Por un Proceso Constituyente (35)

En efecto, no están dispuestos a una República verdaderamente social, solidaria y participativa, porque eso, evidentemente, pone en cuestión los privilegios de los más poderosos. Históricamente, el movimiento obrero ha sido vanguardia en la lucha por los derechos sociales y nacionales en este país, y hoy día debe volver a serlo. Frente a su idea de España excluyente, autoritaria, uninacional y monárquica, oponemos nuestra idea de España, incluyente, multicultural, solidaria, participativa, laica, democrática, plurinacional y republicana. En este sentido, la República Federal y el derecho a la autodeterminación de los pueblos son las respuestas a la diversidad y a las cuestiones nacionales, garantías de defensa de sus identidades, sus lenguas y sus culturas. Pero todo ello, como decimos, pone en peligro la tan cacareada "unidad de España", falacia tras la cual esconden la defensa de sus privilegios de clase. El federalismo hace posible una profundización de la democracia, incrementando la participación. Autogobierno, cooperación y solidaridad interterritorial son la base de la preservación de la convivencia pacífica y de la armonía entre nuestros pueblos, dentro de un marco voluntario de adhesión al Estado Español, y no como una solución impuesta. La unidad de la clase obrera no se construye en base a su uniformidad, sino al reconocimiento de sus identidades y riquezas culturales. La pluralidad de pueblos de España podemos aspirar a convivir voluntariamente dentro de un mismo Estado, pero reclamando para cada uno de ellos el nivel máximo de soberanía, en respeto a su cultura, costumbres y tradiciones. 

Por su parte, los asuntos que tienen que ver con la intervención pública de la economía, y con la planificación democrática de la misma, son absolutamente imprescindibles para poder recuperar unos niveles de vida dignos para el conjunto de la clase trabajadora. Alejandro Martínez afirma en su artículo de referencia: "No hay alternativa de país sin alternativa económica". Y tal como él defiende y expresa magníficamente, hay que politizar la economía, y ello porque, como tantas veces hemos explicado en otros artículos de este Blog, la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. Detrás de las tesis y explicaciones de los economistas siempre hay intereses de clase que se defienden, lo cual nos demuestra tajantemente que la economía no es una ciencia técnica e imparcial, sino parcial, social y política. Por ello, reclamamos abiertamente que dejen de tomarnos por idiotas cuando se nos argumentan flagrantes mentiras como que "No hay dinero" para pagar por ejemplo una Renta Básica, cuando se destinan miles de millones de euros a los rescates bancarios, a la Casa Real, a financiar a la Iglesia Católica, o a aumentar los presupuestos de Defensa, entre otras injusticias y aberraciones. Nuestro modelo económico, el que pretendemos plantear durante el Proceso Constituyente, es el que defiende radicalmente el rescate y la protección a las personas. Debemos debatir colectivamente un plan concreto con objetivos de desarrollo político y social. Debemos delimitar un plan de reindustrialización del país para asentar las bases objetivas que permitan el bienestar colectivo. Hay que devolver al ámbito público las grandes empresas de los sectores estratégicos de la economía, para conseguir que dejen de estar bajo la óptica de la mercantilización (viéndonos como clientes o consumidores) y pasen a la óptica de los derechos fundamentales y de los servicios públicos (viéndonos como ciudadanos con derechos y como bienes públicos).

Las transformaciones económicas deben afectar por tanto a los sectores del desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones, la banca, los seguros, los transportes, la alimentación, el agua, la energía, y un largo etcétera. Debemos enfrentarnos abiertamente al inmenso dominio de "los mercados", detrás de los cuales se esconden los más ricos y poderosos, así como sus empresas y sus ingenierías fiscales. Un modelo económico centrado en las personas no puede estar sujeto a los vaivenes del mercado, a las crisis cíclicas, a la inestabilidad laboral, a los bajos salarios, y a bajos niveles de protección social. Un modelo económico centrado en las personas debe reforzar el empleo público, el trabajo garantizado (incluso en actividades no rentables económicamente), y la garantía de rentas mínimas para toda la población, de forma incondicional, universal e individual. La planificación democrática de la economía y la intervención pública del Estado son absolutamente necesarias para poder establecer un modelo económico centrado en las personas, en vez de defender el modelo de los "emprendedores" como único paradigma social y laboral. Debemos apostar por la Investigación y el Desarrollo, y por los nuevos nichos de empleo sostenibles. Debemos apoyar la ciencia y la cultura, bases fundamentales de los países verdaderamente ricos. Y sobre todo, debemos aumentar significativamente los recursos, la potencia y la cobertura de nuestro Estado del Bienestar, fomentando no sólo los servicios públicos básicos como la Educación o la Sanidad, sino el resto de Servicios Sociales, la Ayuda a la Dependencia, los Centros de Mayores, las Escuelas Infantiles (de 0 a 3 años), etc. 

