurídico global (como producto de la globalización neoliberal que padecemos) no está para nada preocupado por los derechos humanos, de los animales o de la propia naturaleza. Sólo le preocupan los beneficios que las empresas puedan obtener. Este ordenamiento jurídico se basa en los contratos firmados por las grandes corporaciones, en las normas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el sistema de solución de controversias de la OMC, los tribunales arbitrales privados, etc. Pongamos un ejemplo reciente muy ilustrativo sobre la capacidad y la reacción de estas grandes empresas cuando los gobiernos adoptan decisiones legítimas para beneficio de su ciudadanía: cuando en el año 2012 el gobierno argentino nacionalizó IPF, la filial de Repsol implicada puso en marcha la arquitectura de la impunidad: alegando el contrato firmado, la petrolera ejerció acciones legales ante los tribunales nacionales, interpuso un recurso ante el CIADI (tribunal de arbitraje privado internacional dependiente del Banco Mundial) en base al Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones entre Argentina y España, presentó (junto a una firma financiera estadounidense) una demanda colectiva en Nueva York contra la República Argentina por la expropiación, interpuso una demanda mercantil en Madrid por competencia desleal, y además, se benefició de toda la presión política, económica, mediática y diplomática ejercida por el Estado Español y la Unión Europea, ya que estaban (según dichas corrientes de opinión) maltratando a una "empresa española" (haciendo un llamamiento a la vena patriótica de la opinión pública).

Traslademos dicho acto al ámbito de los trabajadores, y preguntémonos: ¿es que acaso algún despido colectivo de alguna plantilla de trabajadores a nivel mundial ha generado alguna vez una reacción tan poderosa? ¿No son igualmente importantes los intereses de los colectivos de trabajadores que los de su empresa? ¿Qué conclusión sacamos entonces? Es fácil: la arquitectura legal que sostiene y defiende a las corporaciones es infinitamente más potente que la defiende a los trabajadores, lo cual vuelve a consagrar (siempre regresamos al mismo punto) la arquitectura de la desigualdad. Si existiera una arquitectura para la igualdad, los intereses de los trabajadores podrían y deberían ser defendidos con la misma fuerza y poder que los de sus empresas, pero esto no ocurre jamás. Simplemente, porque la globalización neoliberal ha creado superestructuras legales que atienden únicamente a los intereses empresariales, ignorando los de sus trabajadores, y a los derechos humanos en general. Y además es un proceso que continúa su evolución imparable, porque no contentos con los marcos legales de actuación y la existencia de los Organismos Internacionales que velan por sus intereses, las grandes corporaciones están contraatacando con nuevas hornadas de lo que eufemísticamente se han denominado "Tratados de Libre Comercio" (véase la reciente serie de artículos que hemos dedicado a ellos), auténticos instrumentos políticos al servicio exclusivo de las grandes corporaciones, que eliminan todos los "obstáculos" al desarrollo de sus objetivos, extensiones y beneficios. Continuaremos en siguientes entregas.