Arquitectura de la Desigualdad (81)

Como estamos viendo en este bloque temático, que apenas hemos introducido, regular a las empresas se ha convertido en un desafío global para poder revertir la arquitectura de la desigualdad, y defender de esta forma los derechos humanos. La tendencia hacia la que nos lleva esta arquitectura de la desigualdad laboral es hacia una mayor desregulación de los mercados, y una aberrante mercantilización del trabajo humano, que ahora se ha convertido en "empleo", al cual se le ha despojado de todas las características propias que le conferían una mínima dignidad. La tendencia es hacia la precarización absoluta del mundo laboral, lo cual se manifiesta en bajos salarios, escasa o nula protección social, muy alta temporalidad, y una inestabilidad general que imposibilita cualquier proyecto de vida mínimamente digno. Mientras, los beneficios empresariales crecen de forma exponencial, y las normas que regulan sus actividades se vuelven cada vez más laxas. La única solución a esta peligrosa deriva es poner fin (o al menos recortar) el enorme poder corporativo, desmantelar su inmenso grado de influencia, y diseñar mecanismos para intentar establecer marcos normativos que las empresas tengan que obedecer globalmente. Básicamente, de lo que se trata es de crear normas que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos de forma íntegra. La lucha es difícil en este ámbito, ya que durante los últimos 40 años, en el seno de las Naciones Unidas, no han dejado de proponerse mecanismos legales para que este organismo apruebe normas internacionales de carácter vinculante para las grandes corporaciones. 

Como nos cuentan Erika González, Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta en este reciente artículo, el primer intento en dicha línea se presentó en la década de los años 70 del siglo pasado, con el encargo de elaborar un código de conducta obligatorio para estas compañías, y la creación de instancias que tenían por objeto el seguimiento de sus actividades. Veinte años después no había ni código ni instancias. Todo fue desmantelado por las presiones y la oposición de las potencias económicas y los lobbies empresariales más potentes, como la Cámara Internacional de Comercio o la Organización Internacional de Empleadores. En su lugar, la ONU creó el Global Compact, basados en códigos voluntarios de conducta. En cuanto a países concretos, destaca la negativa permanente de Estados Unidos, que se ha negado sistemáticamente a reconocer cualquier votación que aprobara mecanismos para el control de las actividades empresariales. Y por supuesto, los países de la Unión Europea tampoco están por la labor. Los autores del artículo de referencia vislumbran un duro camino, aunque dibujan la senda de las alternativas y posibilidades: "La apuesta, entonces, puede dirigirse a seguir potenciando lógicas contrahegemónicas en lo local, regional, nacional y global. Algunos buenos ejemplos en este sentido son las alianzas frente a los acuerdos y tratados de comercio e inversiones, frente a las privatizaciones y por la remunicipalización de los servicios públicos, el apoyo a la huelga global de las mujeres y la lucha contra la Organización Mundial del Comercio. Todo ello, sin renunciar a la aprobación de normas internacionales de carácter obligatorio". 

Hay que fortalecer el potencial del Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, poner límites al enriquecimiento de las élites económicas (esto requiere a su vez actuar en varios frentes alternativos), y resquebrajar el poder de la aplicación de los tratados de libre comercio, y demás normas de comercio e inversiones. Pero frente a todo ello, frente a cualquier avance en este sentido, nos encontramos siempre con el enorme poderío de las grandes empresas transnacionales, muchas de las cuales manejan unos beneficios superiores al PIB de algunos Estados. Una idea fuerza que puede dar muy buen resultado es introducir cláusulas de control en los contratos que las empresas firmen con las Administraciones Públicas (a cualquier nivel), obligando en cierta forma a que éstas den garantías de un trato respetuoso con los derechos laborales, con el medio ambiente, incluso previendo la posible cancelación de los contratos cuando las compañías vulneren dicho comportamiento. La senda es fortalecer el discurso social, difundirlo por todas las vías posibles, canalizar por la vía institucional el recorte del poder empresarial, y crear leyes, convenios, normas y acuerdos a través de los cuales podamos controlar con más garantías el perverso funcionamiento de las grandes empresas. En una palabra: acabar con el nuevo imperialismo que representan estas élites económicas, a las que parece que nadie detiene. Ambos conceptos van de la mano, pues es un hecho demostrado que cuanta más riqueza se posee, más poder se necesita para su protección, defensa y ampliación. Recomiendo a los lectores y lectoras que no la hayan seguido, la consulta al primer bloque temático de esta serie (los primeros artículos de la misma), donde hablamos extensa y profundamente sobre los ricos y su poder. 