Y así, el Proceso Constituyente debe disputar, proyectar, diseñar y construir el nuevo país que soñamos. No queremos parches. No queremos reformas. No queremos falsos eslóganes. No queremos otra Transición. Queremos un cambio global para que nada siga igual. Llevamos más de 80 años de retraso. Ya viene siendo hora. Quejarse de nuestro país en la barra de un bar o en una tertulia familiar, sin plantear y luchar por un proyecto alternativo, sólo conduce a la resignación, a la apatía y al derrotismo. No enfrentarse radicalmente a los problemas, o diseñar soluciones parciales o temporales no sólo no soluciona nada, sino que continúa alimentando los tabúes, los mitos y las falacias. Alejandro Martínez lo explica de esta forma: "Intentar aplicar soluciones fáciles, no dolorosas o ilusiones inviables por no ser antisistémicas en un momento en que el sistema es irreformable conduce a frustraciones, a la sensación del TINA (no hay alternativa) y esto allana el camino a derivas tecnócratas y fascistizantes". Es justo lo que está ocurriendo en muchos países, algunos de ellos de nuestro entorno europeo. Y las instituciones europeas, que son la expresión de la dictadura del capital sobre la clase obrera y los pueblos, los tildan de "euroescépticos" o de "populistas", cuando simplemente están expresando el rechazo al actual sistema, pero sin diseñar alternativas correctas. El sentido de las políticas de estas instituciones europeas ha sido muy bien explicado por Miguel Ángel Montes en este artículo para el medio digital Rebelion.org. Destaco sus palabras: "El objeto de estas políticas actuales no es otro que pagar con dinero público la deuda que el capital ha generado, obligando por ley a las distintas administraciones locales, autonómicas y estatales a reducir el gasto público social por habitante que ya venía cayendo de forma estrepitosa desde el tratado de Maastricht (1993), y hacer cumplir el déficit público que ordena la troika (FMI, BCE y Consejo de la UE), poderes antidemocráticos que derogan las conquistas sociales y derechos de los trabajadores contemplados en las constituciones nacionales, e impulsan el desarrollo desigual obedeciendo la lógica del capitalismo que arrastra a países y regiones enteras de la UE a la máxima pobreza, y permite la deslocalización de empleos condenando a los trabajadores a competir vendiendo más barata su fuerza de trabajo para sobrevivir". 

El Proceso Constituyente debe poner en solfa todo este planteamiento, debe declarar abiertamente la desobediencia a los indecentes Tratados de la UE, recuperando la necesaria soberanía para poder tomar las decisiones oportunas que nos separen de esta perversa dinámica capitalista y neoliberal. Con ello podremos ir renunciando a las diversas leyes que nos han impuesto una desalmada "austeridad" a las clases populares, que únicamente sirven para llenar los bolsillos del gran capital, expropiando las rentas salariales. Sólo así será posible recuperar el derecho al trabajo, a las pensiones, a la enseñanza pública de calidad, a las prestaciones sociales (por desempleo, dependencia, etc.), a la vivienda, etc., es decir, podremos construir un contexto político y social garantista en cuanto a los derechos humanos fundamentales, así como devolver las libertades públicas básicas, que también se han ido pisoteando poco a poco por los actuales gobernantes. La libertad de expresión en toda su dimensión y manifestaciones ha de ser recuperada, ya que la disidencia política, cívica y social son derechos fundamentales a ejercer por la ciudadanía. Nuestra soberanía se encuentra limitada e intervenida, a todos los niveles, y es preciso recuperarla. El Proceso Constituyente debe definir los mecanismos para conseguirlo, mediante un programa rupturista que aglutine a todas las fuerzas políticas y sociales de la izquierda, en torno a un programa planificado, claro y concreto. En la lucha de clases y de ideas no existen atajos, tal como afirma Miguel Ángel Montes. Así que sólo la superación total del actual contexto político y social y la renuncia a los parámetros actuales de la lógica neoliberal, capitalista e imperialista nos podrán sacar del pozo pestilente donde nos encontramos. Continuaremos en siguientes entregas.