Jesús González Pazos lo ha explicado brillantemente en este artículo para el medio digital Rebelion.org: "...lo que señalan muchos indicadores es que la hegemonía y el control del poder ya no necesariamente se basan en el dominio territorial directo según el modelo tradicional. Al contrario, el eje central hoy sería la acumulación y concentración de poder en manos de quienes ya disponen de una insultante acumulación de capital, es decir, en las élites económicas, y esto indistintamente de su adscripción estatal, nacional o identitaria". Y así, lo importante hoy día es la concentración de riqueza en manos de poderosas empresas transnacionales de toda índole (bancarias, financieras, extractivas, de seguros, de construcción, farmacéuticas, químicas, etc.) que, desde sus respectivos Consejos de Administración (sus élites), definirán las políticas, las directrices económicas, los intereses de desarrollo, las reformas legales preferidas, etc., hasta condicionar la vida de millones de personas por todo el mundo, además de la del propio planeta en que habitamos. Es quizá la forma más extrema e insultante de la arquitectura de la desigualdad. Por todos es sabido hasta qué punto un número muy reducido de empresas transnacionales controlan hoy día la economía mundial, dictan sus prioridades y evolución, diseñan y protagonizan los más grandes foros económicos, y están presentes en los principales centros de decisión y de poder. Y por supuesto, estas mismas empresas son las que explotan y precarizan más a sus trabajadores y trabajadoras, las que más violan las leyes internacionales, las que más desprecian los derechos humanos, las que más destruyen el medio ambiente, y las que más crímenes económicos cometen. ¿Alguien da más? Desigualdad en estado puro. 

Y por otra parte, no nos engañemos: es innegable el paralelismo que se viene dando desde los últimos años acá entre la pérdida de soberanía de los Estados (es decir, el deterioro de la democracia) y el aumento del poder de estas grandes corporaciones. Tomando de nuevo las palabras de González Pazos: "Así hoy las grandes decisiones que se necesitan y urge tomar, como acuerdos contra el cambio climático o garantías sobre la sostenibilidad de la vida, pasando por el devenir de las guerras o los procesos de empobrecimiento de millones de personas, deben atravesar primero por el tamiz oculto de los Consejos de Administración de las grandes empresas que deciden hasta dónde se puede llegar en las principales leyes nacionales o en los acuerdos y tratados internacionales sin poner en grave riesgo sus objetivos, principios y beneficios". Para conseguir este fin, otra valiosa estrategia que utilizan estos gigantes económicos es poner de su lado a los serviles gobernantes, que en lugar de representar a sus pueblos y al conjunto de su sociedad civil, se convierten en auténticos vasallos al servicio de estas corporaciones. De esta forma, lo típico actualmente es encontrarse con políticos que dicen defender y proclamar el interés general en sus elocuentes discursos públicos, mientras a la hora de la verdad se alinean con los intereses de sus grandes empresas. Y una manifestación palpable de todo ello son los continuos procesos de privatización de servicios y bienes públicos que estos gobernantes ponen en marcha, para favorecer los intereses de sus grandes aliados empresariales. Por último, este nuevo imperialismo de las élites económicas también está detrás de las deudas de los Estados, de los Golpes de Estado llamados "blandos" (como los ocurridos en diversas variantes en Honduras, Paraguay, Brasil, etc.), y de la destrucción de los recursos naturales que destrozan la vida de comunidades indígenas, o que destruyen la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Continuaremos en siguientes entregas.